Etiqueta: Sentencia

  • Penas de hasta 297 años de cárcel para 32 pandilleros de la MS por múltiples delitos de extorsión y agrupaciones ilícitas

    Penas de hasta 297 años de cárcel para 32 pandilleros de la MS por múltiples delitos de extorsión y agrupaciones ilícitas

    El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó con penas de hasta 297 años de cárcel a 32 pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS), por su participación en múltiples delitos de extorsión agravada, conspiración en el delito de homicidio y agrupaciones ilícitas.

    De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados son miembros de la clica Peatonales Locos Salvatruchos y tenían controlados los mercados del Centro Histórico de San Salvador y sus alrededores, para extorsionar y amenazar a comerciantes, empresarios y motoristas de rutas de buses que transitaban por el sector.

    «Se trata de una estructura de la MS que tenía su campo o control del centro de San Salvador, la calle Arce, la calle Rubén Darío y alrededores donde extorsionaban a las víctimas, negocios e inclusos empresas como Coca-cola y en ese devenir que se lograron identificar más delitos», explicó el fiscal del caso.

    La FGR destacó que las investigaciones presentadas en el juicio evidenciaron que los imputados, ahora condenados, planificaban homicidios con el fin de mantener el control total de la zona y amedrentar a las víctimas.

    Entre los procesados se identificó a Barney Concepción Villegas, quien recibió una pena de 297 años de cárcel por 13 casos de extorsión agravada, cuatro casos de proposición y conspiración en el delito de extorsión agravada, conspiración en el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.

    Saúl Antonio de León García fue condenado a 196 años de cárcel por cuatro casos de extorsión agravada, cuatro casos de conspiración en el delito de extorsión agravada, dos casos de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, y agrupaciones ilícitas y un caso de limitación ilegal a la libertad de circulación

    También, se sentenció a José Elenilson Méndez, quien recibió una condena de 77 años de cárcel por tres casos de extorsión agravada, un caso de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.

    Otra de las penas altas impuestas es de 44 años de cárcel para Bayron Alexander Cevallos Ávila, por dos casos de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, un caso de proposición y conspiración en el delito de extorsión agravada, un caso de limitación ilegal a la libertad de circulación y agrupaciones ilícitas.

    Según la representación fiscal, entre las personas condenadas se identificaron a menores de edad.

  • Tribunal Supremo condena a fiscal general de España por revelación de secretos

    Tribunal Supremo condena a fiscal general de España por revelación de secretos

    El Tribunal Supremo de España condenó este jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y al pago de una multa de $7,200 por un delito de revelación de secretos en perjuicio de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

    Además, la máxima instancia judicial ordenó una indemnización de $10,000 a favor de González Amador por daños morales, derivado de la filtración de un correo electrónico interno vinculado a una causa judicial. El caso, que ha generado una fuerte controversia política y mediática, marca un precedente al ser la primera vez que un fiscal general es juzgado penalmente en el país.

    El fallo fue adelantado por el alto tribunal apenas una semana después del histórico juicio, en el que el jefe del Ministerio Público español enfrentó cargos ante siete magistrados, en su mayoría de tendencia conservadora. La sentencia definitiva aún no ha sido redactada, pero ya fue comunicada a las partes involucradas.

    El juicio se centró en la publicación de un correo interno de la Fiscalía que fue difundido a medios de comunicación y en el que se hacían precisiones sobre una causa que implicaba a González Amador. Según el tribunal, esto constituyó una violación del deber de confidencialidad que García Ortiz debía respetar en su cargo.

    El proceso no estuvo exento de divisiones internas. Dos magistradas de orientación progresista, Ana Ferrer y Susana Polo, emitieron un voto particular en desacuerdo con la mayoría. Polo, que en un principio fue designada como ponente de la sentencia, fue sustituida por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, quien finalmente asumió la redacción del fallo.

    La decisión judicial no surtirá efectos inmediatos hasta que se notifique formalmente la sentencia escrita, la cual se hará pública en los próximos días. Sin embargo, ya ha provocado reacciones en distintos sectores políticos y jurídicos del país, debido a su trascendencia institucional.

    Álvaro García Ortiz, quien fue nombrado fiscal general por el actual gobierno socialista, ha sido objeto de críticas por parte de la oposición, que cuestiona su imparcialidad y lo acusa de actuar con motivaciones políticas.

    Este caso se produce en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo central y el gobierno regional de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, una de las principales figuras de la oposición al presidente Pedro Sánchez.

