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  •  Socorro Jurídico registra 450 muertes en cárceles salvadoreñas bajo régimen de excepción

     Socorro Jurídico registra 450 muertes en cárceles salvadoreñas bajo régimen de excepción

    La organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH) informó que al menos 450 personas han fallecido bajo custodia del Estado en diferentes cárceles de El Salvador desde que inició el régimen de excepción en marzo de 2022.

    La directora de SJH, Ingrid Escobar, confirmó este lunes que la cifra corresponde a casos verificados hasta el 31 de octubre de 2025.

    “El último caso registrado por la organización se trata del joven Humberto Adonay Mónico, de 35 años, que murió en el centro penal La Esperanza y su cuerpo presentaba signos de violencia, un golpe a nivel de cráneo y otro en la costilla”, denunció Escobar en declaraciones compartidas a la agencia EFE.

    La ONG señaló que la mayoría de muertes ocurrieron en los centros penales de Izalco, Mariona (La Esperanza) y Apanteos, y que muchas de las víctimas carecían de antecedentes por vínculos con estructuras criminales.

    “Según nuestros registros, el 94 % de los fallecidos no tenían perfil de pandilleros”, aseguró la directora del SJH, quien también alertó que la cifra real de muertes bajo custodia podría superar los 1,000 casos, debido a una supuesta falta de transparencia en los procesos judiciales masivos.

    La organización acusó al sistema judicial de intentar ocultar parte de esta información en los denominados juicios colectivos, permitidos desde 2023 tras una reforma penal aprobada por la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo. Dicha reforma permite juzgar a grupos completos por vínculos con pandillas, eliminando los procesos individuales.

    El régimen de excepción fue aprobado en marzo de 2022, tras un repunte de violencia que dejó más de 80 asesinatos en un fin de semana. Desde entonces, el Gobierno ha capturado a más de 89,900 personas, logrando una notable reducción en los índices de homicidios, según datos oficiales.

    No obstante, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias, torturas, y fallecimientos dentro del sistema penitenciario salvadoreño bajo este régimen.

    A pesar de las denuncias, el Gobierno ha negado en múltiples ocasiones, incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la existencia de torturas o muertes en prisión, asegurando que las acciones forman parte de una política de “mano dura” contra las pandillas.

     

  • Sube a 447 las muertes de reos durante el régimen de excepción, según Socorro Jurídico

    Sube a 447 las muertes de reos durante el régimen de excepción, según Socorro Jurídico

    El número de privados de libertad que han muerto en centros penitenciarios de El Salvador alcanzó los 447 casos, según el último reporte de Socorro Jurídico Humanitario (SJH), desde el inicio del régimen de excepción, en marzo de 2022.

    «Lamentamos informar que la cifra de fallecidos, después de haber sido detenidos por el Estado, sube a 447 víctimas mortales», público Socorro Jurídico en su cuenta de X.

    De acuerdo con los registros que la organización posee sobre las muertes en centros penitenciarios, señalan que el 94 % de los reos no tenían un perfil de pandillero y fallecieron sin haber sido presentados ante un juez tras su captura.

    Asimismo, SJH señaló que las principales causas de las muertes de los reos han sido por violencia y negligencia médica por parte de los custodios en los centros penitenciarios.

    «La mitad de las víctimas fueron homicidios agravados, la otra mitad por negación de tratamiento médico. Importante destacar que las últimas víctimas han muerto días después de su liberación debido a sus cuadros extremadamente graves de salud», manifestó la organización.

    Socorro Jurídico ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por la falta de medidas para proteger a la población carcelaria, en el marco del régimen de excepción, que sostienen es vulnerable debido a las restricciones impuestas por dicha medida de excepción. Además, afirmaron su postura que la cifra de muertes puede superar los 1,000 casos, debido a que no se cuentan con cifras oficiales.

    El Centro Penal de Izalco, La Esperanza (Mariona), Apanteos, Quezaltepeque y la Granja de Zacatecoluca son las principales cárceles salvadoreñas, donde la organización han contabilizado la mayoría de las muertes.

