Una comisión integrada por miembros leales al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó este jueves los planos del nuevo salón de baile que se proyecta construir en el Ala Este de la Casa Blanca, despejando uno de los principales pasos administrativos para avanzar con la obra.
La Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos, órgano asesor federal creado en 1910, dio luz verde al diseño en una reunión virtual en la que seis de sus miembros votaron a favor del proyecto. Uno de los integrantes, el arquitecto James McCrery, se abstuvo por conflicto de interés, al haber trabajado inicialmente en la propuesta antes de ser reemplazado.
El Presidente de Estados Unidos celebró la decisión en su red Truth Social: “»La Comisión de Bellas Artes acaba de aprobar por unanimidad el proyecto, 6 a 0, con una abstención porque uno de sus miembros tenía un conflicto al haber trabajado profesionalmente en el proyecto. Se expresó gran reconocimiento por la belleza y la escala del edificio»”.
La firma Shalom Baranes, actualmente a cargo del diseño, presentó nuevas maquetas y animaciones con ajustes respecto a versiones anteriores, entre ellos la eliminación de un frontón en la fachada sur y modificaciones en la altura para evitar que el nuevo edificio reste protagonismo a la histórica residencia presidencial.
Sin embargo, el proyecto ha generado fuerte polémica. Desde el inicio de la demolición del Ala Este, historiadores y organizaciones de conservación han cuestionado la rapidez de las obras en un espacio de alto valor simbólico e histórico, así como la ausencia de aval del Congreso. El National Trust for Historic Preservation presentó una demanda para frenar la construcción, al considerar que vulnera procedimientos de protección patrimonial.
El costo estimado también ha sido motivo de debate. La obra comenzó con un presupuesto aproximado de $200 millones, pero las sucesivas revisiones de diseño elevaron la cifra a alrededor de $400 millones. El nuevo complejo está concebido para albergar entre 650 y 1,000 invitados en cenas oficiales y eventos de Estado.
La decisión de la Comisión marca un avance relevante para el plan impulsado por el Presidente de Estados Unidos, aunque el proyecto aún enfrenta desafíos judiciales y críticas por su posible impacto arquitectónico y patrimonial en la Casa Blanca.