     

  • Hombre es condenado a 14 años de cárcel por agresión sexual a menor en Chalatenango

    Hombre es condenado a 14 años de cárcel por agresión sexual a menor en Chalatenango

    El Tribunal de Sentencia de Chalatenango condenó a 14 años de cárcel a un hombre identificado como Salvador Vivas Maldonado, tras ser declarado culpable del delito de agresión sexual en contra de una niña de 10 años de edad, ocurrido en el año 2024.

    De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las investigaciones comprobaron que Maldonado agredió a la menor en el mes de diciembre de 2024, cuando estaba al cuidado de ella. El imputado había amenazado a la niña para que guardara silencio.

    «Cuando llegó su familiar a casa, observó a la menor asustada y al indagar, ella confesó lo que le había hecho el sujeto», indicó la FGR.

    Durante el juicio, la representación fiscal presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales que fueron clave para determinar la participación del imputado en los hechos de agresión sexual en menor e incapaz agravada.

    La condena de cárcel fue impuesta en ausencia del imputado en cumplimiento a las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar y condenar a prófugos de la justicia.

    Por otra parte, el referido tribunal de sentencia condenó a 13 años de cárcel a Lennin Ernesto Menéndez Osorio por el delito de abuso sexual de una adolescente, en el departamento de Chalatenango, durante septiembre de 2023.

    Las investigaciones de la FGR detallaron que, Osorio contactó a la joven por medio de la red social Facebook y manipuló a la menor para verse, «luego la llevó a un motel del sector y utilizando la fuerza la violó».

    Las pruebas comprobaron la culpabilidad del imputado, por lo que fue condenado en ausencia por el delito de violación agravada.

    A estos, se sumó un hombre identificado como José Silvio Quijada Landaverde, quien fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Chalatenango a 14 años de prisión por abusar sexualmente de una mujer con discapacidad intelectual en Chalatenango.

    Según consta en las investigaciones, Landaverde abusó sexualmente de la mujer de 27 años y en el 2018 la embarazó. Los abusos se cometieron en el cantón San José El Carao, La Reina, jurisdicción del municipio de Chalatenango Centro.

    La fiscalía señaló que fue notificada de los abusos mediante aviso hospitalario y el imputado fue capturado durante el régimen de excepción.

    La condena fue impuesta tras valorar la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio por el delito de violación en menor o incapaz.

  • Sala de lo Constitucional avala que se demande a funcionarios municipales que notifican despidos ilegales

    Sala de lo Constitucional avala que se demande a funcionarios municipales que notifican despidos ilegales

    La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió que no existe inconstitucionalidad en dos disposiciones de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal que permiten exigir el pago de salarios caídos al funcionario que notificó un despido ilegal.

    La Sala determinó que no existe inconstitucionalidad en el artículo 75 incisos 5º y 7º de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal por la supuesta vulneración al derecho de la propiedad en relación a la frase: “o del funcionario de nivel de dirección que notificó el despido de forma ilegal”.

    La Sala indicó que la disposición “solo es aplicable a los funcionarios de nivel de dirección que incurran en una notificación ilegal” y descarta la posibilidad de que se aplique de manera “automática”.

    Según la Sala, la posibilidad de dictar una acción ejecutiva contra el funcionario que notificó el despido “deberá entenderse” en los casos relacionados a las “atribuciones propias del cargo de los funcionarios de nivel de dirección, dejando fuera los casos en que un servidor actúe como mero ejecutor” de la notificación, y en casos considerados ilegales por falta de competencia o cuando la notificación viola “un derecho fundamental”.

    El inciso quinto del artículo 75 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal establece que si se declara la nulidad del despido del empleados municipal, el juez ordenará la restitución y pago de salarios «por cuenta» de miembros del concejo, alcalde o «del funcionario de nivel de dirección que notificó el despido de forma ilegal». El inciso séptimo habilita al empleado a tomar acción ejecutiva contra el funcionario que le notificó ilegalmente el despido, además de alcalde y concejales.

    La demanda de inconstitucionalidad se originó desde el año 2023 de resoluciones judiciales de inaplicabilidad por parte de la Cámara Primera de lo Laboral de 11 despidos. Una demanda fue interpuesta contra el jefe de la Unidad de Servicios Municipales de Chalchuapa, quien notificó un despido.

    Los magistrados que suscribieron la sentencia fueron los magistrados propietarios Henry Alexander Mejía, Elsy Dueñas Lovos, Luis Javier Suárez Magaña, Héctor Nahún Martínez y el suplente Ramón Iván García.

