El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez tres, condenó a varios miembros de la pandilla 18 Sureños a penas que alcanzan hasta 394 años de prisión, tras comprobarse su participación en delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y agrupaciones ilícitas.
La pena más alta fue impuesta a Alejandro Ernesto Rodríguez, alias “Alcalde”, quien recibió 394 años de cárcel al demostrarse su responsabilidad en 13 homicidios agravados, además de un caso de homicidio agravado en grado de tentativa y el delito de agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.
Asimismo, Celestino Vásquez Benítez, alias “Celestino de la Novena”, fue condenado a 170 años de prisión por homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y agrupaciones ilícitas.
Por su parte, Félix Antonio García Guardado, alias “Muerto de la Novena”, recibió una condena de 165 años de cárcelpor homicidio agravado en perjuicio de seis víctimas, además del delito de agrupaciones ilícitas.
En el mismo proceso judicial, otros 57 imputados fueron condenados a penas que oscilan entre 35 y 150 años de prisiónpor los mismos delitos relacionados con la actividad de la estructura criminal.
De acuerdo con la resolución judicial, 18 de los condenados fueron identificados como líderes de la pandilla 18 Sureños, quienes además recibieron 14 años adicionales de prisión, conforme a lo establecido en el Código Penal anterior.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez tres, condenó a Marvin Geovany García Sosa a 314 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas, tras comprobar su participación en una estructura criminal dedicada a asaltar usuarios de cajeros automáticos y asesinar a quienes se resistían.
En la misma resolución judicial, Luis Alonso Mejía Hernández recibió 192 años de prisión por robo agravado y agrupaciones ilícitas. Según el fallo, García Sosa ejercía funciones de liderazgo dentro de la organización, mientras que Mejía Hernández tenía la tarea de transportar a los miembros hacia los lugares donde cometían los delitos.
Asimismo, Moisés Antonio Rivera y Aurelio Wilfredo Vásquez, alias “Zapato”, fueron condenados a 177 y 166 años de prisión, respectivamente. En el mismo proceso judicial, otras 34 personas recibieron diferentes condenas por su participación en los mismos delitos relacionados con la estructura criminal.
De acuerdo con el dictamen de acusación, los imputados asesinaron a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos una profesora y un agente de la Policía Nacional Civil, además de cometer 26 robos agravados. Las autoridades lograron desarticular la estructura durante un operativo realizado la madrugada del 25 de octubre de 2022.
Las investigaciones revelaron que los delincuentes habían desarrollado habilidades para identificar cuánto dinero retiraban los usuarios de los cajeros automáticos, incluso por el sonido que emitía la máquina al contar el efectivo antes de entregarlo.
Uno de los casos ocurrió el 22 de mayo de 2021 en Cojutepeque, Cuscatlán, cuando una profesora fue asesinada luego de retirar dinero de una agencia bancaria. Según la investigación, los sujetos siguieron a la víctima, la interceptaron para robarle $2,600 y, al resistirse, le dispararon en la cabeza.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó diversas pruebas para demostrar la participación de los imputados en los hechos, entre ellas testimonios de víctimas de los robos. También incorporó análisis que describen la estructura, funciones y distribución de roles dentro de la organización para ejecutar los atracos.
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a 14 años de prisión a Moris Mauricio Lara Monge, Julio César García, Yan Carlos Hernández García, José Omar Hernández Barahona y Marvin Alexander Marín Hernández por el delito de extorsión agravada contra un trabajador en la playa El Majahual, en La Libertad Costa.
De acuerdo con la sentencia judicial, Marvin Alexander Marín Hernández fue condenado en calidad de reo rebelde, mientras que los otros imputados enfrentaron el proceso judicial de forma directa.
Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó que los cinco condenados paguen $90 como responsabilidad civil a favor de la víctima, en concepto de resarcimiento por el daño causado.
Según el fallo, los hechos ocurrieron entre mayo y julio de 2021 en la playa El Majahual. Durante ese período, los acusados llegaron en varias ocasiones al lugar de trabajo de la víctima y, mediante amenazas de muerte e intimidación, le exigieron el pago de $30 mensuales.
La víctima decidió interponer una denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), lo que permitió iniciar la investigación e identificar a los responsables de las amenazas y el cobro de la extorsión.
Durante el proceso judicial se presentaron pruebas testimoniales y documentales que confirmaron la participación de los acusados en el delito, lo que llevó al tribunal a emitir la sentencia condenatoria contra los cinco implicados.
El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó este miércoles a 71 años de prisión para un sujeto identificado como Marcos Henry Herrera Aguiñada debido a que fue encontrado culpable de los delitos de violación en menor o incapaz agravada, agresión sexual en menor o incapaz agravada y corrupción de menores e incapaces agravada.
Según informó la Fiscalía General de la República (FGR) por medio de un comunicado de prensa, aseguró que Herrera Aguiñada recibió también una condena civil de $2,000 en total.
