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  • Nobel alternativo premia a activistas climáticos, de Birmania y Taiwán

    Nobel alternativo premia a activistas climáticos, de Birmania y Taiwán

    El denominado “Nobel alternativo” fue otorgado este miércoles a cinco figuras y organizaciones destacadas por su compromiso con causas sociales, ambientales y democráticas. El reconocimiento, entregado por la Fundación sueca Right Livelihood Award, premió a la red Pacific Island Students Fighting Climate Change (PISFCC) y al abogado guameño Julian Aguon, así como a activistas de Birmania, Taiwán y Sudán.

    PISFCC y Aguon fueron galardonados por llevar la lucha climática ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), argumentando que el cambio climático debe abordarse como una responsabilidad legal y un asunto de derechos humanos.

    La CIJ, en julio pasado, emitió una opinión consultiva que refuerza esta postura al determinar que los Estados están legalmente obligados a prevenir daños ambientales, reparar daños y proteger a generaciones presentes y futuras.

    Fundada en 2019 por 27 estudiantes de derecho de las Islas Salomón, la red PISFCC documentó testimonios de comunidades afectadas por el cambio climático. Según el jurado, “llevar estas voces de pérdida y resistencia a los pasillos del derecho internacional garantizó una resolución anclada en realidades de primera línea”.

    Julian Aguon, escritor y abogado de Guam, jugó un rol decisivo al aportar la estrategia legal que sustentó la petición presentada ante la CIJ. Su activismo también ha visibilizado la militarización de su país, denunciando la destrucción de territorios ancestrales para instalar bases estadounidenses y defendiendo el derecho a la autodeterminación.

    En Birmania, la organización Justice for Myanmar fue premiada por su trabajo encubierto en la exposición de la corrupción militar. Desde su creación en 2019, ha revelado activos ocultos, redes financieras offshore y complicidad empresarial con el régimen, destacándose por sus métodos de investigación y valentía.

    La activista taiwanesa Audrey Tang, actual ministra digital de su país, fue reconocida por su impulso al uso democrático de la tecnología. Proveniente del movimiento de código abierto, Tang fue pieza clave en el Movimiento Girasol y en la plataforma participativa vTaiwan. El jurado valoró su labor por “cerrar brechas, renovar la democracia y empoderar ciudadanos” mediante soluciones digitales.

    Por su parte, el movimiento Emergency Response Rooms de Sudán fue distinguido por su rol humanitario en medio del conflicto armado. Nacido tras la revuelta de 2019, este grupo se transformó en la principal red de ayuda mutua, ofreciendo atención médica, alimentos, educación y apoyo psicológico en 18 estados sudaneses. El jurado destacó el riesgo que enfrentan sus integrantes, varios de los cuales han sido asesinados, detenidos o torturados.

    El Right Livelihood Award, creado en 1980 por el escritor y eurodiputado sueco-alemán Jakob von Uexküll, ha reconocido a más de 200 personas y organizaciones por su labor a favor del desarrollo social, la justicia y la sostenibilidad.

     

  • Juristas cuestionan en Sudán del Sur la legalidad de la llegada de deportados desde EE.UU.

    Juristas cuestionan en Sudán del Sur la legalidad de la llegada de deportados desde EE.UU.

    El Gobierno de Sudán del Sur aceptó la semana pasada a ocho personas deportadas por Estados Unidos, pero no ofreció explicaciones sobre los motivos de la decisión ni sobre los procedimientos legales seguidos, lo que ha generado dudas para varios juristas y expertos del país sobre la legalidad de la medida.

    El profesor de Ciencias Políticas Abraham Koul Nyoun consideró a EFE que esto puede representar “tanto un desafío como una oportunidad diplomática”, al permitir al Ejecutivo usarlo como palanca para negociar el levantamiento de las sanciones estadounidenses.

    No obstante, advirtió que “algunos de los deportados podrían representar una amenaza si no se les somete a una supervisión adecuada, y esta aceptación podría malinterpretarse como una disposición a convertir el país en un vertedero de personas”.

    De los ocho deportados, sólo uno es ciudadano sursudanés, mientras que los demás son originarios de Myanmar, Cuba, Vietnam, Laos y México, según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores sursudanés en un comunicado.

    La medida, según el Gobierno del país más joven del mundo, forma parte de los esfuerzos por fortalecer las relaciones diplomáticas con Washington, y añadió que fue adoptada tras “consultas exhaustivas” para promover los intereses comunes de ambos países.

    El profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Yuba James Loko calificó la decisión como una “violación del principio de no devolución”, recogido en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Explicó a EFE que trasladar a personas a un país con el que no tienen conexión legal plantea “serias cuestiones morales y jurídicas”, y podría vulnerar compromisos asumidos por Sudán del Sur en tratados internacionales, incluyendo los de la ONU y la Unión Africana.

    Loko subrayó también la ausencia de acuerdos bilaterales que regulen estas deportaciones, lo que, a su juicio, “refuerza las dudas sobre la legalidad del proceso y lo hace vulnerable a impugnaciones internacionales”.

    Sudán del Sur, inmerso en una creciente inestabilidad política, es considerado uno de los países más pobres del mundo.

    Desde su retorno a la Casa Blanca en enero, Donald Trump ha impulsado las expulsiones exprés como parte de su campaña de deportaciones masivas, una de sus principales promesas electorales. Diversas organizaciones han denunciado que esta política vulnera derechos básicos como el del debido proceso. Uno de los países destino de las deportaciones de supuestos criminales ha sido El Salvador, en donde se han recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).