Etiqueta: Rosario Murillo

  • EE.UU. exige a Nicaragua la liberación inmediata de «todos los presos políticos»

    EE.UU. exige a Nicaragua la liberación inmediata de «todos los presos políticos»

    Estados Unidos exigió este viernes al Gobierno de Nicaragua que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, al que tildó de «dictadura», la liberación inmediata de «todos los presos políticos», que, según organismos, son al menos 62, y advirtió que los «están vigilando».

    «En estas fiestas, demasiados nicaragüenses verán en sus mesas asientos vacíos donde deberían estar sus seres queridos, mujeres y hombres detenidos injustamente o desaparecidos arbitrariamente por la dictadura Murillo-Ortega», criticó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos a través de su cuenta en X.

    «Su dolor e incertidumbre son un recordatorio diario de la inhumanidad del régimen. Liberen ya a todos los presos políticos nicaragüenses. Los Estados Unidos están vigilando», demandó esa oficina adscrita al Departamento de Estado.

    Al menos 62 opositores y críticos con el Gobierno de Nicaragua siguen en las cárceles de ese país, incluidos 18 adultos mayores y 28 en condición de «desaparición forzada», denunció en la víspera el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

    Entre los privados de libertad se encuentran el excomandante de la revolución sandinista Henry Ruiz, confinado en su casa por la Policía de Nicaragua desde el 8 de marzo pasado, así como el antiguo asesor de Ortega y general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero.

    También los dirigentes indígenas Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez, que forman parte de los 18 adultos mayores, y los militares en retiro Carlos Brenes, Víctor Boitano, Aníbal Rivas Reed y Eddie Moisés González Valdivia, entre otros.

    El mensaje de la oficina adscrita al Departamento de Estado, que en el pasado ha condenado el encarcelamiento de disidentes y guardabosques comunitarios en Nicaragua, ocurre una semana después de que el presidente Donald Trump asegurara que el país centroamericano, al igual que Cuba y Venezuela, ha sido tomada por «narcoterroristas».

    Trump hizo esa afirmación el viernes pasado en su red social Truth Social en donde anunció que indultaría al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado en 2024 en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico y armas, incluyendo haber recibido dinero del capo mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

    Actualmente el Gobierno de EE.UU. evalúa imponer una subida del 100 % de aranceles a Nicaragua y su posible expulsión del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta, en inglés), tras determinar que el país centroamericano mantiene políticas «irrazonables» de derechos humanos y laborales que obstaculizan el comercio estadounidense.

    En febrero pasado, el secretario de Estado Marco Rubio tildó a Nicaragua, junto a Cuba y Venezuela, de «enemigos de la humanidad», y que el Gobierno sandinista «se ha convertido en una dinastía de familia con una copresidencia (Rosario Murillo, la esposa de Ortega) donde básicamente han tratado de eliminar la iglesia Católica, todo lo religioso y todo lo que pueda amenazar el poder a ese régimen».

  • En Nicaragua aún quedan 62 presos políticos, dice organismo avalado por la CIDH

    En Nicaragua aún quedan 62 presos políticos, dice organismo avalado por la CIDH

    Al menos 62 opositores y críticos con el Gobierno de Nicaragua, que dirigen los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, siguen en las cárceles de ese país, incluidos 18 adultos mayores, denunció este jueves el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

    En Nicaragua hay actualmente 62 personas detenidas por motivaciones políticas, de las cuales 28 permanecen en condición de desaparición forzada, indicó en un informe ese mecanismo, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

    «La desaparición forzada sigue siendo una de las violaciones más graves: 28 personas continúan sin ubicación y sus familias enfrentan silencio, miedo y hostigamiento», advirtió esa ONG.

    De esas 62 personas privadas de libertad por razones políticas, 6 son mujeres y 56 hombres (incluyendo 10 detenidos antes de la crisis de 2018), anotó ese organismo.

    Esa cifra (62) representa una disminución respecto al reporte anterior, que contabilizaba 77 detenidos, debido a la excarcelación de al menos 18 personas y la incorporación de tres nuevos casos, explicó.

    La lista actualizada mantiene al excomandante de la revolución sandinista Henry Ruiz, confinado en su casa por la Policía de Nicaragua desde el 8 de marzo pasado, así como el antiguo asesor de Ortega y general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero.

