Durante el primer semestre de 2026, la Procuraduría General de la República (PGR) registró un total de 7,921 cuotas alimenticias fijadas, una cifra que equivale al 952 % de todo lo resuelto durante los doce meses de 2025, cuando se reportaron 832 fijaciones. El dato forma parte de un acumulado de 9,238 cuotas alimenticias fijadas entre enero de 2024 y junio de 2026 a nivel nacional.
De acuerdo con los registros de la institución, la resolución de expedientes venía de contabilizar 485 cuotas fijadas en 2024 y 832 en 2025, antes del marcado incremento observado en la primera mitad de 2026 a través del sistema de avisos electrónicos.
Del total acumulado en este período, el 86.5 % (7,993) corresponde a cuotas definitivas, montos establecidos tras concluir el proceso legal, mientras que el 13.5 % (1,245) son provisionales. Específicamente entre enero y junio de 2026, 6,842 resoluciones fueron definitivas y 1,079 provisionales.
En cuanto a la demanda de asistencia legal, la PGR atendió 25,833 solicitudes para la fijación de cuota alimenticia entre 2024 y junio de 2026. De esta cifra, 23,963 solicitudes fueron promovidas por mujeres (92.8 %), mientras que los hombres presentaron únicamente 1,870 trámites (7.2 %).
En contraste, al analizar quiénes asumen la responsabilidad financiera impuesta por ley, en el 95.2 % de los casos donde se fijó la cuota (8,792 de 9,238), los hombres figuraron como las personas obligadas al pago, frente a solo un 4.8 % (446) de mujeres deudoras.
Los registros también reflejan que la inmensa mayoría de las solicitudes son iniciadas por mujeres de 18 a más de 60 años en representación de sus hijos (5,159 solicitudes solo en el primer semestre de 2026), mientras que las demandas presentadas de forma directa por la niñez y adolescencia representan un porcentaje mínimo.
San Salvador y La Libertad concentran las demandas
A nivel territorial, los departamentos de San Salvador y La Libertad reúnen el 45.4 % de todas las solicitudes de asistencia legal recibidas por la PGR. En términos específicos, San Salvador concentró el 32.63 % de las solicitudes (8,430) y La Libertad el 12.74 % (3,290).
Respecto a las cuotas efectivamente fijadas por sede de la PGR, la oficina de San Salvador encabeza la lista con el 30.96 % (2,860), seguida por Santa Tecla con 739 (8.00 %), Zacatecoluca con 716 (7.75 %) y Santa Ana con 620 (6.71 %). Adicionalmente, el informe detalla que 1,421 casos (15.38 %) no tienen domicilio asignado y 137 casos (1.48 %) corresponden a expedientes tramitados desde el exterior, en países como Estados Unidos, Guatemala, Italia, Panamá y España.
El derecho a la pensión alimenticia se encuentra regulado en los artículos 253 y 254 del Código de Familia, los cuales establecen la obligatoriedad de proporcionar alimentos en proporción a la capacidad económica del alimentante y las necesidades de la persona receptora.
Ante el incumplimiento de la cuota asignada, la PGR realiza la verificación de la deuda e investigación de bienes. De persistir el impago, la ley faculta la aplicación de medidas administrativas restrictivas, tales como:
- Bloqueo o retención del pasaporte.
- Imposibilidad de renovar la licencia de conducir y la tarjeta de circulación vehicular.
- Denegación de préstamos mercantiles en el sistema financiero.
Finalmente, cuando se agotan los mecanismos administrativos de cobro, la PGR remite el expediente a la Fiscalía General de la República (FGR) para promover el proceso penal por el delito de Incumplimiento de los deberes de asistencia económica, tipificado en el artículo 201 del Código Penal.