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Etiqueta: soborno

  • EEUU acusa a empresa Smartmatic de sobornar a exjefa del CNE de Venezuela

    EEUU acusa a empresa Smartmatic de sobornar a exjefa del CNE de Venezuela

    El fundador de la empresa tecnológica electoral Smartmatic, el venezolano-estadounidense Roger Piñate, fue acusado este martes por fiscales de Estados Unidos de sobornar a la expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Tibisay Lucena Ramírez, en 2019, a cambio de obtener beneficios contractuales con el gobierno de Nicolás Maduro.

    De acuerdo con documentos judiciales presentados en la Corte del Distrito Sur de Florida, Piñate transfirió a Lucena una residencia ubicada en Caracas entre abril y julio de 2019, como parte de un presunto esquema de sobornos y lavado de dinero. La vivienda —descrita como una casa de clase media alta con piscina— habría sido entregada mediante una corporación extranjera controlada por el empresario.

    Según la acusación, “Piñate sobornó a Lucena Ramírez con las escrituras y el uso de la residencia para que ayudara a resolver un conflicto con el Gobierno venezolano tras las elecciones de 2017”, cuando Smartmatic denunció una diferencia de un millón de votos entre los resultados reales y los anunciados por el chavismo en la Asamblea Nacional Constituyente.

    A raíz de esa denuncia, la administración de Maduro suspendió los contratos y pagos a Smartmatic, que había operado en el país desde 2004 hasta marzo de 2018, brindando servicios de tecnología electoral. La ayuda de Lucena, quien presidió el CNE de 2006 a 2020, habría sido clave para intentar revertir esa situación.

    El documento judicial afirma que Lucena finalmente tomó control de la propiedad, y el Gobierno de EE.UU. planea demostrar que esto constituyó un pago ilegal para asegurar la continuidad de Smartmatic como proveedor de servicios electorales en Venezuela.

    Este caso forma parte de una investigación más amplia contra Piñate, quien también enfrenta cargos junto a otros tres individuos: Jorge Miguel Vásquez (EE.UU.), Elie Moreno (EE.UU.-Israel) y Juan Andrés Donato (Filipinas), por presuntos sobornos relacionados con las elecciones en Filipinas en 2016.

    Smartmatic, empresa con sede en Londres, ha prestado servicios electorales en países como México, Estados Unidos y Venezuela. En EE.UU., la firma también es conocida por su demanda por $2,700 millones contra Fox News, tras alegar difamación por acusaciones infundadas que la vincularon con un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2020, impulsado por el presidente Donald Trump.

     

  • Condena a Álvaro Uribe agita política colombiana a meses de elecciones

    Condena a Álvaro Uribe agita política colombiana a meses de elecciones

    La condena en primera instancia al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, remeció el escenario político colombiano justo en vísperas de un año electoral clave, en el que se renovará el Congreso y se elegirá al nuevo presidente del país.

    La sentencia, leída por la jueza Sandra Heredia, convierte a Uribe en el primer expresidente colombiano condenado penalmente, y podría representar un golpe significativo para su partido, el Centro Democrático, aunque también podría reavivar su base de apoyo más fiel. Figuras como la senadora Paloma Valencia aseguraron que esta es “una batalla que ganaremos en 2026 con la ayuda de los colombianos y de Dios”.

    Colombia celebrará elecciones legislativas el 8 de marzo de 2026 y las presidenciales el 31 de mayo. En caso de ser necesaria, la segunda vuelta se desarrollará el 21 de junio.

    Según el analista político Yann Basset, el impacto electoral de la condena será limitado. A pesar de su relevancia histórica y simbólica, Uribe ya no ocupa el centro del debate público como lo hacía en décadas anteriores, y la derecha colombiana ha diversificado sus liderazgos más allá del Centro Democrático.

    Uribe enfrenta una posible sentencia de entre cuatro y ocho años de prisión, probablemente en modalidad de detención domiciliaria, aunque la fiscal del caso, Marlenne Orjuela, ha solicitado que la pena sea mayor: nueve años. La defensa apelará el fallo el próximo 11 de agosto y el Tribunal Superior de Bogotá tiene hasta el 16 de octubre para pronunciarse en segunda instancia.

    Por otro lado, la condena ha puesto en el foco al senador de izquierda Iván Cepeda, reconocido como víctima en el proceso y señalado como posible aspirante presidencial por sectores que celebran la decisión judicial. Cepeda, sin embargo, afirmó que una eventual candidatura suya sería independiente del fallo: “El juicio fue una decisión en derecho y debe analizarse como tal”, indicó en entrevista.

    El proceso judicial contra Uribe se remonta a 2012, cuando él mismo denunció a Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Sin embargo, el caso se volvió en su contra, en un efecto búmeran que terminó por involucrarlo en delitos relacionados con el intento de manipulación de testigos y el uso indebido del sistema judicial.

  • Álvaro Uribe conocerá este lunes fallo judicial por soborno y fraude procesal

    Álvaro Uribe conocerá este lunes fallo judicial por soborno y fraude procesal

    El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) sabrá este lunes si será condenado o absuelto por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal, en un juicio que mantiene expectante al país y que podría convertirlo en el primer exmandatario colombiano condenado penalmente.

    La encargada de dictar el veredicto será la jueza 44 penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, quien dará lectura al fallo en el complejo judicial de Paloquemao, luego de cinco meses de audiencias y del análisis de un expediente de miles de páginas.

    El caso contra Uribe, de 73 años y líder del partido Centro Democrático, se originó en 2012 cuando el expresidente denunció ante la Corte Suprema al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Sin embargo, la Corte no investigó al congresista de izquierda, sino que inició un proceso contra el propio Uribe por presuntamente influenciar a testigos para que no declararan en su contra sobre vínculos con el paramilitarismo.

    En este juicio, Uribe enfrenta cargos en calidad de “determinador”, es decir, como instigador de los delitos cometidos por terceros. De ser hallado culpable, podría enfrentar una condena de entre seis y doce años de prisión. Cabe recordar que en 2020 fue sometido a detención domiciliaria preventiva durante 67 días.

    Las posturas de la defensa y la víctima

    El abogado Jaime Granados, defensor de Uribe, ha reiterado que su cliente nunca ordenó sobornar testigos y que su único objetivo fue defender su honra. Por otro lado, Reinaldo Villalba, abogado del senador Cepeda —reconocido como víctima en el proceso—, ha señalado que el caso está sustentado en pruebas sólidas.

    Tras su retiro del Senado en 2020, Uribe pasó a ser juzgado por la justicia ordinaria. Aunque inicialmente la Fiscalía no encontró méritos para formular cargos, en 2024 presentó la acusación formal.

    Si la jueza Heredia declara culpable al expresidente, se abrirá un incidente de reparación integral para determinar los daños y el monto de la pena. No obstante, esa pena no será anunciada este mismo lunes.

    Cualquiera que sea el veredicto, se espera que la parte perdedora apele la decisión, lo que extendería el proceso a una segunda instancia ante el Tribunal Superior de Bogotá. De ahí, el caso podría incluso llegar a la Corte Suprema de Justicia, última instancia en Colombia, cuya decisión será definitiva.

    El juicio a Álvaro Uribe no solo tiene implicaciones legales, sino también políticas, ya que ocurre en la antesala de un nuevo ciclo electoral en Colombia, donde su figura aún genera fuertes divisiones.