    El Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) público en su cuenta de X, sobre el fallecimiento de un hombre identificado como Manuel Mira, quien fue capturado el 23 de agosto de 2024.

    Según, exponen Mira fue excombatiente del FMLN conocido con el seudónimo de “Manolo”, y quien tenía más de 30 años de trabajar en el magisterio, en el que ocupó cargos de director del Complejo Educativo Joaquín Rodezno de San Salvador, así como del Centro Escolar República de Chile. El movimiento aseguró que el docente murió «por falta de atención médica oportuna y de calidad».

    El régimen de excepción cumplió tres años el 27 de marzo de 2025, y a su prórroga número 42, en la que se reportan más de 88,000 personas detenidas señaladas de pertenecer o colaborar con las pandillas bajo dicha medida.

    La medida de seguridad se aplicó luego que 87 personas fueron asesinados por parte de las pandillas, entre el 25 al 27 de marzo del año 2022.

    El pasado 12 de septiembre, al menos 80 organizaciones en Estados Unidos y a nivel internacional expresó, a través de un comunicado, su rechazo sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado y solicitaron que el Gobierno de El Salvador libere a las personas capturadas sin pruebas durante el régimen de excepción.

  • Algunas organizaciones no se inscribirán el Registro de Agentes Extranjeros por funcionar con voluntariado

    Algunas organizaciones no se inscribirán el Registro de Agentes Extranjeros por funcionar con voluntariado

    El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) y la Mesa por una Pensión Digna, Movimiento Indígena para la Articulación de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA), así como el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) no pidieron inscribirse en el nuevo Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) creado por el Gobierno de El Salvador porque no reciben fondos extranjeros.

    “Nosotros no recibimos fondos del extranjero y, si así fuese, no inscribiría a la Mesa porque es un atentado hacerlo, debido a que van a buscar control contra nosotros”, respondió Patricio Pineda, representante de la Mesa por una Pensión Digna, ante la pregunta si se inscribirían.

    Pineda reveló que la Mesa hace un esfuerzo de autofinanciamiento o voluntariado. “Compramos cositas para vender y vamos a las comunidades, muchos de nuestros miembros creen en nuestro proyecto y ellos voluntariamente aportan económicamente, y yo que pongo de mi bolsa”, detalló.

    Por su parte, la representante del SJH, Ingrid Escobar, advirtió que no percibirán donaciones del extranjero ya que se mantienen del voluntariado.

    “Somos un equipo de voluntarios, no nos vamos a inscribir por el momento”, señaló Escobar, quien reside en el extranjero por temor a represalias por sus críticas al gobierno. Actualmente, la SJH únicamente apoya a familiares de personas capturadas durante el régimen de excepción y las representa en demandas de hábeas corpus que son presentadas ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

    Escobar, quien usualmente es crítica del gobierno actual, explicó que el respaldo jurídico en las demandas de habeas corpus no requiere financiamiento.

    El Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) tampoco solicitó la inscripción en el RAEX, que abrió el periodo de inscripción desde el 9 de junio, dos días después del inicio de la vigencia de la ley.

    Samuel Ramírez, representante del Movir, explicó que esta no es una organización no gubernamental (ONG u oenegé) ya que surgió desde un inicio como un movimiento temporal y que se iba a mantener mientras durara el régimen. “La lucha es legítima”, sostuvo. El régimen de excepción está por cumplir tres años y medio.

    Ramírez también es crítico de la nueva ley que busca fiscalizar a las organizaciones que reciben fondos extranjeros.

    “La idea de esta ley es tratar de bloquear, eliminar aquellas organizaciones incómodas, nosotros ni siquiera intentamos inscribirla porque no era la intención formar una oenegé, sino un movimiento de víctimas que luchara con las víctimas durante el régimen, pensando en que iba a durar poco tiempo, resulta que lleva más de tres años”, indicó. Agregó que tampoco es que sean ilegales.

    Por su parte, Ángel Flores, coordinador de MILPA, informó que tampoco se inscribirán porque no reciben fondos del extranjero. “MILPA es un sindicato de trabajadores y trabajadoras del campo indígena, que se sostiene por las aportaciones de sus miembros”, explicó.