    Ruiz, uno de los nueve comandantes sandinistas de la Dirección Nacional que ejercieron el poder durante la primera etapa del Gobierno sandinista (1979-1990), es además la persona privada de libertad con mayor edad: 81 años.

    Otros que aparecen en la lista son los dirigentes indígenas Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez, que forman parte de los 18 adultos mayores.

    También los militares en retiro Carlos Brenes, Víctor Boitano, Aníbal Rivas Reed y Eddie Moisés González Valdivia, entre otros.

    El Mecanismo, que está conformado por organizaciones de derechos humanos, de familiares de personas presas y excarceladas políticas, abogados, así como también de espacios de documentación y redes de activistas territoriales y digitales, ha advertido de que el número real de detenidos puede ser mayor debido a que hay familiares que no denuncian los casos por temor.

    Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

    Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de «golpistas» y «traición a la patria».

  • Nicaragua da otras seis licencias a mineras chinas y suman casi 800,000 hectáreas

    Nicaragua da otras seis licencias a mineras chinas y suman casi 800,000 hectáreas

    El Gobierno de Nicaragua autorizó el miércoles seis nuevas concesiones mineras a cielo abierto a la firma china Brother Metal S.A., que abarcan una superficie de 71,264.59 hectáreas en el departamento de Nueva Segovia, fronterizo con Honduras, según informó el Diario Oficial La Gaceta.

    Estas licencias fueron transferidas desde la empresa El Porvenir Murra S.A. a Brother Metal S.A., representada en Nicaragua por el ciudadano chino Xiaocun Bao, de acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas. Con este nuevo paquete, la firma asiática suma un total de 205,811 hectáreas en concesiones, consolidándose como una de las compañías extranjeras con mayor presencia minera en el país.

    En los últimos dos años, el Ejecutivo de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha entregado casi 40 títulos mineros a compañías chinas, que suman cerca de 800,000 hectáreas, incluyendo áreas dentro de la Reserva de la Biosfera del Río San Juan, lo que ha encendido alarmas entre organizaciones ambientalistas y defensores de comunidades indígenas.

    La Fundación del Río advirtió que estas concesiones violan la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas. “Con la aprobación de la Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible se derogó el decreto que regulaba las zonas protegidas”, señaló la ONG, dirigida por el ambientalista desnacionalizado Amaru Ruiz. Además, denunció que se está “legalizando” la minería artesanal ilegal en zonas protegidas como la Reserva del Río San Juan.

    La Plataforma de Unidad por la Democracia (Pude), integrada por opositores nicaragüenses en el exilio, calificó la entrega de tierras a compañías chinas como un “ecocidio” y exigió la anulación inmediata de las licencias otorgadas.

    Datos oficiales indican que, hasta finales de 2023, Nicaragua había otorgado un total de 299 concesiones mineras, 172 de ellas para minería metálica y 127 para minería no metálica. Las exportaciones del sector alcanzaron $1,391.6 millones en 2024, lo que representó un aumento del 20.1 % respecto al año anterior, según el Banco Central de Nicaragua.

  • Cinco magistrados han renunciado a la Corte Suprema de Nicaragua en una semana

    Cinco magistrados han renunciado a la Corte Suprema de Nicaragua en una semana

    La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua (CSJ) continúa desmoronándose institucionalmente tras la renuncia de cinco magistrados en una semana, tres de ellos este martes: Armengol Cuadra, Virgilio Gurdián y Manuel Martínez, quienes argumentaron motivos de salud o edad avanzada para abandonar el cargo, según informó la Asamblea Nacional.

    Las dimisiones de esta semana se suman a las de Yadira Centeno y Ellen Lewin, presentadas días antes por razones similares, y que fueron aceptadas de forma expedita por el pleno del Parlamento, controlado por el oficialismo.

    Con estas salidas, la CSJ queda integrada por solo 5 magistrados de los 16 que originalmente la conformaban. Desde 2019, tras el estallido de la crisis sociopolítica en el país, nueve jueces han renunciado y dos han fallecido, profundizando la inestabilidad del Poder Judicial.

