El presupuesto general del Estado votado de 2025 aumentó en $1,533.7 en los primeros 11 meses del año hasta un total de $11,196.7 millones, de acuerdo al informe publicado el 7 de enero, con datos de enero a noviembre de 2025.
Según el informe de Hacienda, su presupuesto aumentó $817.2 millones en 11 meses, de los cuales $816.6 millones fueron destinados a obligaciones generales del Estado, una unidad del Ministerio de Hacienda desde donde se realizan las devoluciones de IVA o de Impuesto sobre la Renta o se pagan seguros de vida de empleados, pensiones de militares (Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada) o clases pasivas.
De los $1,533,721,203 que aumentó el presupuesto 2025 –de enero al 11 de diciembre– un 53.2 % fueron fondos de deuda –préstamos o títulos– para la partida de «Obligaciones generales del Estado».
La otra mitad de las modificaciones fueron destinadas a proyectos de inversión financiados con préstamos o a financiamiento del Estado con excedentes de impuestos y títulos valores.
El el informe, cuando Hacienda explica el financiamiento de los recursos, incluye los títulos valores emitidos dentro de lo que llama «Fondo General», separando este de «préstamos externos» y de «donaciones».
Obligaciones generales creció $816.6 millones
El presupuesto de Hacienda fue reformado seis veces durante ese periodo: al inicio del año –marzo y abril– se incorporaron $603,944 de dos préstamos millonarios del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el primero para aduanas y el segundo para emergencias por desastres.
Las cuatro modificaciones restantes aumentaron en $816,625,000 los fondos en las «Obligaciones generales del Estado», una unidad que inició con $112,733,259 programados según el Portal de Transparencia Fiscal.
En septiembre, se incorporaron $250 millones de un préstamo del Banco Mundial a «obligaciones generales del Estado».
En octubre, la unidad de «Obligaciones generales del Estado» también recibió $149,625,000 de títulos valores.
En noviembre, ingresaron los $150 millones provenientes de dos préstamos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) que se nombraron como programas sectoriales de apoyo al fortalecimiento integral de la educación y para una salud de calidad, pero que, revela Hacienda, «fueron orientados a las obligaciones generales del Estado».
El 2 de diciembre, consigna el informe, ingresaron al presupuesto $267 millones de títulos valores, también a obligaciones generales.
Funcionamiento y proyectos de inversión
En el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) se inyectaron $281.6 millones adicionales, $157.7 millones de un préstamo para el desarrollo del sector aeronáutico, el programa «El Salvador vuela»; $57.5 millones de títulos y excedentes para gastos de funcionamiento; y $22.7 millones de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la construcción del intercambiador en el Corredor Pacífico.
Después, el Ministerio de Educación aumentó $123 millones, de los cuales $116 millones de títulos y excedentes se destinaron a «gastos de funcionamiento para cumplir con sus objetivos»; y se agregaron $7 millones de un préstamo de la CAF para modernización del sistema educativo.
Le sigue el Ministerio de Economía, que tuvo un aumento de $86 millones, $84.6 millones provenientes de un préstamo del CAF para el cable submarino y $1.4 millones para el Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera.
El Ministerio de Salud recibió un refuerzo de $63.8 millones, la mayor parte, $38.7 millones, de títulos y excedentes para funcionamiento; y $25 millones de tres préstamos para salud inteligente, mejora de atención en salud y para el sistema de Telemedicina.
En los cambios también se aumentaron $20.7 millones al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de los cuales $20 millones se destinan a «funcionamiento» y el resto para productos agropecuarios.
