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  • Canciller español quiere la mejor relación con pueblo de Nicaragua pese a tensión diplomática

    Canciller español quiere la mejor relación con pueblo de Nicaragua pese a tensión diplomática

    El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, dijo este jueves que la expulsión por parte de España del embajador de Nicaragua en Madrid y otro diplomático de ese país fue «en estricta reciprocidad» por la «injusta expulsión» del embajador de España en Managua y la segunda jefatura de España en el país centroamericano.

    «Los detalles los tendría que dar el Gobierno de Nicaragua. Yo no he tomado esa decisión, lo que sí le puedo decir es que el embajador de España en Nicaragua, como todos los embajadores de España en el mundo, realizan sus funciones de manera escrupulosa en respeto de la Convención de Viena que rige las relaciones diplomáticas y, por lo tanto, esa expulsión que se hizo de manera sumaria es absolutamente injusta», dijo Albares.

    El ministro español también subrayó que Madrid quiere tener «las mejores relaciones» con el pueblo nicaragüense, al ser preguntado sobre el tema en declaraciones a la prensa a su llegada a un Consejo de ministros europeos de Exteriores.

    Añadió que, nada más tener conocimiento de la expulsión del embajador español en Nicaragua, no tuvo «la menor duda» de que «en estricta reciprocidad diplomática» España iba a «expulsar, como se ha hecho, al embajador de Nicaragua y a otro representante de la embajada».

    «También quiero decirle al pueblo hermano de Nicaragua que España va a seguir trabajando por tener las mejores relaciones con ellos, que es un pueblo hermano», dijo el ministro, y subrayó que el país quiere «lo mejor» para la población de ese país.

    El Gobierno español ordenó el 26 de enero la expulsión del embajador de Nicaragua en Madrid y de otro diplomático de ese país en «estricta reciprocidad» por la «injusta expulsión» del embajador de España en Managua y de la segunda jefatura de España en el país centroamericano, según informaron ese día fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

    El Gobierno había nombrado el pasado diciembre al diplomático Sergio Farré embajador de España en Nicaragua, país copresidido por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

    Numerosos organismos internacionales denuncian desde hace años graves violaciones de derechos humanos en el país y Naciones Unidas ha advertido de que las garantías básicas y fundamentales se han eliminado con las reformas emprendidas por Ortega.

    La mayor parte de la comunidad internacional cuestionó las últimas elecciones presidenciales de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega se proclamó ganador por cuarta vez.

  • España expulsa al embajador de Nicaragua tras «injusta expulsión» del español en Managua

    España expulsa al embajador de Nicaragua tras «injusta expulsión» del español en Managua

    El Gobierno español ordenó la expulsión del embajador de Nicaragua en Madrid y de otro diplomático de ese país en «estricta reciprocidad» por la «injusta expulsión» de su embajador en Managua y de la segunda jefatura de España en el país centroamericano, informaron este lunes fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

    La orden de expulsar al actual embajador de Nicaragua en España, Maurizio Carlo Gelli, y a otro diplomático de la legación nicaragüense fue dada ayer, domingo, aunque no ha trascendido hasta este lunes.

    En cuanto al embajador español en Nicaragua, Sergio Farré Salvá, llevaba menos de dos meses en el puesto. «El Gobierno de España seguirá trabajando por tener las mejores relaciones con el pueblo hermano de Nicaragua», aseguró el Ministerio de Exteriores.

    En respuesta, el Gobierno español llamó a consultas a su entonces embajadora en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, y rechazó de forma «tajante» las acusaciones del Gobierno nicaragüense. Posteriormente, en 2023, el Gobierno de Nicaragua expulsó y despojó de su nacionalidad a centenares de diplomáticos, ex funcionarios de Estado, defensores de derechos humanos, disidentes sandinistas, opositores, periodistas, académicos, estudiantes, empresarios y comerciantes, entre otros.

    Ante esta situación, España ofreció la nacionalidad española a todos ellos, además de a otros opositores aún encarcelados en Nicaragua.

    Además, en marzo del año pasado, el Congreso español aprobó una proposición no de ley, apoyada por los principales partidos del Gobierno y de la oposición, para condenar la «sistemática» violación de derechos humanos en Nicaragua, exigir el cese inmediato de la represión e impulsar en la UE el aumento de sanciones contra el régimen nicaragüense.