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Etiqueta: sanciones Estados Unidos

  • El mayor corte eléctrico de este lunes en Cuba apagará más de un 61 % de la isla a la vez

    El mayor corte eléctrico de este lunes en Cuba apagará más de un 61 % de la isla a la vez

    Cuba vivirá este lunes uno de los cortes eléctricos más severos del año, con un apagón que alcanzará simultáneamente al 61.5 % del territorio nacional en el momento de mayor demanda energética, según estimaciones de la estatal Unión Eléctrica (UNE) citadas por EFE.

    El país atraviesa una crisis energética desde mediados de 2024, pero el endurecimiento del bloqueo petrolero por parte del Gobierno de Estados Unidos ha elevado a niveles históricos la falta de suministro, paralizando actividades económicas y alimentando la inconformidad social. El 31 de enero ya se reportó el apagón más grave desde 2022, cuando se empezó a divulgar con regularidad la información oficial, afectando al 63 % de la isla.

    La UNE, entidad adscrita al Ministerio de Energía y Minas, proyecta una capacidad de generación de apenas 1,224 megavatios (MW) frente a una demanda estimada de 3,100 MW durante la tarde y noche. El déficit energético será de 1,876 MW, mientras que la afectación programada alcanzará los 1,906 MW para evitar un colapso total.

    La situación se agrava por la indisponibilidad de siete de las 16 unidades termoeléctricas de la isla, entre ellas dos de las más grandes, debido a fallas mecánicas y labores de mantenimiento. Esta fuente aporta, en promedio, un 40 % del total energético del país.

    Otro 40 % corresponde a la generación distribuida motores que, según el presidente Miguel Díaz-Canel, se encuentra completamente detenida desde hace cuatro semanas por falta de combustible derivada del bloqueo estadounidense.

    Mientras que el Gobierno responsabiliza directamente a las sanciones impuestas por Washington por esta “asfixia energética”, analistas independientes aseguran que el origen de la crisis radica en la falta de inversión y mantenimiento del sistema eléctrico estatal, controlado completamente por el Gobierno desde 1959. Según estimaciones no oficiales, sanear la red requeriría entre $8,000 y $10,000 millones.

    Los apagones prolongados han contribuido a una contracción de más del 15 % de la economía desde 2020 y han sido el detonante de múltiples protestas sociales en los últimos años, reflejo del creciente malestar entre la población cubana.

     

  • Venezuela busca pasar de reservas a mayor producción de petróleo, afirma nuevo vicepresidente económico

    Venezuela busca pasar de reservas a mayor producción de petróleo, afirma nuevo vicepresidente económico

    El nuevo vicepresidente económico de Venezuela, Calixto Ortega, aseguró este miércoles desde Dubái que su país aspira a dejar de ser reconocido únicamente por sus vastas reservas de petróleo para convertirse en uno de los principales productores mundiales de crudo. Ortega hizo la declaración en una conversación pública durante la Cumbre Mundial de Gobiernos (WGS, en inglés), que se celebra en la ciudad de Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

    Ortega, quien fue presidente del Banco Central de Venezuela entre 2018 y 2025, explicó que transformar los ingresos petroleros puede facilitar la diversificación de la economía venezolana, tomando como referencia el modelo de los Emiratos Árabes Unidos. “Sabemos que la referencia para Venezuela es que es el país con mayores reservas de petróleo, y nosotros queremos dejar de ser conocidos por eso. Queremos ser conocidos como uno de los países con mayores niveles de producción”, afirmó.

    Actualmente, Venezuela produce en promedio unos 800,000 barriles de crudo al día (bpd), cifra muy inferior a su máximo histórico de más de 3,000,000 bpd alcanzado en la década de 1990. Pese a ello, el país posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo, con alrededor de 300,000 millones de barriles.

    El vicepresidente económico resaltó que Venezuela “avanza pacíficamente y está lista para recibir inversiones y competir en el mercado internacional, como cualquier otro actor”. Señaló que uno de los principales requisitos que plantean las empresas interesadas es el levantamiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros actores internacionales en los últimos años.

    Ortega hizo referencia a la reciente aprobación por parte del Parlamento venezolano de una reforma a la Ley de Hidrocarburos. Esta modificación cambia las reglas de la industria petrolera —hasta ahora dominada por el Estado— para permitir una mayor participación de inversores privados y extranjeros, con miras a atraer capital y tecnología.

    La reforma fue aprobada el mismo día en que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia general que autoriza ciertas transacciones con el petróleo venezolano, marcando un cambio en la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en 2019 impuso sanciones a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) durante su primer mandato.

    “Permítannos acceder a nuestros propios activos. Por ejemplo, cuando dirigía el Banco Central, no tenía acceso a las reservas internacionales (…) Y si nos permiten funcionar como un país normal, Venezuela mostrará una mejora y un crecimiento extraordinarios”, concluyó Ortega en su intervención en la capital económica de Emiratos Árabes Unidos.