    El presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista Gustavo Porras, presentó ya una lista de cinco nuevos candidatos para ocupar las vacantes, entre ellos, Ana Julia Guido, actual fiscal general y exsubdirectora de la Policía Nacional. Guido es conocida por su cercanía al círculo de poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

    También figuran Octavio Rothschuh y Ernesto Rodríguez, magistrados de apelaciones que han sido sancionados por EE. UU. por su papel en el retiro de la nacionalidad a más de 300 opositores nicaragüenses. Completan la lista Shura Bonilyn Welcome Crawford y José Manuel Fuertes Toledo.

    Desde febrero de 2025, Nicaragua implementó una reforma constitucional profunda que redujo el número de magistrados de la CSJ de 16 a 10 y otorgó al presidente Ortega y su esposa, Rosario Murillo, la facultad de nombrar al titular de la Corte por seis años. Esta misma reforma eliminó el equilibrio de poderes y subordinó formalmente al Poder Judicial bajo el control directo del Ejecutivo.

    Críticas internacionales: ¿una dictadura constitucionalizada?

    La reforma ha sido duramente cuestionada por organismos internacionales como la ONU, la OEA, el Parlamento Europeo y por diversas organizaciones de derechos humanos. Los críticos advierten que la reforma no solo legaliza el autoritarismo, sino que también establece el control absoluto del Ejecutivo sobre el Estado, eliminando la división de poderes.

    Entre los cambios más polémicos se incluyen:

    Ampliación del período presidencial de cinco a seis años.
    Establecimiento formal de la figura de copresidencia para Rosario Murillo.
    Reconfiguración de los «poderes del Estado», que pasan a ser “órganos” coordinados directamente por el Ejecutivo.
    Legalización de la apatridia, usada como castigo contra opositores.

    La renuncia masiva de magistrados y la concentración de poder en manos de Ortega y Murillo evidencian una crisis institucional sin precedentes en Nicaragua. Mientras el oficialismo reestructura el sistema judicial a su conveniencia, la comunidad internacional observa con preocupación lo que muchos consideran una consolidación de una dictadura bajo marco legal.

     

  • Al menos 72 mujeres nicaragüenses han sido asesinadas en lo que va de 2025, según ONG

    Al menos 72 mujeres nicaragüenses han sido asesinadas en lo que va de 2025, según ONG

    Un total de 72 mujeres nicaragüenses han sido asesinadas en lo que va del 2025, tanto dentro del país como en el extranjero, según reveló este martes el informe del Observatorio Voces Contra la Violencia, impulsado por la organización feminista Católicas por el Derecho a Decidir, capítulo Nicaragua.

    Del total de crímenes, 51 ocurrieron en territorio nicaragüense, mientras que 21 se perpetraron fuera del país, siendo Costa Rica (10 casos) y Estados Unidos (7 casos) los países más señalados. La organización subrayó que «la vida de las mujeres migrantes nicaragüenses cuenta», al insistir en la visibilización de los feminicidios cometidos fuera del país.

    Según el observatorio, los principales agresores fueron las parejas actuales (24 casos), seguidos por conocidos (14) y exparejas (11). Las regiones más afectadas dentro de Nicaragua fueron Managua, con 14 víctimas, y la Costa Caribe, con 11.

    El reporte también destaca el impacto en la niñez: 41 de las mujeres asesinadas eran madres de menores de edad, dejando a un total de 88 niños y adolescentes en situación de orfandad.

    “Este 25 de noviembre una vez más exigimos que se reconozca la magnitud de esta crisis violenta contra mujeres y niñas. Basta de ocultar e invisibilizar cifras. Todas las vidas importan”, expresó la organización, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

    En el mismo periodo de 2024, se contabilizaron 76 feminicidios, lo que representa una leve disminución en términos absolutos, aunque las organizaciones advierten que la cifra continúa siendo alarmante.

    Aunque el Gobierno de Nicaragua ha reabierto las Comisarías de la Mujer y promueve campañas como la cartilla educativa “Mujer, Derechos, Leyes y Mecanismos de denuncia para la Prevención del Feminicidio”, organizaciones feministas critican la liberación anticipada de reos comunes, medida que, según denuncian, ha derivado en un aumento de los feminicidios y de la criminalidad en general.

  • Minera canadiense desiste de otras dos concesiones en Nicaragua y suman seis en una semana

    Minera canadiense desiste de otras dos concesiones en Nicaragua y suman seis en una semana

    La compañía Calibre Mining, una empresa pública de capital canadiense y que exporta oro de Nicaragua a Estados Unidos, renunció a otras dos concesiones mineras que explotaba en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe nicaragüense por «no encontrar potencial de Interés», informó este lunes el Gobierno de Managua, a través del Diario Oficial La Gaceta.

