Una disputa internacional por el control de Continental Towers, una red clave de infraestructura en telecomunicaciones, ha escalado a juicios penales en El Salvador, Guatemala y Panamá, tras un prolongado arbitraje iniciado en Nueva York entre Terra Towers y el fondo estadounidense Peppertree Capital Management, vinculado a Goldman Sachs, según un amplio reportaje del medio independiente estadounidense Sarawak Report.
El conflicto comenzó en 2021, cuando Peppertree —que adquirió un 32 % de participación en la firma— junto a Goldman Sachs (13 %), recurrieron a un tribunal arbitral neoyorquino alegando parálisis en la junta directiva. Terra denunció entonces un intento de adquisición hostil, respaldado por tácticas para desvalorizar la empresa y forzar su venta a un tercero afín a los inversionistas estadounidenses.
El conflicto involucra directamente a Continental Towers, con operaciones en El Salvador, Guatemala, Panamá y otros mercados de la región. La pugna enfrenta a Terra Towers y al fondo TPG Peppertree, respaldado por Goldman Sachs, una de las firmas financieras más poderosas de Estados Unidos.
Lo que inicialmente fue una alianza estratégica para desarrollar infraestructura de telecomunicaciones clave en la región —con una inversión de $125 millones— evolucionó en una compleja disputa societaria por el control accionario de Continental Towers. El diferendo fue llevado a arbitraje en Nueva York, pese a la existencia de procesos penales abiertos en los países donde opera la empresa.
En El Salvador, los tribunales emitieron órdenes de captura internacional contra tres ejecutivos de Peppertree: Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri, acusados de estafa agravada, asociaciones ilícitas y extorsión. Mientras tanto, en Guatemala, ya se registran detenciones por delitos similares.
Pese a la gravedad de los señalamientos locales, el tribunal arbitral estadounidense avanzó con el proceso sin considerar los casos judiciales activos en Centroamérica. En Guatemala, un juez rechazó la imposición del laudo arbitral, defendiendo la soberanía legal del país. En paralelo, se ha reportado la llegada de lobistas estadounidenses a El Salvador, con el aparente objetivo de influir en el proceso penal contra los directivos extranjeros.
El Salvador enfrenta un contexto estratégico en su esfuerzo por atraer inversión extranjera, especialmente en sectores de alto valor como telecomunicaciones, energía y tecnología. En este entorno, la seguridad jurídica es un factor clave, tanto para inversionistas como para la institucionalidad local.
Contradicciones
Uno de los elementos más polémicos es el respaldo que el tribunal arbitral de Nueva York otorgó a las declaraciones de Jorge Gaitán y Carol Echeverría, excolaboradora suya, quienes denunciaron amenazas de secuestro. Sin embargo, cortes centroamericanas señalan contradicciones en sus versiones respaldadas por evidencias fotográficas y testigos que los vinculan con la malversación de más de $1.2 millones mediante gastos irregulares.
A pesar de ello, el tribunal estadounidense falló en 2023 a favor de Peppertree y Goldman Sachs, ordenando a Terra Towers el pago de $354 millones en daños, desatando críticas por presunta imposición legal extranjera. Voceros de Terra calificaron el fallo como una muestra de “colonialismo legal”, al no considerar los procesos abiertos en jurisdicciones centroamericanas.
La disputa ha escalado hasta las Islas Vírgenes Británicas, donde Peppertree y Goldman Sachs intentan forzar la transferencia de acciones de Terra Towers, lo que intensifica el debate sobre los límites del arbitraje internacional y el respeto a la soberanía jurídica de los Estados.
El análisis del portal Sarawak Report, especializado en investigaciones financieras internacionales, ha sido utilizado por expertos como referencia para ilustrar el conflicto de fondo: la tensión entre grandes fondos de inversión globales y las jurisdicciones judiciales de países latinoamericanos.
Centroamérica enfrenta así un desafío mayor: garantizar un entorno amigable para los negocios sin comprometer la soberanía judicial de sus Estados. En este contexto, el caso Terra-Peppertree se convierte en un precedente clave para evaluar el equilibrio entre protección de inversiones y respeto a la ley local.