Según la prueba testimonial, los abusos sexuales se cometieron en distintas fechas, comenzando en 2016 en el distrito de San Rafael Cedros, municipio de Cuscatlán Sur. En ese momento, una de las víctimas tenía 6 años; actualmente tiene 15. La segunda víctima, por su parte, comenzó a sufrir los abusos posteriormente, cuando tenía 7 años, y hoy tiene 12, informó la FGR en el escrito.
La institución informó que, de acuerdo a las víctimas, el ahora condenado empezó a tocarlas sexualmente de forma individual y en diferentes momentos. Luego de ello, aseguraron que Herrera Aguiñada, agredió sexualmente a las dos víctimas.
La Fiscalía detalló que la pena de 71 años de prisión impuesta al individuo se desglosa en 39 años correspondientes a la primera víctima y 32 años por la segunda.
Walter Oswaldo Ramos Hernández fue condenado el viernes a 42 años de prisión por haber atentado contra la vida de tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un procedimiento en 2017, en el distrito de Talnique, La Libertad Oeste.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla lo declaró culpable por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, por el que recibió 40 años de cárcel, y otros dos años por daños agravados. Además, fue condenado a pagar $258.75 en concepto de responsabilidad civil a favor de la institución policial.
El ataque ocurrió el 20 de noviembre de 2017, cuando los agentes realizaban patrullaje preventivo e investigaciones de campo a bordo de un vehículo institucional. En ese momento, observaron a un sospechoso en bicicleta y decidieron darle seguimiento. Al ingresar a una zona donde se encontraban otros individuos, fueron emboscados con armas de fuego, pese a haberse identificado como policías.
Uno de los agentes resultó herido y el vehículo oficial sufrió daños materiales. La Fiscalía presentó prueba documental, testimonial y pericial que permitió establecer la participación directa del ahora condenado.
El tribunal ordenó el cumplimiento inmediato de la pena en un centro penitenciario. Otros individuos vinculados al ataque ya fueron juzgados y condenados en sedes judiciales distintas.
Carlos Humberto Segovia Arias y Noel Romero Hernández fueron condenados a 30 años de prisión cada uno, tras ser hallados culpables del delito de homicidio agravado por un tribunal de sentencia en Usulután. El crimen ocurrió el 19 de abril de 2020 en el distrito de Tecapán, departamento de Usulután.
Según la acusación fiscal, las víctimas se conducían a bordo de un vehículo sobre la carretera Panamericana, a la altura del caserío San Jaime, en el cantón Paso de Gualache, cuando Segovia Arias les salió al paso y abrió fuego contra el automotor, lo que provocó que colisionara contra un árbol.
De inmediato, otros tres sujetos salieron desde un portón azul ubicado a la orilla de la vía y dispararon contra los ocupantes del pick-up. Uno de los atacantes fue identificado como Noel Romero Hernández, actualmente prófugo. Las víctimas murieron en el lugar a causa de las heridas provocadas por los impactos de bala.
Durante el juicio, el tribunal valoró la prueba testimonial y técnica presentada por la Fiscalía, estableciendo la responsabilidad penal de ambos imputados. Dos cómplices que participaron en el hecho ya habían sido sentenciados previamente en un proceso judicial por separado.
“El carro pierde el control y se estrella más adelante en un árbol pequeño. Inmediatamente salen tres sujetos a la carretera por un portón azul y les disparan a los ocupantes del vehículo”, detalla el informe fiscal presentado en el juicio.
El crimen fue atribuido a estructuras criminales que operaban en la zona, según confirmó el fiscal del caso, quien también señaló que con estas condenas se avanza en la desarticulación de células delictivas responsables de homicidios múltiples en el oriente del país.
El exdirector del Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (Fosofamilia), Yuri Rodolfo Jenkins Lorenzana, y su esposa, Violeta Yanira Flores de Jenkins, fueron encontrados culpables este lunes del delito de enriquecimiento ilícito, según resolución emitida por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.
El fallo obliga a ambos a reintegrar $289,567.89 al Estado salvadoreño. Además, las magistradas ordenaron la inhabilitación de Jenkins por 10 años para ejercer cualquier cargo público, tras comprobarse un incremento patrimonial no justificado entre 2006 y 2010, período en que se desempeñó como titular de la institución.
La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia detectó 14 movimientos financieros irregulares, como depósitos bancarios, pagos de préstamos, cancelaciones de tarjetas de crédito y otros abonos sin respaldo legal. De ese total, $282,149.94 corresponden únicamente al exfuncionario.
La Fiscalía General de la República respaldó el fallo y reiteró que los señalados no pudieron justificar el origen de los fondos, presuntamente obtenidos con dinero público durante su gestión al frente de Fosofamilia.
El proceso civil contra ambos se inició en mayo de 2025, y con esta resolución, se confirma la tesis fiscal y se sienta un precedente en el combate a la corrupción en la administración pública.
Javier Antonio Méndez Pérez recibió una condena de 20 años de prisión por abusar de una menor de edad en Tonacatepeque, San Salvador Este, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
La Fiscalía dijo que el hombre se aprovechó de su influencia religiosa sobre la menor para abusarla en múltiples ocasiones.