    La renuncia de esas dos concesiones mineras, que abarcaban un total de 56.357,01 hectáreas, se suman a otros cuatro permisos a los que esa firma desistió entre el jueves y viernes de la semana pasada, por un global de 178.893,76 hectáreas.

    Es decir que, en menos de una semana Calibre Mining Nicanagua, S.A., subsidiaria de la canadiense Calibre Mining Corp, y que fue la principal exportadora de oro en 2023, ha renunciado a 235.250,77 hectáreas que explotaba en el Caribe del país centroamericano.

    El desestimiento de esos permisos se da en medio de una serie de concesiones mineras que el Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha otorgado en los últimos dos años a firmas chinas por más de 800.000 hectáreas, incluida algunas en la Reserva de la Biosfera del Río San Juan.

    El Ministerio de Energía y Minas aceptó a Calibre Mining Nicaragua, S.A. la renuncia total del lote denominado Margarita, con una superficie de 48.622,76 hectáreas, ubicado en el municipio de Prinzapolka, de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, y en el municipio de La Cruz de Río Grande, de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.

    Calibre Mining también desistió del permiso sobre el lote denominado Pispis, con una superficie de 7.734,25 hectáreas, ubicado en el municipio de Bonanza, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, de acuerdo con la información.

    Según la cartera de Energía y Minas, Calibre Mining, que opera en Nicaragua desde 2009, decidió renunciar a esas otras dos concesiones «por no encontrar potencial de interés en el área, a corto y mediano plazo».

    Las superficies en mención quedarán libre de todo derecho treinta días después de la publicación de hoy en el Diario Oficial, es decir que, el Estado podrá dar permiso a otras empresas, agregó La Gaceta.

    Hasta finales de 2023, Nicaragua había otorgado 299 concesiones mineras, 172 para la minería metálica y 127 para la no metálica, según datos oficiales.

    Las exportaciones mineras de Nicaragua ascendieron a 1.391,6 millones de dólares en 2024, lo que significó un incremento del 20,1 % respecto a 2023, según el Banco Central nicaragüense.

    El oro es el principal producto de exportación nicaragüense y la empresa Calibre Mining, que genera 3.500 empleos, fue el mayor exportador en 2023, según cifras estatales.

  • El Gobierno de Nicaragua libera a 1,000 presos comunes y cifra se eleva a 8,400 este año

    El Gobierno de Nicaragua libera a 1,000 presos comunes y cifra se eleva a 8,400 este año

    El Gobierno de Nicaragua excarceló este sábado a 1,000 presos comunes con sentencia en firme para que vivan en régimen de convivencia familiar en sus hogares, con lo que suman 8,400 los liberados en lo que va de año.

    En un acto oficial, la ministra nicaragüense del Interior, María Amelia Coronel Kinloch, dijo que ese beneficio fue otorgado en ocasión del Día de Todos los Santos como «otro gesto de paz y bien» y pensando en la unidad familiar y porque el Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, cree que las personas tienen derecho «a oportunidades».

    Las autoridades de Nicaragua han liberado de prisión y puesto bajo el régimen de convivencia familiar a un total de 53,164 reos comunes en los últimos diez años, de los cuales el 7.18 % ha reincidido en la comisión de al menos un delito, según datos del Gobierno.

    La excarcelación de convictos comunes antes de cumplir sus penas ha sido criticada, principalmente, por organizaciones feministas, bajo el argumento de que luego de esos beneficios se han incrementado los feminicidios y la delincuencia general en Nicaragua.

    En 2024 las autoridades beneficiaron a 9,200 de estos condenados, la mayor cantidad en el último decenio.

    El Gobierno nicaragüense suele otorgar libertad condicional a los presos comunes con ocasión de la Semana Santa, el Día de la Madre, el Día del Padre, en el aniversario de la revolución sandinista y en las fiestas de Navidad.

    En 2024, las condonaciones incluyeron abril, mes en el que se conmemoran las manifestaciones que estallaron contra el presidente Ortega en 2018, las Fiestas Patrias, el Día de Todos los Santos, el Día de los Difuntos y el día de la Inmaculada Concepción de María.

