Guatemala se mantiene en una situación de «restricción» para el ejercicio del periodismo, lastrada por un «terrorismo judicial» que contradice la apertura del Gobierno, según el último Índice Chapultepec elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
El país centroamericano obtuvo una calificación de 45,20 puntos sobre 100, situándose en el puesto 13 de la clasificación regional, de acuerdo con el documento publicado este martes por la gremial periodística.
Aunque escaló cuatro posiciones respecto al informe anterior, el reporte advierte sobre un «terrorismo judicial» encabezado por el Ministerio Público (Fiscalía) y las cortes, que utilizan el derecho penal para criminalizar y silenciar voces críticas, forzando a periodistas a la autocensura o al exilio.
El informe destaca que, pese a la retórica de protección del Gobierno de Bernardo Arévalo de León, el sistema de justicia y el Legislativo ejercen la mayor influencia negativa sobre la libertad de expresión.
El asesinato del comunicador Ismael Alonzo González, el pasado 21 de marzo de 2025, y la desaparición de Milton René Polanco Orellana, entre febrero y mayo de 2025, ejemplifican la vulnerabilidad del gremio.
Además, el organismo alerta sobre iniciativas legislativas, como la Ley de Ciberseguridad, que amenazan con restringir la libre emisión del pensamiento en el entorno digital.
Para la organización regional de prensa, la supervivencia del periodismo independiente en Guatemala depende hoy más de la resistencia civil y la presión internacional que de las garantías que el Estado está ofreciendo actualmente.
En Guatemala, el periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín permaneció en prisión preventiva desde julio de 2022 hasta febrero de 2026, acumulando casi cuatro años tras las rejas. Actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario por cargos que no han sido probados.
