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  • UNICEF denuncia que 2.2 millones de niñas tienen prohibido recibir clases en Afganistán

    UNICEF denuncia que 2.2 millones de niñas tienen prohibido recibir clases en Afganistán

    Más de 2.2 millones de niñas en Afganistán siguen sin acceso a la educación debido a las restricciones impuestas por el régimen talibán desde hace cuatro años, denunció este miércoles el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

    La directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, explicó que desde que se prohibió a las adolescentes asistir a clases más allá del sexto grado, se ha profundizado una de las crisis educativas más graves del mundo, situación que se agravó tras el reciente terremoto que dejó más de 2,200 personas fallecidas.

    Russell advirtió que el número de niñas excluidas del sistema educativo podría incrementarse con el retorno de miles de afganos deportados desde países vecinos. Subrayó que las menores tienen un rol clave como futuras trabajadoras en áreas como la salud y los servicios sociales, especialmente en un contexto de segregación de género que limita la intervención de varones en tareas humanitarias.

    “Son esenciales en los esfuerzos de respuesta humanitaria, especialmente en una sociedad donde la estricta segregación de género limita la capacidad de los trabajadores hombres para atender las necesidades de mujeres y familias. Para mantener estas profesiones, y tantas otras, es imprescindible que las niñas reciban educación”, señaló Russell en el comunicado.

    La funcionaria lamentó que mientras millones de niños en el mundo regresan a clases este mes, las niñas afganas continúan privadas de ese derecho básico. “Es una de las injusticias más graves de nuestro tiempo”, recalcó.

    UNICEF alertó que la exclusión educativa también genera consecuencias emocionales y sociales como el aumento de los matrimonios forzados, problemas de salud mental y altas tasas de natalidad.

    Russell instó al régimen talibán a revertir esta medida “devastadora” y permitir que las niñas vuelvan a la escuela.

     

     

  • EEUU se aparta de una declaración internacional por los derechos de la mujer en Afganistán

    EEUU se aparta de una declaración internacional por los derechos de la mujer en Afganistán

    Estados Unidos se apartó de una declaración internacional en la que nueve países del Consejo de Seguridad de la ONU instan a los talibanes a levantar las restricciones impuestas contra las mujeres afganas.

    A esta declaración conjunta, emitida este miércoles por Dinamarca, Francia, Grecia, Guyana, Panamá, la República de Corea, Sierra Leona, Eslovenia y Reino Unido, tampoco se sumaron Rusia y China.

    Durante su intervención en la sesión del Consejo de Seguridad de hoy sobre Afganistán, el representante estadounidense, John Kelley, señaló las políticas «opresivas» de los talibanes pero apenas mencionó las medidas discriminatorias contra las afganas.

    «Somos profundamente escépticos respecto a los motivos de los talibanes. No podemos tener confianza con un grupo que sigue deteniendo a estadounidenses inocentes, incumple sus compromisos en materia de lucha contra el terrorismo e ignora las necesidades básicas del pueblo afgano», agregó.

    Así, indicó que, para Estados Unidos, la máxima prioridad en Afganistán es «la protección» de sus ciudadanos, lo que incluye mitigar las «amenazas terroristas» y garantizar «la liberación de los estadounidenses detenidos injustamente».

    En la carta firmada hoy, los mencionados países del Consejo condenan «la continua e institucionalizada discriminación y violencia de género de los talibanes» contra las mujeres.

    «Instamos a levantar cualquier restricción al acceso de las mujeres a servicios humanitarios, y a garantizar que todas las mujeres y niñas formen parte de la respuesta humanitaria y reciban atención urgente en labores de rescate», indican en la declaración, leída en rueda de prensa en la sede de la ONU por el representante coreano Sangjin Kim, que este mes ocupa la presidencia rotatoria del Consejo.

    Además, exigen que los talibanes revoquen «de inmediato» todas las leyes, políticas y prácticas que restrinjan los derechos humanos y las libertades fundamentales de mujeres y niñas.

    En este sentido, piden respetar el derecho de las niñas afganas a continuar su educación más allá de la primaria, así como permitir a las mujeres trabajar y participar en todos los ámbitos de la vida pública.

    Del mismo modo, instan a cesar por completo la persecución a defensoras de los derechos humanos, representantes de la sociedad civil y constructoras de paz que brindan apoyo vital a la población afgana.

    Este miércoles, la ONU ha pedido al gobierno de facto afgano que levante inmediatamente las restricciones que impiden a las trabajadoras nacionales y a las contratistas acceder a las instalaciones de la ONU en Afganistán, donde prestan asistencia humanitaria y apoyo a la población vulnerable.

