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Etiqueta: seguridad jurídica

  • Empresario estadounidense detenido en Honduras denuncia deuda estatal pendiente

    Empresario estadounidense detenido en Honduras denuncia deuda estatal pendiente

    El empresario estadounidense Murray Paul Farmer fue capturado este martes en Honduras, donde aseguró que su detención responde a un conflicto con el Gobierno, al que acusa de adeudarle dinero por proyectos ejecutados en el país.

    Farmer afirmó que fue arrestado tras ingresar por vía aérea a territorio hondureño y reiteró que no ha cometido ningún delito.

    «El gobierno ahora arresta a la persona a la que le debe dinero bajo una sentencia judicial firme que se niega a cumplir», subrayó Farmer, sin detallar el monto que le adeuda el Estado por trabajos de infraestructura.

    El empresario sostuvo que durante años desarrolló múltiples proyectos, especialmente en sistemas de agua potable y alcantarillado, sin recibir pagos por parte del Gobierno hondureño.

    «Soy un hombre inocente y nunca recibí ni un solo dólar de Honduras por 21 proyectos de agua y alcantarillado entregados al pueblo hondureño. El gobierno ahora arresta a la persona a la que le debe dinero bajo una sentencia judicial firme que se niega a cumplir», añade el mensaje de Farmer difundido en la red social X.

    También advirtió que su caso envía una señal negativa a la inversión extranjera en el país.

    «El mensaje para los inversionistas es claro: no hay seguridad jurídica en Honduras».

    El empresario indicó que llevará la situación ante autoridades de Estados Unidos, incluyendo al presidente Donald Trump, para exponer lo ocurrido.

    «Esta situación será llevada directamente a Washington y al presidente (de Estados Unidos) Donald Trump», y que «los inversionistas de todo el mundo deberían prestar mucha atención a lo que está sucediendo aquí. Mi único ‘delito’ fue invertir en Honduras».

    Según su versión, los proyectos ejecutados beneficiaron a más de 300,000 personas en ciudades como Choluteca, Copán, Trujillo, Tela, La Ceiba y Juticalpa.

    «¿Cuántos hondureños están vivos hoy gracias a estos sistemas de agua y saneamiento que salvan vidas?», cuestionó Farmer.

    Hasta el momento, las autoridades hondureñas no han detallado las razones de la detención del empresario, quien fue arrestado al llegar al país y posteriormente esposado.

  • Denuncian 220 muertes violentas de abogados en Honduras desde 2004, un 90% en la impunidad

    Denuncian 220 muertes violentas de abogados en Honduras desde 2004, un 90% en la impunidad

    Al menos 220 abogados han muerto violentamente en Honduras desde 2004 y cerca del 90 % de esos crímenes permanece en la impunidad, denunció este domingo la titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre.

    En un comunicado, Izaguirre alertó sobre el “alto riesgo” que enfrentan los profesionales del derecho en el país, tras el asesinato del abogado René Altamirano, ocurrido el pasado viernes en San Pedro Sula, en el norte del país. El jurista fue atacado presuntamente por dos sujetos que se conducían en una motocicleta.

    Altamirano fue regidor municipal de San Pedro Sula, apoderado legal del exalcalde Rodolfo Padilla Sunseri y candidato a diputado en las elecciones generales de 2013 por el opositor Partido Libertad y Refundación (Libre).

    La titular del Conadeh expresó su solidaridad con la familia de la víctima e instó a las autoridades a “actuar con prontitud, firmeza y diligencia” para identificar y capturar a los responsables del crimen.

    Izaguirre recordó que Honduras cuenta desde 2015 con un Mecanismo de Protección para defensores de derechos humanos y operadores de justicia, pero advirtió que “no ha funcionado” de manera efectiva.

    “En un mundo ideal no debería haber un mecanismo de protección porque no deberíamos sentirnos ni los abogados, ni los comunicadores sociales, ni los defensores de derechos humanos expuestos a este tipo de situaciones”, enfatizó.

    El Conadeh señaló que la falta de investigaciones y sanciones impide esclarecer las causas reales de las muertes y priva a las familias del derecho a la verdad. Por ello, pidió al Estado implementar mecanismos de seguridad eficaces para proteger la vida e integridad de los abogados y sus familias.

    Según el organismo, el ejercicio de la abogacía se volvió especialmente peligroso en departamentos como Francisco Morazán, Cortés, Yoro, Atlántida y Olancho, aunque no se detallaron cifras por región.

    Entre las víctimas figuran especialistas en derecho penal y mercantil, jueces, defensores públicos, fiscales y asesores legales de diversas instituciones. La mayoría de los ataques ocurrió en vehículos, viviendas, bufetes o en la vía pública, lo que evidencia que las condiciones de seguridad “no han sido las más propicias” para salvaguardar la vida de estos profesionales, concluyó el Conadeh.