Las agresiones en contra de la menor se cometieron entre agosto de 2024 y el 31 de enero de 2025. Según las investigaciones fiscales, Méndez Pérez era un líder religioso de una iglesia en Tonacatepeque al que la familia de la menor asistía.
El hombre también frecuentaba la casa de la víctima y, con la excusa de solicitar “herramientas” abusaba de ella.
Tras una serie de abusos, la abuela de la menor fue alertada por parte de unos testigos, quien llamó a la Policía Nacional Civil (PNC).
Como resultado, el hombre fue detenido en flagrancia.
Finalmente, el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a Méndez Pérez por el delito de violación en menor e incapaz en modalidad continuada.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez tres, impuso una pena de 15 años de prisión a Moris Alexander Bercián Manchón, alias “Barney”, identificado como financista y líder de la pandilla MS-13, por el delito de lavado de dinero y activos, en perjuicio del orden socioeconómico del país.
La sentencia se basó en una investigación desarrollada entre los años 2003 y 2015, en la cual se comprobó que Bercián Manchón registró un incremento patrimonial injustificado. Durante ese período, adquirió al menos ocho vehículos, 21 inmuebles y realizó múltiples transacciones financieras de alto valor.
Según la pericia técnica presentada en el juicio, el mayor movimiento económico ocurrió entre 2004 y 2009, cuando el acusado aumentó su patrimonio en $656,585.93. A pesar de estas cifras, sus registros en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) revelan un salario mensual que oscilaba entre $158 y $198 entre los años 2005 y 2008, sin capacidad demostrada para justificar ese volumen de adquisiciones.
La condena fue aplicada bajo el marco del Código Penal anterior, y se dictó en ausencia del imputado, conforme a reformas recientes que permiten juzgar a procesados ausentes.
Un reportaje de Diario El Mundo de junio de 2013 relata la incautación de droga a «Barney».
Figura clave del crimen organizado
Bercián Machón fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a su papel como operador financiero de estructuras criminales en junio de 2013.
Bercián Manchón formaba parte entonces de una célula conocida como La Normandia y era señalado desde 2013 como jefe de las operaciones pandilleriles en Santa Tecla, Puerto La Libertad, Ateos, Sonsonate, Ahuachapán, Santa Ana, Quezaltepeque y Lourdes.
También era considerado como el líder en mover la droga por todo el corredor del Pacífico hasta la frontera con Guatemala y de recibir drogas por botes.
En junio del año 2007, Moris Alexander Bercián Machón fue señalado por un testigo criteriado en el Tribunal de Sentencia de Sonsonate como el responsable de haber ordenado el homicidio de 19 personas en ese departamento, pero no fue procesado y en cambio, 15 de sus aliados fueron condenados a penas de hasta 60 años. A pesar del señalamiento, la Fiscalía de entonces nunca lo procesó.
Dos años más tarde, en 2009 fue detenido por tráfico ilícito de seis kilos de cocaína, (el caso recién absuelto en 2023) y en 2010 enfrentó un juicio por ese caso, donde fue absuelto por un tecnicismo jurídico, debido a que la droga no fue embalada; la Fiscalía presentó un recurso de casación en la Sala de lo Penal y ésta ordenó un nuevo juicio.
Bercián Machón tenía medidas sustitutivas pero el 25 de septiembre de 2015 no llegó a firmar y el tribunal le giró una orden de captura que hasta el momento sigue vigente. Alias Barney es uno de los 100 más buscados por la Policía Nacional Civil, y mantiene una orden de captura internacional.
En El Salvador, también enfrenta procesos judiciales por delitos vinculados al narcotráfico, terrorismo y crimen organizado.
El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca condenó a 16 años de prisión a Douglas Enrique Valencia Tobías a quien se encontró culpable de extorsionar a una persona en Santiago Nonualco, municipio de La Paz Centro.
La información fue divulgada por la Fiscalía General de la República (FGR) esta semana, cuando señaló que la víctima era un comerciante en dicha jurisdicción.
Según las investigaciones fiscales, junto a otros pandilleros dejaron una nota en el negocio de la víctima en donde exigían el pago de la renta a cambio de no hacerle daño.
“Las autoridades lograron capturar a Valencia Tobías el día que la víctima le entregó el dinero a la extorsión”, indicó la FGR quien no especificó el grupo delictivo al que pertenecía Valencia Tobías.
Sentencias
Este 24 de diciembre, la FGR informó sobre una serie de condenas interpuestas a un grupo de pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) por crímenes cometidos en el departamento de La Libertad.
Los imputados son miembros de la clica Ateos Locos Salvatruchos, Zapotitanes Locos Salvatruchos, Tepecoyos Locos Salvatruchos, entre otros.
Pese a no compartir el nombre de los imputados, la FGR aseguró que las sentencias ascienden hasta a 95 años de prisión.
La FGR dijo que los pandilleros planearon y concretaron diferentes crímenes, al mismo tiempo que exigían renta a los comercios de la zona.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador encontró culpables a estas personas por los delitos de extorsión agravada, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, tráfico ilícito, actos preparatorios, proposición conspiración y asociaciones delictivas, así como por agrupaciones ilícitas.
