La reforma de pensiones, originalmente planteada para 2026 en el programa del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) que El Salvador sostiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y pospuesta para 2027, está amarrada a un objetivo más de consolidación fiscal y sostenibilidad de las finanzas públicas que de mejora de las pensiones.
En sus informes, el organismo, además de sugerir cambios en los parámetros como edad de jubilación y tasa de cotización, manifiesta la necesidad de un sistema que pueda sostenerse financieramente y que contenga los costos fiscales de la reforma de 2022. Plantea expresamente que la propuesta de reforma debe “fortalecer la sostenibilidad del sistema y generar ahorro fiscal”.
También, sostiene que el Estado debe reducir su dependencia del ahorro acumulado en los fondos previsionales, ya que alrededor del 89 % de los ahorros administrados por las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) están invertidos en deuda del Estado para cumplir obligaciones con el sistema público de pensiones. La propuesta de reforma que espera el FMI debe «dotar al sistema de pensiones de bases sólidas, al tiempo que se contienen los costos fiscales y los pasivos contingentes».
El FMI indica que el Estado, además, debe reconocer sus obligaciones en el pago de intereses luego del período de gracia concedido tras la reforma de 2022 que aumentó las pensiones.
Para 2027, el FMI ya no habla de una reforma en general sino de una reforma paramétrica de pensiones en línea con las recomendaciones del FMI.
¿Pero será suficiente una reforma paramétrica para cumplir las exigencias financieras que supone esta reforma de pensiones que se hará en 2027?
El economista Carlos Acevedo considera que podría lograrlo solo si se suben suficientemente las tasas de cotización y la edad de jubilación, que podría ser los cinco años.
«Si la reforma puede resolver esos desafíos, en teoría, sí pudiera. Si subís lo suficiente la edad de jubilación, si subís lo suficiente la tasa de cotización y si ajustas la tasa de reemplazo, sí pudiera responder a la preocupación de hacerla sostenible», indica.
Sin embargo, no cree posible que el Gobierno deje de tomar prestado del Fondo de Pensiones y no ve posible que un impuesto a las riquezas pueda ser la solución, sobre todo si también se busca atraer inversión extranjera.
Acevedo considera que un ajuste a la tasa de reemplazo, a la baja, podría beneficiar la sostenibilidad de la reforma sin embargo, cree que ya está suficientemente baja.
«La tasa de reemplazo está en lo que serían los mínimos estables. Porque recordemos que venimos de tasa de reemplazo del 100%. La tasa de reemplazo, ahora de la gente que ha cotizado toda su vida laboral dentro del sistema privado, anda por menos del 30%. Claro, si se quiere hacer el sistema sostenible, habría probablemente que ajustar también a la baja la tasa de reemplazo», indica.
«Si se ajustan suficientemente los parámetros pudiendo bajar la tasa de reemplazo, probablemente se logra la sostenibilidad financiera, pero sería absolutamente inaceptable del punto de vista social y político. Yo creo que la tasa de reemplazo ya está suficientemente baja». Carlos Acevedo, economista.
Según el economista el Estado no podría devolver los intereses no pagados al Fondo de Pensiones y tampoco cree que sea necesario.»Creo que lo que se va a hacer es devolverlo un esquema de anualidades vencidas, unos 20 o 25 años de anualidades vencidas».
Para Acevedo, la solución para lograr un sistema de pensiones sostenible no es fácil. Descarta propuestas que buscan una devolución de la deuda de pensiones porque tampoco considera que el Estado tenga capacidad. «¿Y dónde lo saca? Ese dinero ya se pagó en pensiones a los jubilados», cuestionó.
Para el economista Rommel Rodríguez, es posible que una reforma paramétrica logre estabilizar el sistema de pensiones sin una reforma estructural y continuando el mecanismo de préstamo del Fondo de Pensiones al Estado.
“Sí se puede nivelar o estabilizar o equilibrar un sistema de pensiones única y exclusivamente mediante la modificación de sus parámetros, que ya sabemos aumento de la tasa de cotización, el tiempo de trabajo, que sería impopular totalmente, la edad de jubilación, la fórmula cómo se calcula la pensión, la comisión AFP, pero esta sí sería impopular», explica.
Rodríguez también considera la posibilidad de que el Estado asuma la administración de los fondos y, al tomarlos, «desaparece» contablemente la deuda de pensiones. Otra posibilidad, señaló, es un impuesto, sin embargo, observa que sería una medida dolorosa.
«Nos están subiendo para que el Estado lo tome, al futuro ¿nos van a pagar pero nos van a subir otra vez para que el Estado siga tomando? Al mismo tiempo nos van a decir que vamos a trabajar más años.
El último responsable en pagar las pensiones a los jubilados es el Estado. En un escenario de riesgo fiscal, que colapsa todo, es garante es el Estado. El esquema privado, se les ha concedido que ellos administren, es un derecho que ellas tienen de tomar esos recursos.