El diario The New York Times anunció este jueves que ha presentado una demanda contra el Pentágono por las nuevas restricciones que ese gabinete ha impuesto a la prensa a la hora de informar sobre el Ejército.
El periódico indicó en su página web que la política del Pentágono es «exactamente el tipo de esquema restrictivo de la libertad de expresión y de prensa» que la Corte Suprema y el Tribunal del Circuito de Washington D.C. han reconocido que viola la Primera Enmienda de la Constitución.
Esa Primera Enmienda es la que protege derechos fundamentales como la libertad de prensa y de expresión.
El 16 de octubre, día en que vencía el plazo para aceptar esas normas, grandes medios estadounidenses, entre ellos periodistas con más de treinta años de carrera como corresponsales en el Pentágono, entregaron sus credenciales a modo de rechazo.
La demanda presentada por el NYT ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. en Washington considera que el propósito de esa política es «cerrar las puertas del Pentágono — aquellas áreas que históricamente han estado abiertas a la prensa — a organizaciones de noticias, como los demandantes, que investigan e informan sin temor ni favoritismos sobre las acciones del departamento y su dirección».
El diario neoyorquino pide al tribunal que emita una orden que impida al Pentágono aplicar dicha política de prensa, junto con una declaración de que las disposiciones relativas al ejercicio de los derechos de la Primera Enmienda son contrarias a la ley.
El NYT recuerda que funcionarios del Pentágono han asegurado que el acceso a las instalaciones militares es un privilegio sujeto a regulación y que las nuevas directrices tratan «de prevenir filtraciones que dañen la seguridad operativa y la seguridad nacional».
Este pasado martes, durante la primera sesión informativa ofrecida por el Pentágono desde que retirara el acceso a la gran mayoría de medios nacionales y extranjeros acreditados tras el rechazo casi generalizado de sus nuevas normas, influencers, blogueros y reporteros de los llamados «nuevos medios» ocuparon la sala de prensa del organismo.
Varios de los nuevos acreditados, como Lance Johnston, miembro de la organización de derechas ‘Fearless Media’, se jactaron en redes sociales de que «ahora les pertenecían» los escritorios donde trabajaron durante décadas los representantes de medios como The Washington Post, The New York Times o el canal CNN.
Uno de los correos electrónicos divulgados este miércoles por el Congreso de Estados Unidos expuso que el fallecido pederasta Jeffrey Epstein aseguró tener fotografías del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acompañado de mujeres en bikini dentro de su residencia.
El mensaje, enviado en diciembre de 2015 al entonces periodista del The New York Times, Thomas Landon Jr., contiene una pregunta directa de Epstein al reportero: “¿Quieres fotos de Donald con chicas en bikini en mi cocina?”, en referencia al presidente.
En otro correo enviado ese mismo año, Epstein relató que Trump estuvo a punto de golpearse con una puerta de vidrio en su casa tras distraerse con unas jóvenes que nadaban en la piscina. “Estaba tan concentrado que se chocó directamente contra la puerta”, detalló.
Epstein también afirmó que en 1993 “le dio a Donald” a su entonces novia, la empresaria noruega Celina Midelfart, quien tenía 20 años en ese momento, mientras que Trump tenía 47.
La publicación de estos correos forma parte de una nueva entrega de documentos que contiene más de 23,000 páginas, las cuales están siendo examinadas por una comisión legislativa en Washington.
Tras la revelación, el presidente Trump reaccionó desde su cuenta oficial de Truth Social, donde responsabilizó a sus adversarios políticos del Partido Demócrata de intentar desviar la atención pública. “Están tratando de revivir el bulo de Jeffrey Epstein porque harán lo que sea para desviar la atención de su pésima gestión en el cierre del Gobierno Federal y de muchos otros temas”, escribió.
Al menos tres aviones militares de Estados Unidos, incluyendo un avión de ataque fuertemente armado, han iniciado operaciones desde el Aeropuerto Internacional de El Salvador, lo que representa una inédita expansión de presencia militar estadounidense en la región, según una publicación del diario estadounidense The New York Times.
Entre las aeronaves desplegadas se encuentra un AC-130J Ghostrider, diseñado para destruir objetivos en tierra o mar con misiles, cañones y ametralladoras. Este avión es operado por el Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea, unidad dedicada a misiones delicadas del ejército estadounidense.
Según un análisis del The New York Times basado en imágenes satelitales, datos de seguimiento de vuelos y comunicaciones de tráfico aéreo, también operan en la base un avión de reconocimiento P-8A de la Marina, equipado con sensores para recolección de inteligencia, y un C-40 Clipper de la Fuerza Aérea, que carece de distintivos visibles.
