El juez de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedraz, imputó este miércoles al exsecretario de Organización del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Santos Cerdán; a la gerente del partido, Ana María Fuentes; y al exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, dentro de la investigación del denominado ‘caso Leire Díez’.
La causa indaga una supuesta trama que habría buscado obtener información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad, además de presuntas irregularidades en contratos relacionados con empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Las imputaciones trascendieron el mismo día en que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil allanaron la sede nacional del PSOE, ubicada en la calle Ferraz de Madrid, para requerir documentación vinculada a la investigación judicial.
El magistrado también ordenó diligencias en los domicilios de Santos Cerdán, Gaspar Zarrías y del empresario Javier Pérez Dolset, quien igualmente figura como investigado en la causa.
Según fuentes judiciales citadas por Europa Press, Pedraz investiga si existieron pagos provenientes del PSOE hacia una presunta estructura que buscaba influir o desestabilizar procesos judiciales mediante la recopilación de información reservada.
La investigación también involucra a la exmilitante socialista Leire Díez, señalada por medios españoles como una supuesta “fontanera” del partido, así como al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso.
Gaspar Zarrías declaró anteriormente ante los juzgados de Plaza de Castilla que contrató a Leire Díez para investigar una supuesta vinculación del excomisario José Manuel Villarejo con el caso de los ERE en Andalucía, proceso judicial por el cual Zarrías fue juzgado.
Según explicó el exdirigente socialista, pagó 4,000 euros mensuales durante cuatro meses a Díez para realizar dichas investigaciones. Aplicando una conversión aproximada al tipo de cambio actual: €4,000 ( $4,350) mensuales.
La Unidad Central Operativa sospecha que Díez, Fernández y Alonso habrían cobrado cerca de $700,000 en comisiones relacionadas con cinco operaciones bajo investigación que implicaban a empresas públicas y entidades vinculadas a la SEPI.
De acuerdo con la investigación judicial, los implicados habrían conformado un grupo denominado ‘Hirurok’, cuyo objetivo era influir en expedientes administrativos y obtener beneficios económicos aprovechando sus conexiones políticas y capacidad de influencia dentro de la administración pública.
Sánchez reconoce «gravedad»
El presidente del Gobierno español y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, reconoció la “gravedad” de la investigación judicial, aunque aclaró que la actuación de la Guardia Civil en la sede del partido fue un “requerimiento de información” y no un registro formal.
«Si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más de un año», afirmó Sánchez durante una rueda de prensa en Roma tras reunirse con el papa León XIV.
El mandatario añadió que si aparecen nuevos “comportamientos irregulares” dentro del PSOE, actuarán “con contundencia” y colaborarán con la Justicia española.
La investigación se mantiene bajo secreto de sumario, prorrogado recientemente por un mes más por el juez Pedraz, mientras la UCO continúa revisando material informático y documentación decomisada durante los registros.