El grupo de países creado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para buscar una salida democrática a la crisis de Nicaragua enfrenta pocas posibilidades de alcanzar resultados concretos, debido a la negativa del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de reconocer al organismo hemisférico, según analistas y dirigentes opositores consultados por EFE.
La iniciativa surgió después de que Ortega anunciara el pasado 19 de julio que Nicaragua no celebraría más elecciones. Posteriormente, el Gobierno promovió una reforma constitucional para impedir la participación electoral de personas consideradas «traidores a la patria», una disposición dirigida contra la oposición. Ante esta situación, la OEA conformó un grupo integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Paraguay, Perú y Estados Unidos, con el propósito de impulsar elecciones con participación opositora y exigir la liberación incondicional de los presos políticos.
El académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), Carlos Murillo, considera improbable que las gestiones diplomáticas consigan modificar la postura del régimen nicaragüense.
«No veo posibilidades mayores de que puedan lograr algo concreto que sería, de acuerdo al objetivo de la OEA, restablecer la democracia en Nicaragua y celebrar elecciones con la participación de la oposición. Eso no se va a dar», declaró a EFE.
El especialista describió al Gobierno sandinista como «un régimen sultánico», que mantiene el control del Ejército, desmanteló a la oposición y se considera «inmune a muchas cosas».
Murillo también señaló que las autoridades nicaragüenses difícilmente permitirán el ingreso del grupo ministerial, debido a que Nicaragua no pertenece ni reconoce a la OEA, organismo «y que, como lo dice Ortega, forma parte del imperio». Según la resolución aprobada el 2 de octubre, el grupo dispone de hasta 60 días para presentar recomendaciones ante la Reunión de Consulta.
Las propuestas deberán contemplar medidas diplomáticas y jurídicas que excluyan el uso de la fuerza y respeten la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, los instrumentos de derechos humanos y el derecho internacional.
Por su parte, el dirigente opositor nicaragüense desnacionalizado Félix Maradiaga aseguró que no esperan «gestos de buena voluntad de Ortega y Murillo», debido a los antecedentes de negociaciones con el Gobierno.
Según el opositor, ambos mandatarios «que han utilizado repetidamente el diálogo como una herramienta de manipulación: se sientan cuando necesitan ganar tiempo, prometen cuando necesitan aliviar presiones y desconocen sus compromisos cuando creen que han recuperado el control». También advirtió: «Conocemos demasiado bien a Ortega y Murillo como para creer que una nueva resolución internacional, por sí sola, hará entrar en razón a una pareja que ha convertido al Estado nicaragüense en un instrumento de dominación familiar».
Maradiaga planteó que el grupo ministerial debería impulsar una estrategia internacional que combine presiones políticas, diplomáticas y económicas, acompañadas de incentivos verificables para una eventual apertura democrática.
«Si se niegan a dialogar, esa negativa debe tener consecuencias. No podemos permitir que su falta de cooperación se convierta en una especie de derecho de veto sobre la actuación internacional», manifestó.
Además, consideró que «Estados Unidos tiene instrumentos económicos importantes, incluyendo la posibilidad de revisar selectivamente los beneficios comerciales que favorecen a sectores vinculados al régimen» y recordó que «también existen mecanismos de sanciones específicas, restricciones financieras y acciones diplomáticas multilaterales».
El disidente sandinista, economista y exdiputado Enrique Sáenz también cuestionó la posibilidad de que las gestiones diplomáticas produzcan cambios en Nicaragua.
«A estas alturas Ortega ha demostrado de manera pública y notoria dos determinaciones: primero, su voluntad de aferrarse al poder, literalmente, a sangre y fuego», afirmó, al señalar como segunda determinación la intención de establecer una dinastía familiar. «Con estos antecedentes es ilusorio pensar que Ortega se moverá con solo gestiones diplomáticas», agregó.
Sáenz también cuestionó la ausencia de varios países centroamericanos en el grupo de la OEA, particularmente El Salvador, Honduras, Guatemala, República Dominicana y Panamá.
Para Sáenz, la limitada participación de los países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) representa una debilidad de la iniciativa diplomática.
«Es que la conformación del grupo de la OEA nació con una debilidad congénita: Salvo Costa Rica, no se integró ninguno de los miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Brillan por su ausencia El Salvador, Honduras, Guatemala, República Dominicana y Panamá. ¿Cuáles son las razones de estas ausencias?», cuestionó.
El exdiputado concluyó «que Ortega no se moverá un centímetro sin presiones reales y salvo Estados Unidos, ninguno de los integrantes del grupo dispone de mecanismos de presión que puedan mover la voluntad del dictador», por lo que considera insuficiente una estrategia basada exclusivamente en el diálogo.