    El representante de MILPA cree que la nueva Ley de Agentes Extranjeros “obstaculizará el trabajo de organizaciones no gubernamentales que atienden temas sensibles o vinculados a los derechos humanos y de fortalecimiento organizativo de las comunidades o de grupos vulnerables” y puede ser “ser instrumentalizada para criminalizar o perseguir” a oenegés “bajo el supuesto de que realizan trabajo político”.

    Según Flores, esta normativa también estaría facultando al Gobierno “apropiarse de fondos de la cooperación internacional”.

    Otras organizaciones esperan su inscripción en el RAEX. La Fundación Comunicándonos y Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (Tracoda), Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (Fudecen), Colectivo Feminista, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) y la asociación Cristosal pidieron registrarse en el RAEX como agentes extranjeros, aunque Funde y Cristosal no solicitar ser calificadas como “sujetos excluidos” del pago del impuesto del 30 % sobre las donaciones o transferencias extranjeras que reciban.

  • Organizaciones rechazan reelección de Raquel Caballero como procuradora para Defensa de Derechos Humanos

    Organizaciones rechazan reelección de Raquel Caballero como procuradora para Defensa de Derechos Humanos

    Organizaciones rechazaron que Raquel Caballero de Guevara busque nuevamente su reelección como procuradora para la Defensa de Derechos Humanos, ya que señalan que su trabajo ha sido «todo lo contrario».

    Sergio Arauz, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), cuestionó que Caballero de Guevara busque reelección y señala que el gobierno la tiene en el puesto para «callar y encubrir».

    «No ha hecho ningún trabajo en defensa de los derechos humanos, no he podido encontrar ningún pronunciamiento suyo sobre los cientos, quizá miles, de denuncias de abusos y violaciones a derechos humanos cometidas en los últimos 6 años del mandato. Está ahí para callar y encubrir, tal cual demuestra su silencio, su paso por dicha institución cumple casi al calco con el significado de la palabra pusilánime», cuestionó.

    El periodista agregó que, de los otros cuatro aspirantes a ocupar el puesto de procurador, aparte de Guevara, solo tiene referencias de Roswall Solórzano, a quien también cuestiona.

    «No conozco el perfil de las cinco personas que están aspirando, pero dos sí son caras conocidas por sus vicios y mañas. Una es funcionaria ligada al partido más cuestionado del espectro, Gana, y el otro es un sindicalista que se arrodilla al gobernante de turno», criticó.

    Arauz dice que solo hay que recordar cuando Caballero de Guevara fue procuradora por primera vez entre 2016 y 2019, cuando se conoció la contratación de un familiar en la institución.

    «Raquel Caballero de Guevara cumple con el perfil de ‘los mismos de siempre’, acuñado por el mismo partido de gobierno. Basta recordar la señora Caballero, estuvo EN ese cargo entre septiembre de 2016 y septiembre de 2019 gracias a un reparto de cuotas entre Arena, el FMLN y Gana. Volvió y quiere mantenerse en esa institución, pese a que ya ha sido declarada culpable de nepotismo y condenada al pago de multas por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG)», aseveró el presidente de APES.

    Por su parte, Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico Humanitario (SJH), dijo no sorprenderse de que la procuradora busque la reelección y que seguramente será la elegida porque «ha hecho la plana tal y como se la ha dictado» Nayib Bukele, que para ella ha sido «ser adorno» y «abandonar a las víctimas que todos los días acuden a la PDDH a denunciar violaciones de derechos humanos» ya que reciben «dilación en los procesos, negación de esas violaciones e incluso criminalización».

    Para Patricio Pineda, miembro de la Mesa por una Pensión Digna, Caballero de Guevara debería responder preguntas sobre denuncias de violación de derechos humanos, como: ¿por qué no ha acompañado las demandas de habeas corpus de pesronas detenidas bajo el régimen de excepción?, ¿cuál ha sido su papel de los más de 430 fallecidos en custodia del Estado?, ¿por qué no ha dicho nada por la persecución contra periodistas y su salida del país?, ¿por qué  no se ha pronunciado sobre la expropiación en comunidades?