Estados Unidos tiene presencia en la Base de Comalapa desde el año 2000 para operaciones de prevención y control de tráfico de drogas en el Pacífico.
El avión de ataque, un AC-130J Ghostrider, está diseñado para destruir objetivos en tierra o en mar usando misiles o descargas de sus cañones y ametralladoras.
El despliegue coincide con una intensificación de las operaciones “antinarcóticos” lanzadas por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde finales de agosto.
Hasta el momento, el Departamento de Defensa ha reconocido 16 ataques letales contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas. El portaaviones Gerald R. Ford se sumará próximamente a una flotilla que ya cuenta con casi una decena de buques y 10,000 soldados.
Expertos citados por el diario estadounidense indican que esta sería la primera vez que un país centroamericano como El Salvador alberga aviones estadounidenses con capacidad de ejecutar ataques militares. La decisión refleja los estrechos lazos entre Trump y el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien ha respaldado políticas clave de su administración, incluyendo la encarcelación de deportados en una prisión de máxima seguridad.
“En este ámbito, parecen muy bien alineados”, aseguró John Walsh, director de políticas sobre drogas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.
Foto de archivo de un avión de la Marina de EEUU P8-A Poseidon, un avión de reconocimiento equipado con cámaras que pueden recoger información de inteligencia a miles de metros de altura. Istock
Ni el gobierno salvadoreño ni su embajada en Washington ofrecieron comentarios al Times sobre la presencia de las aeronaves. Sin embargo, dos oficiales militares estadounidenses, bajo condición de anonimato, confirmaron que la operación está relacionada con el refuerzo de las misiones antinarcóticos en el Caribe y el Pacífico.
Las imágenes muestran que el despliegue se realiza desde el Puesto de Seguridad Cooperativa en Comalapa, una instalación militar ubicada dentro del principal aeropuerto salvadoreño, creada en el año 2000 para apoyo logístico de operaciones antinarcóticos. Esta base había tenido poca actividad desde 2022, hasta este reciente aumento de vuelos militares.
Según el Times, el avión P-8A ha realizado al menos seis misiones fuera del territorio salvadoreño, mientras que el AC-130J y el C-40 Clipper han participado en al menos una cada uno, según registros de comunicación aérea. Aunque no se ha confirmado su implicación directa en bombardeos, su presencia coincide con ataques a embarcaciones en el Pacífico oriental.
Foto de archivo de un avión C-40 Clipper de la Marina de EEUU
El almirante James Stavridis, exjefe del Comando Sur de Estados Unidos, explicó que el puesto en Comalapa ha sido usado para labores humanitarias, pero actualmente “se utiliza claramente para el poder duro”.
Un piloto del P-8A, en una comunicación de radio, indicó que el avión estaba “procediendo operacionalmente con la debida consideración en el espacio aéreo internacional en este momento”. La frase “debida consideración” es utilizada por pilotos militares cuando cesan contacto con controladores civiles durante misiones confidenciales.
EEUU tiene presencia desde el 2000
El Centro de Seguridad Cooperativa de Comalapa (CSL, por sus siglas en inglés) se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Comalapa. En marzo de 2000, Estados Unidos llegó a un acuerdo con el gobierno de El Salvador para operar desde el Aeropuerto Internacional de Comalapa durante 10 años, periodo que se ha ido extendiendo periódicamente.
Este CSL amplía significativamente el alcance de la detección y el monitoreo de aeronaves en los corredores de narcotráfico del Pacífico Oriental, por donde transita más de la mitad de la droga con destino a Estados Unidos, a menudo en cargamentos de varias toneladas. La Marina de Estados Unidos gestiona las operaciones diarias del CSL y proporciona las aeronaves y el personal militar.
El actor estadounidense George Clooney afirmó que fue “un error” que la vicepresidenta Kamala Harris asumiera la candidatura presidencial del Partido Demócrata en 2024 tras la retirada de Joe Biden, al considerar que su historial político le restó posibilidades de éxito frente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Durante una entrevista con la cadena CBS, Clooney expresó que lo ideal habría sido convocar primarias internas para definir al nuevo candidato del partido.
“Teníamos una oportunidad. Como escribí en el artículo, quería que hubiera unas primarias. Vamos a poner [a los candidatos] a prueba rápido y a ponerlo en marcha”, señaló.
Según el también director y dos veces ganador del Óscar, Harris enfrentó una tarea compleja al tratar de posicionarse como una opción de cambio, pese a haber sido parte activa de la Administración Biden.
