El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, defendió el martes en Madrid la continuidad del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, al asegurar que el “96 % del pueblo salvadoreño pide que continúe”.
Durante una conferencia organizada por la World Law Foundation, sostuvo que la medida responde al clamor ciudadano y negó afectaciones a libertades públicas.
Ulloa aseguró que bajo el régimen “no hay ninguna libertad pública que se haya afectado” y reiteró que, aunque las medidas excepcionales no deben ser permanentes, su mantenimiento responde a la necesidad de consolidar la seguridad.
La normativa fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022, a solicitud del presidente Nayib Bukele, inicialmente por 30 días, pero ha sido prorrogada de forma mensual. Según cifras citadas por el funcionario, 91,000 personas han sido enviadas a prisión bajo esta disposición.
En su intervención, el vicepresidente cuestionó los llamados de organismos internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para levantar la medida. “¿Cuándo vamos a quitarlo? ¿Cuando lo pida la ONU, Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales o cuando lo pida el pueblo salvadoreño?”, expresó, al referirse a una encuesta que respalda su continuidad con un 96 %.
Ulloa defendió lo que calificó como “el milagro de la seguridad” alcanzado por el gobierno salvadoreño, aunque admitió fallos en la aplicación del régimen.
“No hay una obra humana que sea perfecta, se han cometido errores, se han capturado inocentes, pero cuando se han capturado inocentes han sido liberados”, afirmó, destacando que 8,000 personas ya recuperaron su libertad.
Además, justificó que “absolutamente todas las acciones, decisiones, medidas” implementadas “en esta guerra han tenido como base la ley, la norma y la disposición legal”: “No estamos haciendo nada que no tenga un respaldo legal”.
Por su parte, la CIDH ha documentado 7,000 denuncias de supuestas violaciones de derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias, torturas, la muerte de más de 400 personas bajo custodia estatal y limitaciones en el acceso a la justicia. Ulloa desestimó estos señalamientos, aseguró que los informes no son verificados en el terreno y afirmó que algunas denuncias buscan “recibir fondos”.
Asimismo, respaldó las políticas migratorias de Estados Unidos y negó reportes de torturas o malos tratos a migrantes deportados hacia El Salvador.