La defensa de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño acusado de tráfico humano en Estados Unidos, pidió a un juez federal en Tennessee frenar su liberación de prisión para evitar que sea deportado de inmediato por el gobierno del presidente Donald Trump.
La solicitud fue presentada el domingo ante el juez Waverly D. Crenshaw, quien decidirá en los próximos días si permite que Ábrego, residente de Maryland, afronte en libertad su proceso judicial. Aunque una jueza anterior había determinado que no representa riesgo de fuga, las autoridades migratorias han advertido que, si es liberado, será detenido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y puesto en proceso de deportación.
Ábrego García fue deportado erróneamente a El Salvador en marzo, pese a una orden judicial de 2019 que le protegía de ser enviado a su país natal debido a amenazas de violencia por parte de pandillas. Su caso generó controversia al evidenciar una posible violación al debido proceso en las políticas migratorias del presidente Donald Trump.
El gobierno estadounidense lo ha vinculado con la pandilla MS-13, aunque nunca ha sido acusado formalmente ni se han presentado pruebas. Tras presiones legales y una orden de la Corte Suprema, fue devuelto a EE.UU. el mes pasado para enfrentar cargos federales relacionados con un supuesto caso de tráfico humano ocurrido en 2022 en Tennessee.
La defensa de Ábrego calificó los cargos como “absurdos” y ahora busca ganar tiempo para evitar que sea deportado antes del juicio programado para enero. El domingo, sus abogados y fiscales federales solicitaron conjuntamente una suspensión de 30 días de cualquier orden de liberación, con el fin de que el acusado “evalúe sus opciones y determine si requiere medidas adicionales”.
El caso ha escalado también a una corte federal en Maryland, donde su esposa estadounidense, Jennifer Vasquez Sura, demandó al gobierno de Trump por la expulsión ilegal de marzo y busca frenar cualquier nuevo intento de deportación. Ábrego estuvo bajo supervisión federal durante años, con permiso de trabajo vigente y presentándose regularmente ante ICE, hasta que recientemente se revocó esa supervisión.
Los abogados también han pedido a la jueza de Maryland, Paula Xinis, que ordene su traslado a ese estado y emita al menos una suspensión de 72 horas que evite su deportación inmediata si es liberado en Tennessee. Mientras tanto, la administración Trump insiste en que puede expulsarlo a un tercer país, como México o Sudán del Sur, argumentando que representa un peligro para la comunidad.
El caso Ábrego Garcia sigue siendo un símbolo del debate migratorio en Estados Unidos, en medio del endurecimiento de las deportaciones y acusaciones de violaciones al debido proceso por parte de la administración del presidente Donald Trump.
