Unos 3.7 millones de costarricenses están convocados a las urnas este domingo 1 de febrero para definir al próximo presidente de la República, así como a los vicepresidentes y a los diputados que integrarán la Asamblea Legislativa en el período 2026-2030.
La principal figura en contienda es la oficialista Laura Fernández, exministra de Planificación y candidata del derechista Partido Pueblo Soberano (PPSO), quien encabeza las encuestas con un 44 % de respaldo, según el último sondeo del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica. Sus competidores más cercanos, Claudia Dobles y Álvaro Ramos, registran un 9 % de intención de voto cada uno. El porcentaje de indecisos alcanza el 26 %.
De no alcanzar el 40 % mínimo requerido para ganar en primera vuelta, el país se encaminaría a una segunda ronda el próximo 5 de abril.
La candidata del oficialismo
Fernández se presenta como la «heredera» del presidente Rodrigo Chaves, quien ha mantenido altos niveles de popularidad durante su mandato. Su campaña ha promovido propuestas como la venta de activos estatales, el combate frontal a la criminalidad y una controvertida medida para suspender garantías individuales en zonas dominadas por el crimen organizado, lo que ha generado duras críticas desde la oposición por considerarlo autoritario.
Con 39 años, la aspirante ha pedido el respaldo ciudadano también para la Asamblea Legislativa, con el fin de contar con mayoría parlamentaria que le permita impulsar reformas profundas, especialmente en el sistema judicial, uno de los blancos recurrentes de los ataques del presidente Chaves.
Datos del proceso electoral
Costa Rica, nación centroamericana de 5.1 millones de habitantes, prohíbe la reelección presidencial consecutiva. En esta elección participarán 20 candidatos a la presidencia, de los cuales el 75 % son hombres y el 25 % mujeres. Para el Congreso, se han inscrito 1,207 aspirantes a diputaciones, con una distribución cercana a la paridad de género: 50.9 % hombres y 49.1 % mujeres.
El proceso se desarrollará en 7,154 juntas receptoras de votos, distribuidas en 2,179 distritos electorales y consulados en el exterior.
La campaña ha estado marcada por un fuerte enfrentamiento entre el presidente Rodrigo Chaves y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). El mandatario acusó al organismo de imponerle una “ley mordaza” al restringir su participación pública durante el periodo electoral, e incluso calificó como intento de “golpe de Estado” la solicitud de desafuero que fue presentada por el TSE ante la Asamblea Legislativa y que no prosperó.
Durante su gobierno, Chaves ha atacado reiteradamente a instituciones como el Poder Judicial, la Fiscalía, la Contraloría, la Asamblea Legislativa y los medios de comunicación críticos. Según la legislación costarricense, el presidente y otros funcionarios del Ejecutivo tienen prohibido intervenir en asuntos electorales, promover candidaturas o participar en actividades partidarias.