“Es muy difícil hacerlo si el objetivo de la candidatura es decir: ‘Yo no soy así’. Es difícil, le impusieron una tarea muy complicada. Sinceramente, creo que fue un error”, añadió.
Clooney matizó que entendía las razones estratégicas del partido para evitar una mayor pérdida de escaños en la Cámara de Representantes, pero insistió en que no hablar con franqueza habría sido una omisión inaceptable.
“No hacerlo sería como decir: ‘No voy a decir la verdad’”, declaró.
En julio de 2024, el actor publicó un artículo de opinión en The New York Times en el que instó a Biden a abandonar la carrera por la reelección, citando su estado de salud y las pocas probabilidades de éxito electoral tras un polémico debate con Trump el 27 de junio.
“No vamos a ganar en noviembre con este presidente. Además, no ganaremos la Cámara y vamos a perder el Senado. No es solo mi opinión, es la opinión de cada senador, congresista y gobernador con quien he hablado en privado”, escribió Clooney en aquel momento, desatando una ola de presiones internas que culminaron con la renuncia de Biden el 21 de julio.
Tras su salida, Biden expresó públicamente su respaldo a Kamala Harris, quien fue designada candidata demócrata a la presidencia. Sin embargo, en las elecciones del 5 de noviembre de 2024, el presidente Donald Trump obtuvo la victoria, marcando así su retorno al poder.
En abril de 2025, Clooney defendió nuevamente su postura y la publicación del artículo como parte de un “deber cívico”, a pesar de la polémica que generó dentro y fuera del partido. “Así son las cosas, si crees en algo, tienes que defenderlo. Defiende tu postura y afronta las consecuencias”, señaló.
“Esas son las reglas, así que cuando me critican tengo que aceptarlo. No me molesta que me critiquen por mi postura. Defiendo su derecho a criticarme tanto como defiendo mi derecho a criticarlos”, concluyó el reconocido actor.
El Gobierno de Venezuela manifestó este miércoles su preocupación ante lo que calificó como una “amenaza directa” de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), señalando que forma parte de un conjunto de maniobras orientadas a “legitimar una operación de cambio de régimen” en el país sudamericano.
“Observamos con extrema alarma el uso de la CIA, así como los despliegues militares anunciados en el Caribe, que configuran una política de agresión, amenaza y hostigamiento contra Venezuela”, expresó el Ejecutivo de Nicolás Maduro a través de un comunicado oficial.
En respuesta, el gobierno venezolano anunció que presentará una denuncia formal ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y su secretario general, António Guterres, para exigir la rendición de cuentas del Gobierno de Estados Unidos y solicitar “medidas urgentes” que eviten una posible escalada militar en la región.
“La comunidad internacional debe comprender que la impunidad ante estos actos tendrá consecuencias políticas peligrosas que deben ser detenidas de inmediato”, advirtió el comunicado.
La reacción se produce luego de que el periódico estadounidense The New York Times publicara un reportaje que asegura que la administración del presidente Donald Trump habría autorizado operaciones letales de la CIA en Venezuela y el Caribe, como parte de una estrategia para derrocar al gobierno de Maduro.
El diario, citando fuentes del gobierno estadounidense, señaló que estas acciones podrían incluir operaciones encubiertas de manera unilateral o como parte de una intervención militar más amplia. Hasta el momento, no se ha confirmado si estas operaciones ya están en marcha o si se trata de un plan de contingencia.
Además, Washington ha realizado ataques a embarcaciones en aguas internacionales cercanas a Venezuela, alegando que transportaban drogas. Estas operaciones han dejado al menos 30 personas muertas, según informes recientes.
Actualmente, Estados Unidos mantiene un despliegue de aproximadamente 10,000 soldados en el Caribe, principalmente en bases militares en Puerto Rico. También cuenta con un grupo de infantes de Marina en buques de asalto anfibio, ocho embarcaciones de guerra y un submarino operando en la región.
The New York Times rechazó este viernes firmar una política del Departamento de Guerra de Estados Unidos —antes conocido como Departamento de Defensa— que condiciona el acceso de la prensa a sus instalaciones a cambio de no publicar información no autorizada.
“Los periodistas de The New York Times no firmarán la política revisada del Pentágono sobre acreditaciones de prensa, que amenaza con castigarlos por la recopilación habitual de noticias protegida por la Primera Enmienda”, afirmó Richard Stevenson, jefe de la corresponsalía del diario en Washington.