    Y en este año liberó a 2,000 presos comunes en el día de San Valentín o del Amor y la Amistad; 1,700 el 4 de mayo por motivo del Día de la Dignidad Nacional; 1,000 en conmemoración al 130 aniversario del natalicio del héroe nicaragüense Augusto C. Sandino, 1,500 el 31 de julio previo a las fiestas populares en Managua por Santo Domingo de Guzmán; 1,200 el 12 de septiembre en el contexto de las Fiestas Patrias, y los 1,000 de ahora.

  • La dictadura de Nicaragua mantiene a 77 opositores como presos políticos, denuncia ONG

    La dictadura de Nicaragua mantiene a 77 opositores como presos políticos, denuncia ONG

    Al menos 77 personas consideradas opositoras o críticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo permanecen detenidas en Nicaragua, incluidas 22 personas adultas mayores, denunció el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en su informe más reciente.

    De acuerdo con el reporte, 36 de los 77 presos políticos están en condición de desaparición forzada, lo que implica que sus familiares desconocen su paradero o situación legal. Los datos son respaldados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

    “Las familias de las personas desaparecidas llevan meses e incluso años buscando a sus seres queridos, sin que las autoridades brinden información sobre su paradero o situación legal”, advirtió el Mecanismo.

    Entre los detenidos hay 12 mujeres y 65 hombres, incluidos 10 arrestados antes del estallido social de 2018, que marcó el inicio de la actual crisis política en Nicaragua.

    La lista incluye al excomandante de la revolución sandinista Henry Ruiz, de 81 años, quien permanece en arresto domiciliario desde el 8 de marzo, bajo custodia policial. También aparece el general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, exasesor de Ortega.

    Otros casos señalados son los de los líderes indígenas Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez, todos adultos mayores, así como militares en retiro como Carlos Brenes, Víctor Boitano, Aníbal Rivas Reed y Eddie Moisés González Valdivia, además de los periodistas Fabiola Tercero y Leo Cárcamo.

    El Mecanismo —conformado por organizaciones de derechos humanos, redes de activistas, familiares de presos y abogados— alertó que la cifra real podría ser mayor, debido a que muchas familias temen denunciar por represalias del régimen.

    Nicaragua vive una crisis política y social desde abril de 2018, agravada tras las elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, con los principales opositores encarcelados, posteriormente expulsados del país y despojados de su nacionalidad por cargos de “golpismo” y “traición a la patria”.

     

  • Economistas advierten colapso económico en Nicaragua si EEUU los excluye del CAFTA

    Economistas advierten colapso económico en Nicaragua si EEUU los excluye del CAFTA

    Economistas y analistas políticos nicaragüenses alertaron sobre un impacto “devastador” en la economía del país si el Gobierno de Estados Unidos impone aranceles del 100 % a sus productos o decide expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-Cafta).

    La advertencia surge tras un informe publicado por la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR), que plantea sanciones contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo por violaciones a derechos laborales, humanos y al Estado de Derecho. Las medidas, que serán evaluadas por la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyen la aplicación de aranceles adicionales de forma inmediata o gradual durante los próximos 12 meses.

    “El informe es sumamente serio y las consecuencias podrían ser devastadoras para la economía nicaragüense”, valoró el economista Juan Sebastián Chamorro, desnacionalizado y exiliado en Washington, en un audio enviado a medios.

    La USTR también contempla suspender o retirar los beneficios del DR-Cafta, tratado que ha sido clave para el crecimiento de las exportaciones nicaragüenses desde su entrada en vigor en 2006. En ese periodo, las ventas al mercado estadounidense, incluido el oro en bruto y productos del sector textil, se han cuadruplicado.

    Chamorro señaló que las sanciones no solo afectarán a las exportaciones, sino también a la atracción de inversiones extranjeras, ya que “cualquier empresa lo pensará dos veces antes de instalarse en un país sin acceso preferencial al mercado estadounidense”.

    Riesgo de aislamiento comercial

    El politólogo Manuel Orozco coincidió en que una confrontación con EE.UU., principal socio comercial de Nicaragua, llevaría al país al colapso.

    En un análisis publicado por Confidencial, advirtió que “muchos negocios optarán por retirarse del país” ante la posibilidad de enfrentar tarifas de hasta el 100 %, como ocurrió inicialmente con China.

