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  • Gobernador de Sinaloa vuelve a pedir licencia temporal en medio de investigación por narcotráfico

    Gobernador de Sinaloa vuelve a pedir licencia temporal en medio de investigación por narcotráfico

    El gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, presentó este domingo una nueva solicitud ante el Congreso estatal para separarse temporalmente de su cargo, en medio de la controversia política generada por su reciente regreso a la gubernatura.

    «Por así considerarlo pertinente, me presento ante ese honorable Poder Legislativo para efecto de solicitar licencia temporal con carácter indefinido, por más de treinta días, al cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa», comunicó Rocha mediante un escrito que difundió en sus redes sociales.

    La nueva petición llega después de que el gobernador retomara sus funciones el pasado viernes, tras permanecer 112 días apartado del cargo mientras avanzaban investigaciones en su contra por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.

    Rocha anunció entonces que estaba «de regreso» y que «asumía nuevamente la responsabilidad de gobernar y trabajar por Sinaloa y su gente». El mandatario estatal había solicitado previamente separarse de sus funciones para comparecer ante la Fiscalía y defenderse de los señalamientos.

    Tras regresar, el gobernador atribuyó las acusaciones en su contra a motivaciones políticas e injerencistas de sectores de la ultraderecha nacional y extranjera. También reiteró su respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y destacó la defensa de la soberanía, democracia e independencia del país.

    El retorno de Rocha provocó cuestionamientos políticos, incluida una declaración de Sheinbaum, quien afirmó que «ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación», y agregó que el «poder sin principios se convierte en arrogancia».

    Rocha también defendió su inocencia y aseguró que la Fiscalía no encontró «los mínimos elementos de prueba que sustenten (su) participación en conducta penal alguna». «O sea no he cometido ningún delito, conforme al marco constitucional y legal de nuestro país. Soy ajeno e inocente de las patrañas que se han urdido en mi contra para dañar (…) al movimiento político de izquierda en el que milito», remarcó.

    El gobernador había solicitado en mayo pasado al Congreso de Sinaloa autorización para abandonar temporalmente sus funciones y enfrentar las acusaciones por narcotráfico formuladas desde Estados Unidos contra él y otros nueve funcionarios estatales. Su nueva solicitud vuelve a dejar en manos del Legislativo estatal la autorización para separarse de la gubernatura.

     

     

  • Congreso de Sinaloa aprueba licencia de gobernador acusado por narcotráfico

    Congreso de Sinaloa aprueba licencia de gobernador acusado por narcotráfico

    El Congreso del estado de Sinaloa aprobó por unanimidad la licencia temporal del gobernador Rubén Rocha Moya, quien se separará de su cargo por un periodo superior a 30 días mientras enfrenta investigaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico.

    La decisión se tomó durante una sesión extraordinaria en la que participaron 38 diputados, quienes avalaron la solicitud presentada por el mandatario estatal.

    El presidente de la Mesa Directiva, Rodolfo Valenzuela, confirmó la aprobación del permiso tras la lectura del documento enviado por Rocha Moya.

    “Por unanimidad se aprueba la licencia en los términos solicitados por el doctor Rubén Rocha Moya”.

    Tras la votación, el expediente fue remitido a las comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, encargadas de proponer a la persona que asumirá como gobernador interino durante la ausencia del titular.

    El Congreso decretó un receso para permitir que dichas comisiones definan la propuesta que será presentada al pleno para su aprobación.

    La separación del cargo ocurre en un contexto de tensión política, luego de que autoridades de Estados Unidos vincularan a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios con presuntos delitos relacionados al narcotráfico y posesión de armas.

    El gobernador rechazó las acusaciones y aseguró que su decisión responde a una “convicción republicana”, con el objetivo de facilitar el desarrollo de las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República.

    En el mismo contexto, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también solicitó licencia, siendo sustituido de forma provisional por Miriam Ramos Villarreal.

    Entre los señalados figuran además exfuncionarios de seguridad y otros servidores públicos, mientras Sinaloa enfrenta un escenario de violencia prolongada que incrementa la presión sobre el proceso político en curso.

     

     

  • La acusación al gobernador de Sinaloa lleva al límite la relación entre EE.UU. y México

    La acusación al gobernador de Sinaloa lleva al límite la relación entre EE.UU. y México

    La solicitud de Estados Unidos para extraditar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico, abrió un escenario inédito en la relación bilateral con México, al involucrar directamente a un funcionario activo del partido oficialista.

    El caso provocó una fuerte reacción política en México, donde el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta un momento crítico en su relación con Washington, según analistas en materia de seguridad.

    De acuerdo con el investigador Andrés Sumano, la petición de extradición representa un “golpe muy fuerte” para la administración mexicana, al impactar directamente la estrategia de cooperación con Estados Unidos, especialmente tras el regreso de Donald Trump a la presidencia.

    Para el especialista en seguridad, esta petición de extradición contra Rocha Moya, del mismo partido que Sheinbaum, genera a México «problemas en todos los sentidos» al ser un «golpe muy fuerte» para el Gobierno federal y su estrategia de cooperación con la Casa Blanca, sobre todo desde el regreso del presidente estadounidense, Donald Trump.

    Además, es todo un «reto» para la política de seguridad de México, que había tenido recientemente resultados «muy notables» como el abatimiento del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), El Mencho, y la detención la semana pasada de su supuesto sucesor, conocido como El Jardinero.

    Tras el impacto inicial, agregó, le toca tomar una decisión a Sheinbaum, quien para Sumano solo tiene tres escenarios posibles: «arropar y proteger» a ese grupo de políticos – que «es lo que parece que está haciendo», dijo-; entregarlos a Estados Unidos o iniciar un procedimiento contra ellos en México.

    «Esta última a mí me parece hasta ahora la mejor opción de todas las que tiene, pero va a implicar evidentemente rompimientos al interior de Morena (partido oficialista)», apuntó.

    Por ahora, ve que la presidenta ha optado por «ganar tiempo» al reiterar que se necesitan pruebas y remitirse a lo que decida el Ministerio Público, aunque llegará un momento en que se «vencerán los plazos», así como la «paciencia» de la Administración estadounidense.

    Mientras tanto, el Gobierno mexicano ha optado por una postura de cautela, al señalar que se requieren pruebas y dejar el proceso en manos del Ministerio Público, aunque expertos advierten que el tiempo podría jugar en contra ante la presión estadounidense.

    «Esto es un golpe muy fuerte porque ya no es un tema narrativo (…) Ya se armaron los expedientes, ya pasaron por un gran jurado, ya hay una acusación formal»

    El análisis también advierte que una negativa a la extradición podría derivar en represalias por parte de Estados Unidos, que irían desde presiones económicas hasta acciones más severas en el ámbito internacional.

    El caso se sustenta en una acusación formal presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios, señalados de colaborar con el Cartel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos, para el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

    Este proceso marca un punto de inflexión en la política de seguridad mexicana y podría redefinir la relación entre ambos países en medio de crecientes tensiones diplomáticas.