    Esta situación agrava un contexto de emergencia crítico, tras el terremoto del pasado 31 de agosto, que dejó más de 2,200 muertos y destruyó miles de hogares e infraestructuras, complicando la entrega de ayuda a las regiones más afectadas en el este del país.

  • Un tercer terremoto de magnitud 5.6 golpea Afganistán, el más intenso desde el domingo

    Un tercer terremoto de magnitud 5.6 golpea Afganistán, el más intenso desde el domingo

    Un nuevo terremoto, un tercero, de magnitud 5.6 golpeó este jueves por la noche el este de Afganistán, el más fuerte en producirse en la región desde el pasado domingo, cuando un sismo de magnitud 6.0 provocó más de 2,205 muertos y 3,640 heridos.

    Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el último sismo tuvo lugar a las 22:26 horas de Afganistán (11:26 am en El Salvador) y su epicentro estuvo a 36 kilómetros del suroeste de la ciudad de Asadabad, capital de la provincia de Kunar, la más afectada por el terremoto del domingo. La profundidad del sismo fue de 10 kilómetros.

    Por el momento se desconoce cómo ha afectado el nuevo terremoto -los sismos han sido continuos en los últimos días- a la región, fronteriza con Pakistán

    Los talibanes han confirmado por el momento 2,205 muertos y 3,640 heridos a causa del sismo del pasado domingo, el más letal en las últimas décadas en este país asiático, que arrastra años de crisis humanitarias causadas por las guerras, por las catástrofes naturales y por las crisis económicas y sociales.

    Cuatro días después del primer terremoto, las labores de rescate continuaron, aunque la esperanza de hallar a personas con vida bajo los escombros en las zonas más afectadas por el sismo es cada vez menor.

    La prioridad de las autoridades locales, de las ONG desplegadas en la zona y de las agencias internacionales es ahora facilitar la entrega de ayuda humanitaria a Kunar y al resto de las provincias afectadas por los terremotos.

    Una labor que se hace más compleja con cada nuevo terremoto y con el estado de las carreteras de acceso al remoto Kunar, ya que muchas de ellas han quedado impracticables por los sucesivos episodios sísmicos.

    El terremoto ha puesto al límite la capacidad operativa del régimen talibán, que ha desplegado en la zona su principal recurso, a sus soldados.

    En los puntos donde el Estado no ha sido aún capaz de llegar, la sociedad civil ha comenzado a organizarse, con voluntarios caminando durante horas para llegar a la zona cero del terremoto, supliendo al mermado personal técnico y de emergencias, que abandonó el país masivamente en 2021, cuando los fundamentalistas retomaron el poder en Kabul.

  • Un terremoto de magnitud 6,0 mata a más de 800 personas en Afganistán

    Un terremoto de magnitud 6,0 mata a más de 800 personas en Afganistán

    Al menos 812 personas han muerto y unas 2.700 han resultado heridas después de que un terremoto de magnitud 6,0 y varias réplicas sacudieran la pasada noche el este de Afganistán, confirmó este lunes el Gobierno de facto talibán. 

    Según el portavoz talibán Zabihullah Mujahid, 800 de los fallecidos y 2.500 heridos se registraron en Kunar, mientras que en Nangarhar hubo 12 muertos y 255 heridos, las dos provincias más afectadas por el seísmo, situadas en el este del país y en la frontera con Pakistán. 

    Mujahid advirtió de que las cifras «no son definitivas y podrían aumentar», mientras las operaciones de rescate continúan desde la madrugada para localizar supervivientes, dificultadas por los deslizamientos de tierra que han bloqueado las carreteras en el este del país y que impiden acceder a zonas remotas. 

    El temblor inicial se registró a las 23:47 del domingo hora local y fue seguido de al menos dos réplicas de magnitud 5,2. 

    El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del seísmo a 27 kilómetros al este de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar su poder de destrucción. 

    El Ejecutivo anunció la creación de un comité especial de emergencia y la asignación de 1.000 millones de afganis (unos 14 millones de dólares, 12 millones de euros) para atender a las familias damnificadas, con el compromiso de ampliar los fondos si es necesario.

    Explicó que los recursos se destinarán a asistencia médica de urgencia, distribución de alimentos y refugio, además de apoyar las tareas de rescate en las zonas más aisladas. 

    El Gobierno talibán ha desplegado helicópteros para evacuar a víctimas en zonas aisladas, mientras hospitales como el de Jalalabad, el más cercano al epicentro, están desbordados por la llegada de heridos.