    Por su parte, Samuel Ramírez, representante del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), consideró «lamentable» que Caballero de Guevara busque la reelección en la PDDH cuando su trabajo ha sido nulo.

    «Es lamentable, pues ella ha tenido un papel totalmente contrario a defender a las víctimas de violaciones de sus derechos humanos, creo que no merece pretender continuar en el cargo. Por dignidad, debería mejor apartarse. Pero creo que es la misión que tiene ella. El presidente no va a querer poner a otra persona porque ella es de mucha confianza», dijo Ramírez.

    El líder de Movir señaló que lo mismo sucedió con el titular de la Procuraduría General de la República, René Escobar, de quien consideró que «ha actuado opuesto a las víctimas» y fue reelecto.

  • Socorro Jurídico critica informe de EE.UU. sobre derechos humanos en El Salvador

    Socorro Jurídico critica informe de EE.UU. sobre derechos humanos en El Salvador

    La abogada Ingrid Escobar, directora de la ONG Socorro Jurídico Humanitario, cuestionó que el informe anual de derechos humanos del Departamento de Estado de EE.UU. correspondiente a 2024 “omite una enorme cantidad de denuncias” sobre abusos cometidos en El Salvador.

    El documento, publicado con varios meses de retraso por la Administración de Donald Trump, eliminó críticas dirigidas a El Salvador, Israel y Rusia, mientras aumentó los señalamientos contra Brasil y Sudáfrica.

    En el caso salvadoreño, el reporte sostiene que “no hubo informes creíbles de violaciones significativas de derechos humanos”, en contraste con el informe de 2023, que sí documentó casos de tortura y malas condiciones en las cárceles.

    Para Escobar, este cambio “matiza” la situación penitenciaria en el país y pasa por alto la existencia de más de 1.000 muertes en centros penales, de las cuales el SJH ha confirmado 433, muchas ocurridas antes de que los reclusos tuvieran derecho a una segunda audiencia. “No se le da la importancia debida a las muertes extrajudiciales en las cárceles”, advirtió.

    La directora del SJH también denunció que EE.UU. envió a más de 200 venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), acusados de integrar el Tren de Aragua, y señaló que este penal funciona “como un campo de concentración” donde se han documentado torturas y tratos crueles.

    Escobar sostuvo que Washington evita reflejar la magnitud de las violaciones de derechos humanos en El Salvador debido a su alianza coyuntural con el gobierno salvadoreño en materia de control migratorio. “Poner la verdad en el informe sería aceptar una culpa”, concluyó.

     

  • Socorro Jurídico Humanitario reporta que muertos en cárceles no tenían condena

    Socorro Jurídico Humanitario reporta que muertos en cárceles no tenían condena

    Los más de 430 detenidos que han muerto en diferentes cárceles de El Salvador, bajo custodia de agentes del Estado en el contexto de la implementación de un régimen de excepción contra las pandillas, eran personas que no recibieron una condena por los delitos que las autoridades les atribuían, lo que «se traduce en una grave violación a los derechos humanos» de estas personas.

    Así lo expresó telefónicamente a EFE la abogada Ingrid Escobar, directora de la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH), que brinda asistencia legal gratuita a familiares de personas detenidas y que lleva un registro de las muertes en cárceles del país.

    El Socorro Jurídico reportó el lunes la muerte número 433, se trata de un hombre, según informó en sus redes sociales.

    De acuerdo con la organización, el 94 % de las personas fallecidas «no tenía perfil de pandillero, murieron bajo tutela del Estado y en total impunidad», también advierte que «la cifra de muertes puede superar las mil».

    Para Escobar, el Gobierno «resta importancia» a estas muertes y «las justifica» con que «en las cárceles siempre ha habido personas que mueren».

    Según la abogada, «es normal que mueran personas condenadas, que después de 10, 20 o 30 años adquieren enfermedades y mueren. Lo que no es normal es la cantidad de gente procesada por organizaciones ilícitas que solo hayan tenido derecho a una audiencia, se les decreta medidas de detención provisional y mueran antes de llegar a un juicio».

