El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) pidió este lunes que los acuerdos de deportación y traslado de migrantes impulsados por Estados Unidos respeten el derecho al asilo y las normas internacionales de protección a refugiados.
El jefe de la agencia, Barham Salih, afirmó que cualquier mecanismo de traslado debe garantizar el acceso a procedimientos de asilo, así como el respeto al principio de no devolución, que prohíbe enviar a una persona a un lugar donde pueda enfrentar persecución, violencia o daños graves.
«Los acuerdos de traslado deben garantizar el acceso al asilo, respetar las garantías procesales y el principio de no devolución, lo que significa que ninguna persona que necesite protección internacional debe ser devuelta a ningún lugar donde corra el riesgo de sufrir daños», indicó Salih durante una conferencia de prensa virtual.
El alto funcionario añadió que «Los traslados solo pueden ser legales si cuentan con garantías solidas y respetan el principio de reparto de responsabilidades y no devolución».
Salih señaló que ACNUR no participó en la negociación de los acuerdos suscritos entre Estados Unidos y varios países africanos. Sin embargo, aseguró que la organización está dispuesta a colaborar para garantizar que cualquier medida relacionada con refugiados y solicitantes de asilo cumpla con el derecho internacional.
La reactivación de los vuelos de deportación hacia terceros países fue posible luego de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizara en junio de 2025 al gobierno del presidente Donald Trump a continuar con estas expulsiones, consideradas una de las principales medidas de su política migratoria.
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado la práctica. Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron que muchas personas deportadas carecen de asistencia jurídica adecuada y, en algunos casos, son recluidas en centros penitenciarios de máxima seguridad sin enfrentar cargos formales.
Las organizaciones también pidieron a los gobiernos africanos rechazar acuerdos migratorios con Estados Unidos, argumentando que estos exponen a los deportados a riesgos de detención arbitraria, malos tratos y posibles devoluciones forzadas a países donde podrían sufrir persecución o tortura.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha promovido una política de expulsiones aceleradas y ha firmado acuerdos con países como República Democrática del Congo, El Salvador, Esuatini, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, Guinea Ecuatorial y Sierra Leona para recibir migrantes deportados.