  • Condenan a 50 años a feminicida de su expareja en Soyapango

    Condenan a 50 años a feminicida de su expareja en Soyapango

    El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador condenó a 50 años de prisión a José Ricardo Hernández Sánchez, encontrado culpable del feminicidio agravado de su expareja en un hecho ocurrido en septiembre de 2024.

    La investigación fiscal estableció que Hernández Sánchez mantuvo una relación con la víctima desde que ella era menor de edad, vínculo del que nació una hija. La relación terminó en 2022 por episodios constantes de violencia, aunque ambos continuaron comunicándose debido a la menor.

    Según el expediente, en septiembre de 2024 ambos coincidieron en un bar de Soyapango, donde se generó un altercado con personas del entorno del imputado. Testigos señalaron que posteriormente se retiraron juntos hacia la vivienda de la joven, quien se encontraba en estado de ebriedad.

    Horas después, la víctima envió un video a un familiar en el que mostraba una lesión visible y donde también se observaba la presencia del imputado. Ese sería el último registro de vida de la joven, quien fue encontrada sin vida con signos de violencia física y sexual.

    El informe forense concluyó que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento. El nivel de agresión evidenciaba un ataque directo y sostenido contra la víctima, según el peritaje presentado en el juicio.

    Durante el desfile probatorio, la Fiscalía demostró que la víctima vivía desde hacía años en un círculo de violencia ejercido por el imputado, lo que generaba una situación prolongada de vulnerabilidad y riesgo para su integridad.

    Los análisis técnicos confirmaron además que Hernández Sánchez fue la última persona en estar con ella. La geolocalización mediante antenas telefónicas lo ubicó en el área del crimen en el momento exacto en que se produjo el feminicidio.

    Con esos elementos, el tribunal concluyó la responsabilidad penal del acusado y le impuso la pena máxima por feminicidio agravado, una sentencia que busca enviar un mensaje contundente ante la gravedad de la violencia contra las mujeres.

     

  • Sentencian a 43 años de cárcel a hombre que privó de libertad y torturó a su novia embarazada

    Sentencian a 43 años de cárcel a hombre que privó de libertad y torturó a su novia embarazada

    El Juzgado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres (LEIV) de Santa Ana condenó a 43 años de cárcel a Jonathan Edgardo Sánchez Magaña por los delitos de feminicidio agravado imperfecto o tentado, privación de libertad  y aborto sin consentimiento en perjuicio de su pareja.

    Los hechos ocurrieron entre octubre de 2022 y junio de 2023, cuando la víctima inició una relación sentimental con el condenado. Un mes después, comenzaron a convivir en una vivienda ubicada en la zona rural de San Francisco Menéndez, Ahuachapán Sur. En diciembre de ese mismo año, exámenes médicos confirmaron que la joven estaba embarazada. Sin embargo, durante la convivencia, comenzó a ser víctima de constantes agresiones físicas y psicológicas por parte de Sánchez Magaña.

    En junio de 2023, tras iniciar un empleo como trabajadora doméstica en San Salvador, la víctima fue forzada por el agresor a regresar a su vivienda en Ahuachapán, tras una discusión motivada por celos.

    «Allí la encerró en una a habitación, la amarró con cadenas de metal y la mantuvo retenida durante 14 días, sometiéndola a torturas físicas, rapándole el cabello y causándole quemaduras con una plancha eléctrica», expuso Centros Judiciales en su cuenta de X.

    Asimismo, las investigaciones comprobaron que Sánchez Magaña la golpeó con una herramienta y la obligó a ingerir una bebida hecha con hierbas, tras lo cual la víctima perdió a su bebé de siete meses de gestación.

    Durante su cautiverio, la madre del imputado, Alma América Magaña de Sánchez, vigilaba constantemente a la joven para evitar su escape. No obstante, el 22 de junio, la víctima logró huir cuando la mujer se descuidó. Vecinos de la zona la auxiliaron y alertaron a un agente policial, quien la trasladó de inmediato a un hospital en estado grave.

    Por estos hechos Jonathan Edgardo Sánchez Magaña fue sentenciado a 25 años por el delito de feminicidio agravado imperfecto o tentado, 8 años por privación de libertad agravada y 10 años por aborto sin consentimiento, que suman un total de 43 años de pena. Mientras que Alma Magaña fue condenada a 5 años de prisión por el delito de privación de libertad agravada en calidad de cómplice necesario.