    La directora del SJH explicó que del total de personas detenidas durante el régimen de excepción -alrededor de 90,000- «40,000 son inocentes y de esas tenemos más de 400 fallecidos, que no tuvieron derecho a una segunda audiencia porque o los mataron los custodios (guardias) o los dejaron morir de inadmisión, enfermedades no tratadas, entre otras causas».

    Si bien la medida de régimen de excepción goza de un amplio respaldo por su impacto en la reducción de la violencia en el país, ha sido cuestionada no solo por miles de denuncias de violaciones a derechos, incluidas muertes bajo custodia estatal.

    El Socorro Jurídico Humanitario envió a la Corte Penal Internacional (CPI) un informe sobre la implementación de la medida en el país centroamericano y sobre muertes reportadas por ONG de personas encarceladas en custodia de agentes de Seguridad del Estado.

    La medida fue aprobada como extraordinaria en marzo de 2022, tras un fin de semana con más de 80 homicidios, y, de acuerdo con el Gobierno, ha permitido combatir a las maras, liberar territorios del dominio pandilleril y reducir significativamente los homicidios en el país, considerado por años como uno de los más violentos del mundo.

    No obstante, diversos analistas consideran que la medida se ha convertido en la principal y única apuesta del Gobierno contra las pandillas y en un mecanismo «permanente -y no temporal- de control social».

  • Movir denuncia muerte de reos por altas temperaturas y hacinamiento en penal de Izalco

    Movir denuncia muerte de reos por altas temperaturas y hacinamiento en penal de Izalco

    El Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir) denunció este lunes la muerte de al menos dos personas privadas de libertad en el Centro Penitenciario de Izalco, en Sonsonate, a causa de las altas temperaturas y el hacinamiento que se vive en el interior del penal.

    Samuel Ramírez, vocero de la organización, señaló que se trata de dos adultos mayores, quienes fueron llevados al Hospital Nacional de Sonsonate «Dr. Jorge Mazzini Villacorta», luego que fueran ingresados desde dicho recinto penitenciario.

    «El fin de semana pasado se dio un incidente, privados de libertad que fueron trasladados al hospital Mazzini, donde se confirmó que han fallecido dos personas producto del calor y de la falta de oxígeno. Murieron dos adultos mayores», declaró Ramírez en una conferencia de prensa este lunes.

    De acuerdo con los reportes de Movir también fueron trasladados otros 25 reos, que resultaron afectados por las altas temperaturas que azotan al territorio salvadoreño. El vocero de la organización dijo que se trató de jóvenes recién trasladados al penal que reportaron problemas de salud.

    Ramírez lamentó que no exista pronunciamiento oficial del Estado sobre el fallecimiento de reos, por lo que hace el llamado a que se informe de manera transparente sobre la situación que se vive al interior de los centros penitenciarios del país.

    «Eso es a lo que las madres les angustia porque no saben la verdad de cuantos son los muertos en realidad, cuántas son las personas que han salido con problemas y quienes son, con sus nombres».
    Samuel Ramírez, vocero de Movir.

    El penal de Izalco ha sido señalado por organizaciones nacionales e internacionales de presentar altos niveles de hacinamiento, agravados tras las capturas realizadas bajo el régimen de excepción. «Hay un hacinamiento desbordante y eso va a colapsar dentro de poco, más el calor que sentimos nosotros que llevamos una vida normal, ya no digamos esas celdas con este calor, eso es terrible», expresó el vocero de Movir.

    Más de 400 muertes

    Hasta el 20 de julio de 2025, el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) reportó la muerte de 430 privados de libertad desde que se aprobó el régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022.

    «Lamentamos informar que la cifra de víctimas mortales sube a 430 salvadoreños sin derecho a una segunda audiencia, antes de dicha audiencia les llegó la muerte», publicó la organización en su cuenta de X.

    La organización sostiene que el 94 % de los reos no tenían un perfil de pandillero y fallecieron sin haber sido presentados ante un juez tras su captura.