La Asamblea Legislativa autorizó este martes, con 60 votos, la contratación de dos préstamos por un monto total de $61.3 millones, fondos que serán destinados a la implementación del “Programa de Desarrollo Económico Sostenible, Inclusivo y Nutricional de las Zonas Rurales (PROGRESAR Rural)”.
La ejecución del programa estará a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y tiene como objetivo impactar a 74,000 familias del sector agrícola, mejorando su acceso a infraestructura de riego, tecnología productiva, servicios ecosistémicos y herramientas para fortalecer sus ingresos y el acceso al sistema financiero.
El plan de desarrollo tendrá una cobertura nacional, con énfasis en las cuencas que alimentan distritos de riego en Zapotitán y Atiocoyo Sur, en el departamento de La Libertad; Atiocoyo Norte en Chalatenango; y Lempa Caguaca, en Usulután y San Vicente.
Durante la discusión del dictamen, el diputado Christian Guevara afirmó que el financiamiento busca “incrementar los ingresos, la resiliencia y la seguridad alimentaria de los hogares rurales vulnerables, mediante prácticas agrícolas sostenibles, un mejor acceso a mercados y estrategias de adaptación al cambio climático, también el beneficio a mujeres rurales, cabezas de hogar”.
Por su parte, el legislador Reynaldo Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN), valoró el apoyo al agro salvadoreño: “Me alegra que con el programa se apoyará a Chalatenango, especialmente a Atiocoyo, en el sistema de riego. La agricultura hay que reactivarla. Se dice que en 2026 tendremos un déficit de comida, no solo en el país, sino a nivel internacional, que habrá un 8 % de déficit. Por eso es fenomenal activar la agricultura nacional”.
La diputada Cesia Rivas, del partido Vamos, también respaldó la iniciativa señalando que “los agricultores necesitan, de manera urgente, que la ayuda les llegue. De cada diez salvadoreños, siete dicen que les preocupa la economía, les preocupa la comida. Así que, como grupo parlamentario, una vez más, estamos a favor de todo aquello que pueda llegar a la gente más vulnerable… la seguridad alimenticia es un derecho humano”.
Ambos préstamos fueron aprobados de forma separada, con 60 votos en cada uno de los dictámenes.