La abogada salvadoreña anticorrupción Ruth López, detenida a mediados de mayo en El Salvador y que es una de las principales voces críticas del Gobierno de Nayib Bukele, fue reconocida este lunes con el Premio Internacional de Derechos Humanos de la American Bar Association, con sede en Estados Unidos.
La entidad indicó en un comunicado que este premio reconoce los «logros excepcionales de una persona u organización como defensora y/o promotora de los derechos humanos fuera de Estados Unidos, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos».
«López ha realizado contribuciones extraordinarias a los esfuerzos anticorrupción, la rendición de cuentas y los derechos humanos en El Salvador», apuntó la organización.
Recordó que el 18 de mayo «fue detenida arbitrariamente y, el 4 de junio de 2025, una sentencia judicial confirmó su detención provisional por seis meses, lo que pone de relieve los graves riesgos que enfrenta por defender el Estado de derecho».
«Actualmente dirige la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, una organización regional de derechos humanos que trabaja en El Salvador, Guatemala y Honduras», sostuvo.
Acotó que en este cargo «ha liderado acciones legales contra instituciones poderosas, incluyendo impugnaciones a leyes que ocultan los fondos públicos del escrutinio, investigaciones sobre gastos de emergencia durante la pandemia de COVID-19», además de haber «brindado apoyo legal a las familias de inmigrantes venezolanos encarcelados en El Salvador tras ser deportados de Estados Unidos».
La misiva indica que el premio será entregado el jueves 7 de agosto de 2025, en el marco de la reunión anual de la American Bar Association en Toronto.
«Luis Benavides, esposo de López, y Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, tienen previsto asistir y aceptar el reconocimiento en su nombre», indicó.
Al salir de la audiencia, realizada el 4 de junio, López afirmó ante decenas de periodistas que era una «presa política» y que el proceso se debe a su trabajo contra la corrupción gubernamental.
«¡Soy inocente, soy una presa política. Todas las imputaciones son por mi actividad jurídica, por mi denuncia contra la corrupción en este Gobierno!», gritó López mientras era custodiada por varios policías entre empujones con la prensa.
La Fiscalía acusó inicialmente a López de peculado desde su cuenta de X, pero al presentar la acusación formal lo cambió por enriquecimiento ilícito, lo que Cristosal considera «una estrategia para criminalizarla por su trabajo como defensora de DDHH».
Cristosal anunció recientemente el cierre de operaciones en El Salvador, denunciando una “escalada represiva” por parte del gobierno de Nayib Bukele contra activistas.
El Gobierno de Bukele ha recibido críticas en las últimas semanas por las detenciones de al menos cinco activistas y críticos de su Administración.
Según denunciaron la semana pasada diversas organizaciones humanitarias en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), unos 130 activistas y periodistas han tenido que salir de El Salvador para resguardar su integridad.