La normativa, anunciada en septiembre por el Pentágono, establece que los reporteros deberán comprometerse a no divulgar documentos o datos considerados sensibles, incluso si estos no están oficialmente clasificados como secretos. Según explicó el portavoz del organismo, Sean Parnell, la medida entraría en vigor en un plazo de dos a tres semanas y se aplicaría a todos los medios que cubren las actividades militares desde sus instalaciones.
Stevenson expresó la preocupación del periódico sobre este cambio, al considerar que restringe el trabajo periodístico en torno al Ejército estadounidense, una institución financiada con casi $1 billón anuales provenientes de los contribuyentes. “El público tiene derecho a saber cómo funcionan el Gobierno y el Ejército”, subrayó.
El editor recalcó que The New York Times mantiene su compromiso con una cobertura “profunda y justa”, guiada por una “búsqueda inquebrantable de los hechos” en defensa del interés público.
La tensión entre el Pentágono y la prensa aumentó desde mayo, cuando el secretario de Guerra, Pete Hegseth, limitó aún más el acceso a instalaciones militares en medio de una crisis provocada por la filtración de ataques estadounidenses en Yemen, divulgada en un grupo privado de Signal.
El Partido Demócrata acusó este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario de Estado, Marco Rubio, de buscar una «guerra» y querer un «cambio de régimen» en Venezuela tras su decisión de interrumpir los contactos diplomáticos con el país suramericano.
«Trump y Rubio están presionando por un cambio de régimen en Venezuela. El pueblo estadounidense no quiere otra guerra, y el Congreso no puede permitir que ningún presidente inicie una ilegal o unilateralmente. Así no funciona la Constitución», declaró la cuenta en la red X de los demócratas del comité de Exteriores de la Cámara de Representantes.
Junto a ese mensaje, publicaron la noticia en exclusiva del diario The New York Times según la cual Trump habría ordenado cancelar los contactos diplomáticos con el Régimen de Nicolás Maduro, encabezados hasta ahora por su enviado especial, Richard Grenell, ante la falta de relaciones diplomáticas formales, lo que abriría la puerta a una escalada militar con Venezuela.
Estados Unidos inició a finales de agosto un amplio despliegue militar en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico, una operación fuertemente criticada por el Gobierno de Maduro, que la considera una amenaza y un posible preludio de un ataque contra Venezuela.
Durante las últimas semanas, las fuerzas estadounidenses han destruido varias supuestas narcolanchas en el Caribe, causando la muerte de una veintena de personas. Trump justificó la operación al declarar que el país se encuentra en un “conflicto armado” contra los carteles.
La Administración norteamericana acusa además a Maduro de liderar el llamado Cartel de los Soles y ofrece una recompensa de $50 millones por su captura, una acusación que Caracas niega tajantemente.
Un juez federal de Estados Unidos desestimó la demanda por difamación del presidente Donald Trump contra The New York Times, argumentando que la solicitud presentada no cumplía con las reglas básicas de procedimiento civil.
El magistrado Steven Merryday, del Tribunal del Distrito Medio de Florida, consideró que la demanda era “decididamente impropia e inadmisible” y que “contradice inequívoca e inexcusablemente” los requisitos de las normas federales. Recordó que este tipo de escritos deben ser una “declaración breve, sencilla y directa de acusaciones de hechos”.
El juez concedió al equipo legal del presidente un plazo de 30 días para volver a presentar la denuncia, pero limitada a un máximo de 40 páginas, frente a las 85 que contenía el escrito original. Merryday subrayó que el documento no debe convertirse en “un foro público para vituperios e invectivas” ni en “un megáfono de relaciones públicas”, según informó CNN.
Trump exige $15,000 millones por difamación
A inicios de semana, Trump había anunciado una demanda por $15,000 millones contra el diario, al que acusó de actuar como “portavoz del Partido Demócrata”.
“Lleva décadas mintiendo sobre vuestro presidente favorito (¡YO!), mi familia (…) y nuestra nación en su conjunto”, escribió Trump al justificar su acción legal. Además, acusó al medio de realizar “la mayor contribución ilegal a una campaña electoral de la historia”, en referencia a su apoyo a la candidatura presidencial de Kamala Harris, quien fue vicepresidenta durante la administración de Joe Biden.
Un grupo de nueve exdirectores y directores interinos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos advirtió este lunes sobre el “peligro” que representa Robert F. Kennedy Jr. al frente del Departamento de Salud y Servicios Humanos. La crítica fue publicada en un ensayo en The New York Times titulado “Nosotros dirigimos los CDC: Kennedy está poniendo en peligro la salud de todos los estadounidenses”.