     

  • Guatemala elegirá en mayo a nuevo fiscal tras finalizar periodo de cuestionada jefa de Ministerio Público

    Guatemala elegirá en mayo a nuevo fiscal tras finalizar periodo de cuestionada jefa de Ministerio Público

    El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, designará en mayo al nuevo fiscal general del país, lo que marcará el final del mandato de Consuelo Porras, jefa del Ministerio Público desde 2018 y sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea.

    La salida de Porras, quien ha estado al frente del ente investigador por ocho años, pondrá fin a un período señalado por la comunidad internacional por graves retrocesos en materia de justicia, persecuciones a operadores judiciales, periodistas y defensores de derechos humanos, y por su intento de frenar la investidura del actual presidente guatemalteco.

    El nuevo fiscal general será elegido directamente por el presidente Arévalo a partir de una lista de seis candidatos que será conformada por una comisión de postulación. Este órgano estará compuesto por representantes del Organismo Judicial, del Colegio de Abogados y Notarios, y de las universidades del país con facultades de Derecho.

    Por ahora, aún no hay nombres visibles como aspirantes al cargo. Aunque el proceso arrancó oficialmente este lunes, los expertos advierten que Porras podría intentar influir en la selección de candidatos para incluir perfiles de su círculo cercano en la lista que será enviada al Ejecutivo.

    El nuevo titular del Ministerio Público asumirá funciones el próximo 17 de mayo y permanecerá en el cargo por cuatro años, hasta 2030. Se trata de un puesto clave y sin contrapesos legales, ya que la legislación guatemalteca solo permite su remoción en casos de delitos flagrantes, lo que explica la continuidad de Porras a pesar de las múltiples acusaciones en su contra.

    Durante su gestión, la fiscal general ha sido acusada de perseguir penalmente a fiscales independientes, magistrados, líderes indígenas, periodistas y opositores. Uno de los casos más emblemáticos es el del periodista José Rubén Zamora Marroquín, detenido desde 2022 bajo prisión preventiva sin pruebas concluyentes.

    Organizaciones nacionales e internacionales han denunciado que con Porras al frente del Ministerio Público se desmantelaron los avances logrados por sus antecesoras Thelma Aldana (2014-2018) y Claudia Paz y Paz (2010-2014), provocando un grave deterioro institucional y debilitamiento del Estado de derecho en Guatemala.

     

  • Corte Penal Internacional denuncia sanciones de EE.UU. a jueces y fiscales cual “terroristas y narcotraficantes”

    Corte Penal Internacional denuncia sanciones de EE.UU. a jueces y fiscales cual “terroristas y narcotraficantes”

    La presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, denunció este lunes que Estados Unidos impuso sanciones a nueve funcionarios de la institución, colocándolos “al mismo nivel que terroristas y narcotraficantes”, en respuesta a las investigaciones por crímenes de guerra que involucran a Israel y Palestina.

    Durante la apertura de la 24ª Asamblea de Estados Parte, celebrada en La Haya, Akane calificó estas medidas como “ataques sin precedentes” y aseguró que la independencia del tribunal “permanece intacta”, a pesar de las presiones derivadas de la orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

    Las sanciones, impuestas este año por el gobierno estadounidense, alcanzan a seis jueces y tres fiscales. La presidenta explicó que estas restricciones han afectado severamente la vida personal y familiar de los sancionados, incluso limitando sus operaciones financieras en países miembros de la CPI, incluidos algunos en Europa.

    En paralelo, Rusia también ha intensificado su ofensiva legal contra el tribunal. Moscú emitió órdenes de detención contra nueve jueces y contra la Presidencia de la CPI, luego de que esta dictara una orden de arresto contra Putin por la deportación forzada de niños ucranianos durante el conflicto en ese país.

    “Estas medidas buscan socavar la existencia misma de la Corte”, advirtió Akane ante representantes de los Estados Parte. Sin embargo, reafirmó el compromiso de la institución con la justicia internacional y subrayó que los procedimientos judiciales seguirán avanzando “con eficacia y expedición”.

    La presidenta recordó que cualquier disputa con el tribunal debe resolverse conforme al Estatuto de Roma, y urgió a los países a utilizar los mecanismos de consulta previstos, antes de desatender las órdenes judiciales emitidas por la CPI.

    Uno de los incidentes más recientes ocurrió en julio, cuando Hungría no ejecutó la orden de detención contra Netanyahu durante su visita a ese país, lo que llevó a la Corte a denunciar el hecho como un incumplimiento de sus obligaciones legales. En enero, Italia dejó en libertad al jefe de la policía judicial libia, Osama al Masri, pese a una orden internacional de arresto por crímenes cometidos en la prisión de Mitiga, en Trípoli.