El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a seis extranjeros de distintas nacionalidades. Los procesados fueron hallados culpables del delito de tráfico ilícito, tras ser interceptados en el océano Pacífico transportando un masivo cargamento de estupefacientes que tenía como destino mercados internacionales.
Los sentenciados fueron identificados como los colombianos Óscar Arturo Perea Torres y Yonson Rentería de Cuero; el ciudadano ecuatoriano Miguel Ángel López Vásquez; y los mexicanos Joel Armento Montoya, Eduardo Contreras Leal y Alejandro Trías López. La resolución judicial ratificó que los extranjeros actuaron en conjunto para facilitar el tránsito de la droga por aguas jurisdiccionales o de interés para la seguridad nacional.
De acuerdo con las pruebas presentadas en la vista pública, la intervención ocurrió el 18 de mayo de 2024, en una operación de interdicción marítima a 880 millas náuticas al sur de la bocana El Cordoncillo, en el estero de Jaltepeque. Los imputados se desplazaban en dos embarcaciones que operaban de forma coordinada para evadir los controles de las autoridades navales salvadoreñas.
El tribunal detalló la logística empleada: en la primera lancha viajaban los ciudadanos colombianos y el ecuatoriano, quienes tenían la custodia directa de los bultos de droga. Por su parte, la segunda embarcación, tripulada por los tres mexicanos, funcionaba como unidad de apoyo logístico, transportando los suministros y el combustible necesarios para garantizar la movilidad de la carga ilícita a través del corredor marino.
Tras la captura en altamar, los sujetos fueron trasladados a tierra firme y detenidos formalmente el 27 de mayo de 2024 en la Capitanía del Puerto La Concordia, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz. En dicho recinto, expertos de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron las pruebas de campo correspondientes, las cuales dieron positivo a alcaloide con características de cocaína, confirmando las sospechas iniciales.
El peritaje técnico final determinó que el peso total de la sustancia era de 1,299 kilos de cocaína. Según el informe judicial, el valor económico de este cargamento en el mercado ilícito asciende a $32,656,860, lo que representa uno de los golpes financieros más significativos contra las estructuras del narcotráfico reportados en la zona costera durante el año pasado.
