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    Fiscalía incautó 19 microbuses a red de tráfico sexual ligada a pandilla 18

    Al menos 19 microbuses de la ruta 52 han sido incautados por la Fiscalía General de la República (FGR) en un operativo de seguimiento en contra de dos mujeres señaladas de ser cabecillas del Barrio 18, vinculadas a manejar una red de explotación sexual.

    En la diligencia, realizada el miércoles por la noche, se incautaron 19 unidades del transporte colectivo de dicha ruta, según confirmaron fuentes de la FGR.

    De acuerdo con la información, en el caso está involucrada una mujer identificada como Amanda del Carmen Cárcamo Barrera, presunta líder de pandilla, quien presuntamente controlaba diferentes establecimientos comerciales en el Barrio San Esteban, en San Salvador “que funcionaban como prostíbulos y cervecerías para la distribución de drogas».

    “Cárcamo ha tenido vínculo con la pandilla Barrio 18 Revolucionarios desde el 2007 hasta la actualidad y a través de estos negocios, la imputada generaba ingresos con la trata de personas”, aseguró la FGR.

    Además, en dicho operativo se continuó con el decomiso de los inmuebles, cuentas bancarias y dinero en efectivo, los cuales exponen está ligado a una estructura del Barrio 18 que se dedicaba a la explotación sexual y otros delitos.

    El pasado 9 de septiembre, la FGR informó que incautó propiedades y cuentas bancarias, además de efectuar la detención de dos mujeres, una de ellas fue Cárcamo Barrera. En el operativo se decomisaron 13 inmuebles que pasarán a ser administrados por el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).

    Asimismo, indicaron que otros inmuebles de la estructura criminal están ubicados en la residencial Bosques de Santa Teresa de Santa Tecla, en La Libertad Sur;  en el Barrio El Calvario de Suchitoto, en Cuscatlán Norte, bajo la propiedad de un hombre identificado como Marcos Rivera Alfaro.

    Ante ello, el Ministerio Público afirmó que los dueños de los locales serán procesados por los delitos de trata de personas en modalidad de explotación sexual, agrupaciones ilícitas y casos especiales de lavado de dinero y activos.

    Las autoridades aseguraron que dos cuentas bancarias con $10,232.93 y otra con $4,329.00, las cuales también pasarán a manos del Estado a través del CONAB.