S&P Global Ratings ratificó las calificaciones soberanas de El Salvador en ‘B-‘ a largo plazo y ‘B’ a corto plazo, tanto en moneda extranjera como local, y mantuvo la perspectiva estable, según su evaluación publicada el 27 de agosto. La agencia sostuvo además en ‘AAA’ su evaluación de transferencia y convertibilidad.
La calificadora explicó que la perspectiva estable combina una mejora de la situación fiscal y económica del país y mayores alternativas de financiamiento con la incertidumbre sobre la forma en que el Gobierno atenderá un fuerte incremento del servicio de la deuda durante 2027. S&P considera que un cumplimiento de las obligaciones con los fondos privados de pensiones sin pérdidas de valor para los acreedores fortalecería la calidad crediticia del soberano.
Entre los factores favorables, S&P señaló que la mejora de las condiciones de seguridad está impulsando la inversión y el crecimiento económico. La firma proyecta que la economía salvadoreña crecerá 4.4 % en 2026, apoyada principalmente por la inversión, después de que esta alcanzara alrededor del 27 % del PIB en 2025. También estima un PIB nominal de $39.5 billones y un PIB por habitante cercano a $6,421 para 2026.
La agencia también destacó el fortalecimiento de las finanzas públicas. Los ingresos gubernamentales aumentaron desde el equivalente al 22.8 % del PIB en 2019 hasta el 26.7 % en 2025, mientras el balance primario del Gobierno general pasó de un resultado prácticamente equilibrado en 2024 a un superávit equivalente al 1.9 % del PIB en 2025. Para 2026, S&P proyecta que ese superávit primario aumentará al 2.6 % del PIB.
Uno de los principales riesgos identificados se encuentra en el sistema de pensiones. La reestructuración de las obligaciones con los fondos privados realizada en 2023 estableció un período de gracia de cuatro años que termina en abril de 2027. Los intereses acumulados y los correspondientes a ese año implicarán un pago extraordinario de aproximadamente $2,400 millones, equivalente al 5.5 % del PIB, y S&P indicó que el Gobierno todavía no publicó los detalles de cómo atenderá esa obligación.
La calificadora considera que El Salvador dispone actualmente de más fuentes potenciales de financiamiento, entre ellas organismos multilaterales, inversionistas institucionales nacionales y eventualmente los mercados internacionales. El acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a principios de 2025 contempla $1,400 millones, complementados por un paquete de aproximadamente $3,500 millones de otros organismos multilaterales hasta 2027. Sin embargo, S&P señaló que retrasos en compromisos de política económica mantienen detenido el acceso a desembolsos del FMI.
S&P advirtió que podría reducir la calificación durante el próximo año si ocurre un retroceso significativo en el fortalecimiento fiscal, disminuye el acceso del país al financiamiento o se ejecutan operaciones de deuda que ocasionen pérdidas de valor a prestamistas privados, incluidos los fondos de pensiones.
En contraste, una mejora podría producirse en los próximos 12 a 18 meses si el país fortalece de manera marcada su desempeño fiscal y económico y cumple el aumento de sus obligaciones financieras sin operaciones consideradas equivalentes a un incumplimiento.
La agencia agregó que las remesas continuarán siendo un soporte importante para la economía salvadoreña, después de representar el 28 % del PIB en 2025, aunque prevé que políticas migratorias más estrictas en Estados Unidos podrían moderar su crecimiento.
Entre las principales vulnerabilidades, S&P identificó además el elevado endeudamiento público, los bajos márgenes externos y las limitaciones de política monetaria derivadas de la dolarización. La firma proyecta que la deuda neta del Gobierno general se situará alrededor del 83 % del PIB hacia 2029.