    Entre las pocas opciones que tiene el régimen sandinista estaría solicitar una moratoria para aplicar cambios democráticos y levantar el perfil represivo que ha caracterizado su mandato, según Orozco. Eso incluiría una hoja de ruta que conduzca a una transición política.

    “La respuesta debería incluir medidas como la liberación de presos políticos, devolución de bienes confiscados, eliminación de la desnacionalización y acusaciones falsas, así como facilitar el retorno de nicaragüenses en el exilio sin temor a represalias”, planteó Orozco.

    También mencionó reformas profundas: la derogación de leyes represivas impuestas desde 2019, reestructuración de la Policía, reforma judicial, y adelanto de elecciones bajo garantías democráticas.

    “Los Ortega-Murillo se están arrinconando solos, y la única alternativa viable es una respuesta madura y convincente”, afirmó el analista. La otra opción sería continuar con la represión y alinear al país con China, aunque ese mercado no podría reemplazar el volumen comercial que representa Estados Unidos, advirtió.

    Plazo para comentarios y decisión final

    La USTR mantendrá abierto un periodo de comentarios públicos hasta el 19 de noviembre. Posteriormente, decidirá si ejecuta las sanciones propuestas, que tendrían efectos inmediatos sobre el comercio nicaragüense.

    En febrero pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, ya había adelantado que Washington evaluaba la salida de Nicaragua del DR-Cafta, como parte de las presiones internacionales contra el régimen de Ortega.

    Desde su adhesión al tratado, Nicaragua ha multiplicado sus exportaciones a EE.UU., por lo que su exclusión significaría un fuerte retroceso económico y un posible aislamiento comercial del país centroamericano.

     

  • EE.UU. evalúa aplicar aranceles del 100% a Nicaragua o excluirla del CAFTA por abusos de Derechos Humanos

    EE.UU. evalúa aplicar aranceles del 100% a Nicaragua o excluirla del CAFTA por abusos de Derechos Humanos

    La Casa Blanca analiza imponer nuevos aranceles a Nicaragua de hasta el 100% o excluir al país de los beneficios del Tratado de Libre Comercio  CAFTA-DR, según informó este lunes la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

    La USTR determinó que las políticas de la dictadura de Nicaragua relacionadas con la violación de derechos laborales, humanos y el desmantelamiento del estado de derecho son “irrazonables” y constituyen una carga para el comercio estadounidense, según el dictamen emitido bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

    La resolución surge tras una investigación iniciada el 10 de diciembre de 2024, cuando la USTR, con base en recomendaciones del Comité 301 y otros órganos asesores, comenzó a revisar las prácticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El proceso incluyó una audiencia pública y la recepción de más de 160 comentarios y testimonios, incluyendo evidencia de graves violaciones de derechos humanos que han sido remitidas al Departamento de Estado para su evaluación y seguimiento.

    El informe publicado este lunes documenta ampliamente cómo las prácticas autoritarias de Nicaragua —incluyendo la represión a libertades fundamentales— crean un entorno de alto riesgo para empresas e inversiones estadounidenses. Según el reporte, dichas prácticas son sancionables bajo la legislación comercial vigente de Estados Unidos.

    Las sanciones

    Aunque el documento no define una sanción específica, plantea distintas alternativas: desde aplicar un arancel universal de hasta 100 % a todas las importaciones nicaragüenses, hasta limitar productos específicos o eliminar progresivamente los beneficios arancelarios en un plazo de hasta 12 meses.

    También se evalúa retirar a Nicaragua parcial o totalmente del CAFTA-DR, acuerdo que permite exportaciones ventajosas, especialmente de textiles.

    En febrero, el secretario de Estado, Marco Rubio, catalogó a Nicaragua, Venezuela y Cuba como “enemigos de la humanidad”, adelantando que EE.UU. consideraba excluir a Nicaragua del tratado comercial.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aún no se ha pronunciado sobre el caso, pero el informe le otorga la facultad de aumentar el arancel del 18 % impuesto a Nicaragua a inicios de año.

    Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua y en 2024 el país centroamericano fue el único miembro con quien EE.UU. reportó un déficit comercial de $1.9 billones el año pasado. 

    Las crecientes tensiones políticas han derivado en sanciones y restricciones de visado a funcionarios nicaragüenses, así como su exclusión de eventos regionales como la Cumbre de las Américas.