Etiqueta: seguridad jurídica

  • ASA declara zona de protección acuífera en cerro Guazapa

    ASA declara zona de protección acuífera en cerro Guazapa

    La Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) declaró como zona de protección acuífera el área del Cerro Guazapa compartida con municipios de Cuscatlán Norte y San Salvador Norte, departamentos de Cuscatlán y San Salvador, respectivamente, con una extensión de 256 kilómetros cuadrados.

    La declaratoria, que inició su vigencia el 12 de octubre, fue aprobada por la junta directiva de la ASA, que quedó facultada a emitir lineamientos para restringir o controlar actividades, obras o proyectos que “puedan afectar negativamente la cantidad o calidad de aguas superficiales y subterráneas” según la Ley general de recursos hídricos.

    Para la gestión de esta zona de protección acuífera, la ASA podrá tener instrumentos y coordinarlos. Según la declaratoria, se deberá tomar en cuenta la cantidad y la calidad de aguas superficiales y subterráneas, las condiciones meteorológicas, hidrogeológicas y territoriales, niveles, caudales, cobertura y uso de suelo.

    También, la gestión deberá tomar en cuenta las condiciones de cobertura vegetal, la vulnerabilidad a la erosión, los usos de suelo, así como los usos de aguas superficiales y la participación de actores locales.

    Esta declaratoria obedeció a un anterior dictamen de identificación y delimitación de la zona de protección acuífera que presentó elevaciones entre 750 y 1,470 metros sobre el nivel medio del mar.

    En este dictamen, se determinó que la zona de recarga vertical profunda está “circunscrita por una zona boscosa que se identifica como el núcleo principal a proteger” y que las laderas del Cerro Guazapa tiene recargas laterales que alimentan dos acuíferos y conforman una zona de amortiguamiento. El documento asevera que en el cerro Guazapa hay áreas de captación, recarga y transferencia vinculados a los cuerpos de agua que drenan hacia el río Lempa. La declaratoria fue publicada en el Diario Oficial del 12 de octubre.

    Recientemente la Asamblea Legislativa aprobó una reforma que faculta a la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT) a cambiar el uso de suelo de una zona con condiciones para vegetación permanente cubiertas con árboles. La reforma, aprobada el 21 de octubre, permitirá cambiar el uso de suelo cuando se detecten cambios en el entorno, como un proyecto de urbanización aledaño, o sea proyecto de interés público, como una carretera, según los ejemplos puestos por la directora de la DOT.

    La reforma excluye de estas excepciones para cambiar uso de suelo «las áreas naturales protegidas, zonas de protección acuífera o recarga hídrica», pero estas exclusiones tienen a su vez una salvedad: «Salvo dictamen técnico» de la autoridad competente.

  • Empresario estadounidense detenido en Honduras denuncia deuda estatal pendiente

    Empresario estadounidense detenido en Honduras denuncia deuda estatal pendiente

    El empresario estadounidense Murray Paul Farmer fue capturado este martes en Honduras, donde aseguró que su detención responde a un conflicto con el Gobierno, al que acusa de adeudarle dinero por proyectos ejecutados en el país.

    Farmer afirmó que fue arrestado tras ingresar por vía aérea a territorio hondureño y reiteró que no ha cometido ningún delito.

    «El gobierno ahora arresta a la persona a la que le debe dinero bajo una sentencia judicial firme que se niega a cumplir», subrayó Farmer, sin detallar el monto que le adeuda el Estado por trabajos de infraestructura.

    El empresario sostuvo que durante años desarrolló múltiples proyectos, especialmente en sistemas de agua potable y alcantarillado, sin recibir pagos por parte del Gobierno hondureño.

    «Soy un hombre inocente y nunca recibí ni un solo dólar de Honduras por 21 proyectos de agua y alcantarillado entregados al pueblo hondureño. El gobierno ahora arresta a la persona a la que le debe dinero bajo una sentencia judicial firme que se niega a cumplir», añade el mensaje de Farmer difundido en la red social X.

    También advirtió que su caso envía una señal negativa a la inversión extranjera en el país.

    «El mensaje para los inversionistas es claro: no hay seguridad jurídica en Honduras».

    El empresario indicó que llevará la situación ante autoridades de Estados Unidos, incluyendo al presidente Donald Trump, para exponer lo ocurrido.

    «Esta situación será llevada directamente a Washington y al presidente (de Estados Unidos) Donald Trump», y que «los inversionistas de todo el mundo deberían prestar mucha atención a lo que está sucediendo aquí. Mi único ‘delito’ fue invertir en Honduras».

    Según su versión, los proyectos ejecutados beneficiaron a más de 300,000 personas en ciudades como Choluteca, Copán, Trujillo, Tela, La Ceiba y Juticalpa.

    «¿Cuántos hondureños están vivos hoy gracias a estos sistemas de agua y saneamiento que salvan vidas?», cuestionó Farmer.

    Hasta el momento, las autoridades hondureñas no han detallado las razones de la detención del empresario, quien fue arrestado al llegar al país y posteriormente esposado.

  • Denuncian 220 muertes violentas de abogados en Honduras desde 2004, un 90% en la impunidad

    Denuncian 220 muertes violentas de abogados en Honduras desde 2004, un 90% en la impunidad

    Al menos 220 abogados han muerto violentamente en Honduras desde 2004 y cerca del 90 % de esos crímenes permanece en la impunidad, denunció este domingo la titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre.

    En un comunicado, Izaguirre alertó sobre el “alto riesgo” que enfrentan los profesionales del derecho en el país, tras el asesinato del abogado René Altamirano, ocurrido el pasado viernes en San Pedro Sula, en el norte del país. El jurista fue atacado presuntamente por dos sujetos que se conducían en una motocicleta.

    Altamirano fue regidor municipal de San Pedro Sula, apoderado legal del exalcalde Rodolfo Padilla Sunseri y candidato a diputado en las elecciones generales de 2013 por el opositor Partido Libertad y Refundación (Libre).

    La titular del Conadeh expresó su solidaridad con la familia de la víctima e instó a las autoridades a “actuar con prontitud, firmeza y diligencia” para identificar y capturar a los responsables del crimen.

    Izaguirre recordó que Honduras cuenta desde 2015 con un Mecanismo de Protección para defensores de derechos humanos y operadores de justicia, pero advirtió que “no ha funcionado” de manera efectiva.

    “En un mundo ideal no debería haber un mecanismo de protección porque no deberíamos sentirnos ni los abogados, ni los comunicadores sociales, ni los defensores de derechos humanos expuestos a este tipo de situaciones”, enfatizó.

    El Conadeh señaló que la falta de investigaciones y sanciones impide esclarecer las causas reales de las muertes y priva a las familias del derecho a la verdad. Por ello, pidió al Estado implementar mecanismos de seguridad eficaces para proteger la vida e integridad de los abogados y sus familias.

    Según el organismo, el ejercicio de la abogacía se volvió especialmente peligroso en departamentos como Francisco Morazán, Cortés, Yoro, Atlántida y Olancho, aunque no se detallaron cifras por región.

    Entre las víctimas figuran especialistas en derecho penal y mercantil, jueces, defensores públicos, fiscales y asesores legales de diversas instituciones. La mayoría de los ataques ocurrió en vehículos, viviendas, bufetes o en la vía pública, lo que evidencia que las condiciones de seguridad “no han sido las más propicias” para salvaguardar la vida de estos profesionales, concluyó el Conadeh.