El caso penal por la masacre de El Mozote fue elevado a juicio a finales de noviembre de 2025, confirmó este martes Cristosal a través de un comunicado, una organización que junto a Tutela Legal Dra. María Julia Hernández conforman la acusación particular de este proceso penal.
El presidente la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM), Leonel Claros Tobar, explicó a Diario El Mundo que las familias de las víctimas fueron notificadas por personal del juzgado que llegó a sus casas para entregarles un resumen de la notificación, esta última, un basto documento de más de 900 páginas.
“Nos notificaron, pero lo que pasa es que es bastante grande, lo que han hecho ellos es elevar a juicio el caso de El Mozote…solo para sentar en el banco de los acusados. Han convocado a algunos familiares para ver si tienen algo qué decir extra de los testimonios”, explicó esta semana Claros a Diario El Mundo.
Hasta el momento, ninguno de los testigos ha dicho que agregará a lo ya declarado ante la jueza Mirtala Teresa Portillo de Cruz, quien desde el 29 de septiembre del año 2021 asumió el proceso penal, tras la renuncia del juez Jorge Guzmán Urquilla.
Sin embargo, esta notificación no ha sido recibida por todas las partes. El abogado, acusador particular, Ovidio Mauricio de Tutela Legal, señaló que no ha recibido el escrito, sino que se enteró por la comunicación que tiene con APDHEM.
“Ha habido una resolución de El Mozote, de acuerdo al código del 73, la jueza ha resuelto elevar a plenaria; al elevar a plenaria es pues pasar a la etapa de contradicción o la etapa de debates, entonces, pero a nosotros no nos ha notificado nada; sí sabemos porque tenemos comunicación con el presidente del Comité de Víctimas de El Mozote, a ellos les notificaron”, manifestó esta semana.
Este 10 de diciembre se cumplen 44 años de la peor matanza en la historia moderna de El Salvador, perpetrada a manos del proscrito Batallón de Reacción Inmediata (BIRI) Atlácatl, bajo la comandancia de Domingo Monterrosa, quienes junto a la tercera, quinta brigada de infantería del Destacamento Militar #4 y la Fuerza Aérea Salvadoreña, asesinaron a 978 personas entre el 10 y 13 de diciembre de 1981
Según el registro del mismo juzgado, de esas casi mil víctimas, 220 eran hombres, 200 mujeres, 293 eran niños y 248 eran niñas. Todos fueron señalados de ser supuestos guerrilleros y condenados a muerte en la operación Yunque y Martillo que desplegó el Ejército para tomarse Perquín y los lugares aledaños, un territorio que la Fuerza Armada de El Salvador concebía como de la guerrilla, durante el conflicto armado.
Los acusados
La Sala de lo Constitucional derogó la Ley de Amnistía General de 1993, en julio de 2016, y dos meses después, el 30 de septiembre de ese mismo año, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, en Morazán, entonces presidido por el juez Jorge Guzmán Urquilla, reabrió el proceso penal por la matanza de El Mozote.
Aquel proceso referencia 238/1990 archivado desde hacía 23 años, volvió a ser leído y los nombres de los acusados, perseguidos, por la justicia salvadoreña.
Los acusados que sobreviven son el exministro de la Defensa Nacional, José Guillermo García; el general de la Fuerza Aérea Salvadoreña, Juan Rafael Bustillo Toledo; el subteniente Carlos Eduardo Cáceres Flores (ahora general); el entonces teniente coronel de brigada de artillería, Luis Adalberto Landaverde Barrera (hoy coronel); el teniente Óscar Córdova Hernández (hoy capitán); el entonces subteniente César Augusto Milla Ramírez, hoy general; el capitán del BIRI Atlácatl, José Antonio Rodríguez Molina; el subteniente y hoy coronel Roberto Antonio Garay Saravia; el subteniente Rafael Santiago del Cid Aguirre; el mayor José Mario Godínez Castillo; el entonces capitán y hoy general, Mauricio Isaac Duke Lozano; el capitán y hoy general Walter Oswaldo Salazar Martínez y el entonces capitán del BIRI Atlácatl y hoy coronel, Juan Ernesto Méndez Rodríguez.
No obstante, en diciembre de 2023, la jueza Portillo de Cruz ordenó la captura del expresidente Alfredo Cristiani Burkard, y los exdiputados que conformaron la junta directiva de la Asamblea Legislativa de 1993, por el delito de encubrimiento personal, en favor de los principales imputados de la matanza. Estos últimos son: Luis Roberto Angulo Samayoa, Rubén Ignacio Zamora Rivas, Raúl Manuel Somoza Alfaro, Raúl Antonio Peña Flores.
Además de ellos: Reynaldo Quintanilla Prado, quien fue secretario de la Asamblea en 1993; también los exdiputados fallecidos, el pecenista, Ciro Cruz Zepeda Peña, y la tricolor, Mercedes Gloria Salguero Gross; añaden a René Flores Aquino y Ernesto Taufik Kury Aspridis.
Según el Juzgado, tras el cometimiento de la masacre de El Mozote en diciembre de 1981, los 10 nuevos imputados en el proceso penal “en sus calidades de miembros de la junta directiva de la Asamblea Legislativa de El Salvador, con conocimiento de haberse perpetrado un delito y aunque sin concierto previo, ayudaron a los imputados”.
Los delitos
En este juicio desfilarán al menos 12 delitos que están consignados en el Código Penal de 1973:
- Asesinato
- Violación agravada
- Privación de libertad agravada
- Violación de Morada
- Robo
- Daños agravados
- Estragos especialmente sancionados
- Actos de terrorismo
- Tortura
- Desaparición forzada de personas
- Y desplazamiento forzado
Pero la jueza, al agregar 10 imputados más, agregó los delitos de encubrimiento personal. La docena de delitos antes mencionados ya son catalogados como de lesa humanidad, y por lo tanto, son imprescriptibles; sin embargo, la jueza determinó que este último delito agregado tampoco prescribe.
La masacre de El Mozote ocurrió entre el 10 y 13 de diciembre de 1981 en las comunidades Arambala, La Joya, El Mozote, Ranchería, Los Toriles, Jocote Amarillo, Cerro Pando y Cerro Ortiz, sin embargo, la mayoría de las víctimas se concentraron en El Mozote y el día más mortífero fue el 11.
La masacre fue negada por el gobierno cívico militar de la época, presidido por el democristiano José Napoleón Duarte, ya fallecido, y por la administración estadounidense de Ronald Reagan, que entregaba un millón de dólares diarios para la guerra al país centroamericano.
Aunque negada, la masacre encontró eco a nivel internacional y el 25 de octubre de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño por la matanza y exigió un proceso judicial para encontrar verdad, justicia y reparación.
A 44 años de la masacre, y luego que más de 140 sobrevivientes murieran, El Mozote aún resurge entre el terror, la barbarie y un alto clamor de justicia para sus muertos.