  • Condenan a dos personas a 12 años de cárcel por tráfico de marihuana valorada en más de $81,000 en Apopa

    Condenan a dos personas a 12 años de cárcel por tráfico de marihuana valorada en más de $81,000 en Apopa

    El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó el lunes a dos sujetos identificados como Santos Eduviges Méndez Muñoz y Catalina Orbelina García Martínez a 12 años de prisión tras ser encontrados culpables del delito de tráfico ilícito de drogas.

    De acuerdo con la acusación fiscal, ambos fueron detenidos el 22 de junio de 2024, en el barrio El Niño Perdido, del distrito de Apopa, donde las autoridades les incautaron 28 porciones medianas y 26 porciones grandes de marihuana, además de una balanza y otros elementos vinculados al delito.

    La droga decomisada tuvo un peso total de 23,051.4 gramos y un valor económico estimado en $81,371.44, según el peritaje oficial presentado en el juicio, de acuerdo a la información de la FGR.

    En su momento, el ministro de Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, informó que estas porciones estaban divididas en 61 paquetes.

    Hasta septiembre de 2025, El Salvador ha logrado incautar más de 22 toneladas de diversas drogas, valoradas en $545,1 millones, según declaraciones del Gabinete de Seguridad en conferencia de prensa.

  • Aplazan juicio contra Ana Ligia de Saca hasta enero 2026 por trámites de procedimiento abreviado

    Aplazan juicio contra Ana Ligia de Saca hasta enero 2026 por trámites de procedimiento abreviado

    El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador reprogramó otra vez el juicio en contra de la exprimera dama de la República, Ana Ligia Mixco Sol de Saca, acusada del delito de lavado de dinero y activos por más de $17.6 millones.

    La vista pública estaba prevista dar inicio el lunes 29 de septiembre, sin embargo, fue pospuesta hasta enero de 2026, debido a la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).

    De acuerdo con el documento al cual Diario El Mundo tuvo acceso, la nueva suspensión se debe a que aún están pendientes trámites de un procedimiento abreviado “ligado al tema de la responsabilidad civil”, con respecto a los imputados Ana Ligia Mixco Sol de Saca, Óscar Edgardo Mixco Sol, Ricardo Ernesto Lemus Zelaya, Gerardo Antonio Funes Durán y Milton Romeo Avilés Cruz.

    “Los hechos, objeto del juicio, son complejísimos, tomando en cuenta los elevados montos de dinero que refiere la parte fiscal en su acusación tanto respecto al delito base como los relativo al supuesto lavado de dinero que es el delito acusado, que lo relativo al resarcimiento civil, como la disponibilidad de bienes tienen sus complicaciones, resulta comprensible que hasta este momento no se hayan concluido, por lo que es razonable acceder a lo solicitado y programar el juicio”.
    Tribunal Sexto de Sentencia.

    La vista pública estaba agendada primeramente para el 11 de agosto de 2025 y posteriormente se notificó el cambio para el día 18 del mismo mes. Sin embargo, dicha fecha se modificó nuevamente y se pospuso para el 29 de septiembre y ahora, el tribunal resolvió que el caso se conozca hasta el próximo año.

    En ese sentido, la nueva fecha para que se desarrolle el juicio quedó del 12 al 16 de enero de 2026, según lo estipula el tribunal en la resolución escrita.

    A los dos imputados de apellido Mixco Sol junto a Lemus Zelaya y Funes Durán se les imputa el delito de lavado de dinero y activos en perjuicio del orden socioeconómico, y en el caso de Avilés Cruz se le atribuye el delito de casos especiales del delito de encubrimiento en perjuicio de la administración de justicia.

    Al proceso también se suma los imputados José Antonio Lemus Zelaya y José Antonio Lemus Zaldívar, a quienes también se les atribuye el delito de lavado de dinero y activos en perjuicio del orden socioeconómico.

    La Fiscalía acusó a Ana Ligia de Saca de haber utilizado $17 millones de Casa Presidencial para pago de beneficios directos y hasta sus tarjetas de crédito, durante la gestión del expresidente Antonio Saca.

    Por este caso, Mixco Sol de Saca fue condenada a 10 años de cárcel en junio de 2021, en un fallo dado por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador. Sin embargo, la sentencia fue anulada en octubre del año 2022 por la Cámara Primera de lo Penal y ordenó repetir el juicio.

    En octubre de 2023, la defensa de la exprimera dama solicitó un procedimiento abreviado, donde la exprimera dama aceptaría los cargos imputados a cambio de una reducción de pena, sin embargo, no se llegó a un acuerdo.