El pronunciamiento se da tras el despido de Susan Monarez, exdirectora de los CDC, quien denunció que su salida fue “sin fundamento científico” y motivada por su negativa a cumplir “órdenes imprudentes” relacionadas con vacunas.
Entre los firmantes del artículo figuran figuras de peso como William Foege, William Roper, David Satcher, Jeffrey Koplan, Richard Besser, Tom Frieden, Anne Schuchat, Rochelle P. Walensky y Mandy K. Cohen, quienes ejercieron bajo gobiernos demócratas y republicanos.
Los exdirectores acusan a Kennedy Jr. de cancelar inversiones clave en investigaciones médicas, sustituir expertos en comités asesores por personas sin preparación científica y anunciar el fin del apoyo estadounidense a programas globales de vacunación, fundamentales para proteger a millones de niños y a la propia población estadounidense.
“Nos preocupa el amplio impacto que todas estas decisiones tendrán en la seguridad sanitaria de Estados Unidos”, señalaron, instando además al Congreso a reforzar la supervisión sobre el Departamento de Salud.
El artículo recuerda que, aunque en el pasado discreparon con líderes del sector, nunca antes habían dudado de que las decisiones se sustentaran en evidencia científica sólida. En contraste, Kennedy Jr. ha expresado públicamente escepticismo frente a las vacunas, oposición al aborto y rechazo a la fluoración del agua potable, política sanitaria destinada a prevenir la caries dental.
El funcionario también adelantó que en septiembre su departamento publicará una investigación para vincular ciertas “intervenciones” con el autismo, pese a que la comunidad científica rechaza cualquier relación entre vacunas y esa condición.
Con estas medidas, los exdirectores advirtieron que Estados Unidos corre el riesgo de enfrentar futuras emergencias sanitarias con menor preparación y debilitando la confianza en la ciencia.
La búsqueda de los más de cien desaparecidos tras las inundaciones en Texas tardará meses, según informaron las autoridades estatales, que elevaron este martes la cifra total de víctimas mortales a al menos 133.
Las labores de búsqueda en la zona conocida como ‘Hill Country’, por su relieve montañoso, se reanudaron este martes después de ponerse en pausa ayer debido a la lluvia.
En el condado de Kerr, el más afectado por el desastre, los fallecidos aumentaron hoy a 107, entre ellos al menos 36 menores de edad, según funcionarios locales.
En esta localidad decenas de voluntarios y equipos de emergencia continúan escarbando entre los escombros y peinando kilómetros de propiedades.
En una rueda de prensa en la tarde del lunes, el gobernador, Greg Abbott, indicó que 97 de las más de cien personas que aún no se han encontrado fueron reportadas como desparecidas en Kerr y que se trata de gente de la que no hay registro en un «campamento o un hotel».
«Fueron sus familiares o sus amigos los que alertaron que están perdidos (…) y no tenemos certeza de que hayan sido llevados por la corriente en esta tormenta», indicó el político.
Las inundaciones tuvieron lugar en la noche del 3 al 4 de julio, festivo en EE.UU. por el Día de la Independencia. Cientos de turistas viajaron hacia Hill Country ese fin de semana, un popular destino en Texas por la cercanía al río Guadalupe -que acabó desbordándose y provocando el desastre.
La cantidad de personas reportadas como desaparecidas en Kerr ha disminuido a medida que se recuperan víctimas, «se establece contacto con quienes han sido hallados a salvo y se investigan reportes que resultan ser infundados o falsos», según explicó el condado en un comunicado.
El proceso para encontrar a todos los desaparecidos tardará hasta «seis meses», indicó el sheriff del condado de Kerr, Larry Leitha, durante una reunión de los comisionados el lunes en la tarde.
Las autoridades locales han estado enfrentando dudas sobre su respuesta durante las inundaciones y el rol que las carencias del sistema de alertas tuvo en la tragedia.
Una investigación del diario The New York Times reveló que el condado de Kerr no había podido recibir la financiación necesaria para mejorar el sistema de alertas por inundaciones, a pesar de que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) había alertado que la región «probablemente» se inundaría este año.
En un informe publicado en 2024, FEMA había estimado que el costo de este nuevo sistema, centrado solo en crecidas del río Guadalupe, costaría un millón de dólares, según recogió el periódico estadounidense.
En total, entre la noche del 3 de julio y la madrugada del 4 se acumularon entre 12,7 y 27,9 centímetros de lluvia en los condados de Kerr, Bandera, Tom Green y Kendall, según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).
