La organización Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidehc) aseguró el sábado que la Interpol eliminó la alerta roja emitida contra los abogados salvadoreños Ivania Cruz y Rudy Joya, quienes enfrentan un proceso judicial en el país y solicitaron asilo en España alegando persecución política.
Según Unidehc, la notificación fue anulada a finales de noviembre tras gestiones realizadas por el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo y el Colegio de la Abogacía Española.
“Esto es una victoria nacional e internacional frente a la mentira y la manipulación de un Gobierno, que con fines políticos persigue a críticos y defensores de derechos humanos”, señaló la organización en un comunicado.
Ambos abogados están vinculados al caso conocido como «La Floresta», en el cual son acusados por la comercialización irregular de lotificaciones en San Juan Opico, La Libertad. El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado los citó para una audiencia especial de medidas cautelares realizada este martes, aunque fueron declarados ausentes.
Ivania Cruz y Rudy Joya enfrentan cargos por agrupaciones ilícitas y comercialización ilegal de terrenos, mientras que a otros dos implicados se les atribuyen los delitos de usurpación y limitación de circulación, además de agrupaciones ilícitas.
La abogada Cruz denunció en mayo pasado que la Fiscalía está criminalizando a Unidehc por su labor de defensa comunitaria y se declaró «perseguida política».
También rechazó las acusaciones del Ministerio Público, que señala que la organización no está debidamente registrada, con el objetivo, según Cruz, de obstaculizar su trabajo en defensa de los derechos humanos.
La ONU también se pronunció sobre este caso. A principios de noviembre, expertos y relatores especiales criticaron el uso de alertas rojas por parte de Interpol, sin justificación pública, lo que consideraron como una forma de “represión transnacional” contra defensores de derechos humanos que buscan refugio fuera del país.
El activista Fidel Zavala también fue vinculado al caso. De acuerdo con la acusación, Zavala habría recibido instrucciones de Joya para realizar mediciones de terrenos con fines de venta ilegal. La Fiscalía le atribuye los delitos de agrupaciones ilícitas, comercialización irregular de lotificaciones y ejercicio ilegal de la profesión.
Interpol emitió la alerta roja en julio de 2025, dos meses después de que el tribunal salvadoreño iniciara los trámites correspondientes.