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El Congreso de España retomará esta semana la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, que contempla restringir el acceso de menores de 16 años a determinadas redes sociales. La ponencia tiene previsto debatir el texto el martes en la Comisión de Justicia.

Las enmiendas  incorporan al Código Penal la manipulación de algoritmos destinada a amplificar contenidos perjudiciales. La propuesta incluye aquellos que inciten al suicidio o las autolesiones, material de abuso sexual infantil, falsificaciones digitales de carácter sexual y delitos de odio. Los directivos que conozcan estos efectos y no actúen podrían enfrentar responsabilidad penal, al igual que ante el incumplimiento de órdenes para retirar contenidos ilícitos.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, defendió recientemente que el Gobierno hizo «un esfuerzo» por «situar la responsabilidad donde corresponde», en «las grandes plataformas» y no en las familias.

«Esto no puede seguir siendo la ley de la selva. Por tanto, son las plataformas, son las redes sociales las que tienen que garantizar que el entorno es seguro y por tanto el límite lo tienen que gestionar ellos, no las familias. Es decir, nosotras lo que abogamos es por limitar el grado de acción de las grandes plataformas, de las tecnológicas y de los caudillos digitales», afirmó.

Rego se declaró «partidaria de hablar de regulación más que de prohibición» y sostuvo que, mientras se establece el nuevo marco, las autoridades deben ser más exigentes con el acceso de niños y adolescentes al entorno digital. También propuso medidas educativas, acompañamiento a las familias mediante la Estrategia Nacional de Entornos Digitales Seguros y alternativas fuera de las plataformas.

Los grupos parlamentarios comenzaron a estudiar la iniciativa antes del verano. Fuentes del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) expresaron entonces su satisfacción por el entendimiento alcanzado entre las formaciones de la mayoría progresista y por la incorporación de enmiendas y propuestas transaccionales socialistas al proyecto.

Entre los cambios planteados, PSOE y Sumar acordaron impedir a los menores de 16 años acceder a redes sociales que incluyan «contenidos dañinos para la infancia y adolescencia».

Las plataformas deberán demostrar ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que no emplean diseños adictivos, protegen la privacidad y ofrecen herramientas frente a contactos no deseados. Para utilizar las plataformas autorizadas, los menores de esa edad necesitarían además permiso de sus padres o tutores legales.

Contexto europeo

La discusión española coincide con iniciativas similares en otros países e instituciones europeas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el 16 de septiembre una propuesta para impedir el acceso a redes sociales a menores de 13 años en la Unión Europea y establecer restricciones hasta los 15 años, mediante cuentas supervisadas y configuraciones adaptadas a cada edad.

El Parlamento francés aprobó este verano una prohibición de redes sociales para menores de 15 años, cuya aplicación progresiva está prevista hasta el 1 de enero de 2027.