El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, designará en mayo al nuevo fiscal general del país, lo que marcará el final del mandato de Consuelo Porras, jefa del Ministerio Público desde 2018 y sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea.
La salida de Porras, quien ha estado al frente del ente investigador por ocho años, pondrá fin a un período señalado por la comunidad internacional por graves retrocesos en materia de justicia, persecuciones a operadores judiciales, periodistas y defensores de derechos humanos, y por su intento de frenar la investidura del actual presidente guatemalteco.
El nuevo fiscal general será elegido directamente por el presidente Arévalo a partir de una lista de seis candidatos que será conformada por una comisión de postulación. Este órgano estará compuesto por representantes del Organismo Judicial, del Colegio de Abogados y Notarios, y de las universidades del país con facultades de Derecho.
Por ahora, aún no hay nombres visibles como aspirantes al cargo. Aunque el proceso arrancó oficialmente este lunes, los expertos advierten que Porras podría intentar influir en la selección de candidatos para incluir perfiles de su círculo cercano en la lista que será enviada al Ejecutivo.
El nuevo titular del Ministerio Público asumirá funciones el próximo 17 de mayo y permanecerá en el cargo por cuatro años, hasta 2030. Se trata de un puesto clave y sin contrapesos legales, ya que la legislación guatemalteca solo permite su remoción en casos de delitos flagrantes, lo que explica la continuidad de Porras a pesar de las múltiples acusaciones en su contra.
Durante su gestión, la fiscal general ha sido acusada de perseguir penalmente a fiscales independientes, magistrados, líderes indígenas, periodistas y opositores. Uno de los casos más emblemáticos es el del periodista José Rubén Zamora Marroquín, detenido desde 2022 bajo prisión preventiva sin pruebas concluyentes.
Organizaciones nacionales e internacionales han denunciado que con Porras al frente del Ministerio Público se desmantelaron los avances logrados por sus antecesoras Thelma Aldana (2014-2018) y Claudia Paz y Paz (2010-2014), provocando un grave deterioro institucional y debilitamiento del Estado de derecho en Guatemala.
