El gobierno solicitó a la Asamblea Legislativa la disolución de la Comisión Coordinadora del Sector Justicia y de su Unidad Técnica Ejecutiva (UTE), entidades que fueron creadas en 1996 para la coordinación de las instituciones del sector judicial.
La finalización del proceso de liquidación de la UTE está programada, según el proyecto de ley, para el 31 de diciembre de 2026; ello incluye la transferencia de bienes al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia.
La Comisión está conformada, según su ley, por el presidente del Órgano Judicial, el ministro de Justicia, el fiscal general de la República, el procurador general de la República y el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, y tiene la atribución legal de definir la política y estrategias del sector así como analizar la problemática relacionada con el sector.
El Programa de Protección de Víctimas y Testigos, a cargo actualmente de la UTE, se trasladará al Ministerio de Seguridad Pública, cartera de Estado que asumirá las competencias sobre la “dirección, administración, otorgamiento, seguimiento, modificación, supresión y ejecución de medidas de protección y atención a favor de víctimas, testigos y otros intervinientes”.
La aprobación de la “ley de disolución de la Comisión Coordinadora del sector justicia y de disolución y liquidación de la Unidad Técnica Ejecutiva del sector justicia” fue solicitada por medio del ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, en una solicitud recibida por la Asamblea el 9 de septiembre.
El objetivo de las disoluciones, según las cartas del ministro y del secretario jurídico de la Presidencia, Adolfo Muñoz, es “evitar la duplicidad de funciones y la dispersión de recursos públicos”.
Según el proyecto de decreto le corresponde al Ministerio de Seguridad la “coordinación con las principales entidades y órganos del sector justicia”, citando el artículo 35 numeral 3 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo y que “resulta indispensable evitar la duplicidad de funciones y la dispersión de recursos públicos en estructuras cuya finalidad ya se cumple mediante las competencias otorgadas a otras instituciones”.
El proyecto establece indemnizaciones de un salario por cada año de servicio activo hasta un límite de 24 salarios si estos oscilan entre $408.80 y $900; y hasta 12 salarios si este es igual o superior a $901.
Las indemnizaciones se pagarían en los primeros tres meses de 2027 y estarían bajo el presupuesto del Ministerio de Seguridad.