El régimen talibán de Afganistán aprobó un nuevo código judicial que institucionaliza un sistema de castigos en función del estatus social del acusado, reservando penas leves para la élite religiosa y comercial, mientras impone prisión o latigazos a las clases bajas, según extractos del texto a los que tuvo acceso EFE.
Desde su retorno al poder en agosto de 2021, los talibanes gobernaban por decretos dispersos y edictos orales. Este documento se convierte en la primera base legal escrita que guiará a los tribunales bajo el dominio fundamentalista.
El capítulo dos del texto, específicamente el artículo nueve, titulado “Niveles y tipos de castigos discrecionales basados en el estatus”, clasifica a la sociedad en cuatro grupos: altos cargos y eruditos religiosos; élite y comerciantes; clase media; y clase baja. A los dos primeros se les aplican simples advertencias judiciales; mientras que a los últimos se les ordenan desde citaciones judiciales hasta golpes físicos.
El código instruye que los castigos físicos no deben infligirse en la cabeza o en zonas sensibles del cuerpo, aunque admite un máximo de 39 latigazos para los más pobres.
Entre otras disposiciones, se incluye castigo para mujeres que permanezcan en casa de sus padres sin permiso del esposo, a menos que estén legalmente divorciadas. El Gobierno justificó esta medida al considerar que vulnera los derechos del marido y los hijos, aunque prometió sancionar también al hombre que no provea manutención.
Aunque el documento completo aún no ha sido publicado oficialmente, su existencia fue confirmada por el portavoz del Tribunal Supremo talibán, Mawlawi Abdul Rahim Rashid, quien afirmó que “el código completo está en el Ministerio de Justicia y ellos lo publicarán”.
Reportes preliminares sugieren que el texto incluye menciones sobre la figura de «esclavos», lo que ha encendido las alertas internacionales sobre la posible legitimación de prácticas abolidas, como la servidumbre por deudas o la apropiación de prisioneros como propiedad.
El exlíder muyahidín Abdul Rab Rasool Sayaf alertó que el Islam “es una religión de justicia” y condenó los privilegios legales para los más poderosos: “los beneficios deberían ser para los pobres e indefensos, no para los ricos”.
El relator especial de la ONU, Richard Bennett, calificó el contenido del código como “extremadamente preocupante” y advirtió sobre el retroceso en derechos humanos. Mientras tanto, el Ministerio de Justicia talibán advirtió que oponerse a esta ley será considerado “crimen religioso” y se procesará como tal.