    Miles de familias han quedado sin techo y en necesidad urgente de alimentos, agua y asistencia médica. 

    La ONU, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Media Luna Roja ya han confirmado que tienen equipos desplegados en las áreas afectadas para coordinar la entrega de ayuda humanitaria. 

    Desde el exterior, países como Pakistán, Irán, China, Siria y Egipto expresaron sus condolencias, mientras que la India anunció que proporcionará asistencia humanitaria y la Unión Europea (UE) aseguró que tiene un equipo sobre el terreno y está lista para proporcionar ayuda.

    Afganistán, sumido en una grave crisis económica desde la llegada al poder de los talibanes en 2021, es uno de los países más vulnerables a los desastres naturales por la debilidad de su sistema sanitario, la pobreza y la falta de infraestructuras.

    Los terremotos son frecuentes en esta región, situada en el Hindu Kush, una de las zonas sísmicamente más activas del mundo, donde los temblores suelen ser poco profundos y por tanto más destructivos. 

    La falta de recursos estatales y de equipos de rescate especializados complica además la respuesta a catástrofes de gran magnitud, con hospitales desbordados y aldeas que pueden quedar aisladas durante días.

    En octubre de 2023, varios terremotos causaron más de un millar muertos en la provincia occidental de Herat. 

    El país sufrió también una de sus mayores catástrofes en 1998, cuando dos seísmos en febrero dejaron aproximadamente 4.000 víctimas mortales en el norte, seguidos en mayo por otro terremoto que mató a unas 5.000 personas.

  • Afganistán sigue prohibiendo educación a mujeres cuatro años después del regreso talibán

    Afganistán sigue prohibiendo educación a mujeres cuatro años después del regreso talibán

    Cuatro años después del retorno de los talibanes al poder, Afganistán continúa siendo el único país del mundo que impide a niñas y mujeres acceder a la educación secundaria y universitaria, una medida que organismos internacionales como la UNESCO y UNICEF califican de alarmante.

    De acuerdo con la UNESCO, cerca de 2.2 millones de niñas están actualmente excluidas del sistema educativo más allá de la primaria. Su directora general, Audrey Azoulay, describió la situación como “profundamente preocupante” y pidió a la comunidad internacional no olvidar la crisis educativa que vive Afganistán.

    Desde agosto de 2021, tras la retirada de las tropas estadounidenses, las autoridades talibanas han impuesto restricciones severas a la asistencia escolar. Las escuelas y universidades femeninas permanecen cerradas, bajo reglas que exigen segregación por sexo, códigos de vestimenta estrictos y un control curricular dominado por la instrucción religiosa y la narrativa oficial del régimen.

    Dentro del propio gobierno talibán existen voces críticas. Abbas Stanakzai, viceministro de Exteriores y firmante de los Acuerdos de Doha de 2020, ha reiterado que estas políticas representan una injusticia. “Hoy, entre una población de 40 millones, estamos siendo injustos con 20 millones de personas (…) no se les permite estudiar, no se les permite asistir a las mezquitas, se les cierran las puertas de las universidades y escuelas”, afirmó en declaraciones recogidas por medios locales.

    En contraste, el ministro interino de Educación Superior, Neda Mohammad Nadeem, ha defendido la línea oficial asegurando que el tema sigue en evaluación académica. “Si sus conclusiones demuestran que la educación de las mujeres es admisible, creemos que se concederá la autorización”, expresó.

    Las propias jóvenes afganas transmiten su desesperanza.

    “Nada de lo que los talibanes dicen sobre educación es cierto. Han prohibido la educación para mujeres y no se puede esperar esperanza de ellos”, dijo Nazo, de 17 años. Madina, de 16, añadió: “La comunidad internacional no considera realmente a las mujeres afganas como seres humanos. Si lo hiciera, habría dado al menos un paso en estos cuatro años”.

    La proyección de UNICEF es igualmente preocupante: si la prohibición persiste hasta 2030, más de cuatro millones de niñas perderán su derecho a la educación secundaria y universitaria. Amnistía Internacional advierte además que la exclusión se agrava por el desmantelamiento de instituciones que protegían los derechos de las mujeres, ahora bajo control del régimen.

    En Kabul, la vida cotidiana refleja estas restricciones: negocios cerrados, prohibición de la voz femenina en público y estrictos códigos de vestimenta impuestos bajo la ley de la sharía. Para la comunidad internacional, la situación representa uno de los mayores retrocesos en materia de derechos humanos en el siglo XXI.