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  • Xiomara Castro ordena transición a Asfura aunque repite narrativa de fraude

    Xiomara Castro ordena transición a Asfura aunque repite narrativa de fraude

    La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ordenó este jueves iniciar el proceso de transición gubernamental y calificó como “Gobierno de facto” la administración que asumirá el conservador Nasry «Tito» Asfura el próximo 27 de enero, tras los comicios generales del pasado 30 de noviembre.

    Castro giró instrucciones al ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez; al de Gobernación y Justicia, Tomás Vaquero; y al director de Servicio Civil, Russel Garay, para organizar el traspaso de poder, pese a asegurar que la victoria de Asfura fue declarada sin contabilizar más de un millón de sufragios.

    “El Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) declararon un Gobierno de facto sin contar, en los tres niveles electorales, más de un millón de votos”, expresó Castro durante una ceremonia policial.

    Nasry Asfura, del Partido Nacional, ganó la presidencia con el 40.27 % de los votos, según cifras oficiales. Le siguieron Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39.53 %, y Rixi Moncada, del oficialista Partido Libre, con el 19.19 %. El conservador Asfura cuenta con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    Castro sostuvo que su administración cumplió con el mandato constitucional al financiar el proceso electoral y garantizar la custodia del material a través de las Fuerzas Armadas.

    La mandataria firmó la semana pasada un decreto para realizar un nuevo escrutinio “voto por voto”, tras una propuesta del presidente del Congreso, Luis Redondo. Un grupo reducido de diputados del partido Libre aprobó dicha iniciativa en una sesión extraordinaria, solicitando revisar todas las actas con inconsistencias, que fueron trasladadas al TJE. Esta institución tiene como fecha límite el 20 de enero para presentar un fallo definitivo e inapelable.

    La presidenta denunció también una resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema que otorgó un amparo al fiscal general, Johel Zelaya, suspendiendo las investigaciones por delitos electorales, medida que calificó como “negación de justicia”.

    “Terminaré mi mandato como manda la ley: ni un día más, ni un día menos”, dijo Castro. También hizo un llamado a la juventud a rechazar el “fraude electoral” y acusó al bipartidismo tradicional —Partido Nacional y Partido Liberal— de anarquizar al país.

    “Actúen con firmeza y no callen nunca frente al monstruoso fraude electoral que nos han impuesto”, exhortó la presidenta.

     

  • Crece la preocupación internacional por desconfianza en el proceso electoral hondureño

    Crece la preocupación internacional por desconfianza en el proceso electoral hondureño

    Las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras se acercan en medio de un clima marcado por la incertidumbre y la desconfianza. Las fuertes divisiones internas dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) —donde cada consejero y magistrado responde a intereses partidarios— han encendido las alarmas tanto a nivel nacional como internacional.

    A esta situación se suma la creciente presión del Ministerio Público, señalado por sectores de la oposición de actuar alineado al gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre). La apertura de procesos judiciales que podrían llevar a prisión a una consejera del CNE y a dos magistrados del TJE ha incrementado el riesgo de interferencia política en instituciones que deberían operar con absoluta imparcialidad.

    También preocupa el rol de las Fuerzas Armadas, cuya participación en asuntos electorales ha sido calificada como improcedente. El jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, solicitó al CNE recibir una copia del acta del escrutinio presidencial el día de la votación, lo que la presidenta del órgano electoral, Ana Paola Hall, describió como una “injerencia”.

    El polémico jefe militar hondureño, Roosevelt Hernández, ha sido señalado de injerencia en el proceso electoral.

    Preocupación internacional

    Frente a este panorama, la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Transparencia Internacional y Estados Unidos manifestaron su inquietud por la erosión de la independencia institucional en Honduras. Señalaron que estas tensiones amenazan la credibilidad de un proceso en el que el oficialismo busca un segundo mandato consecutivo y la oposición intenta evitarlo.

    La Secretaría General de la OEA recordó que “las autoridades electorales deben poder realizar su labor… libres de injerencias y presiones indebidas de cualquier actor político”, insistiendo en que la independencia de los órganos electorales es esencial para la gobernanza democrática. Desde Ginebra, relatores de la ONU advirtieron sobre la polarización y el deterioro del clima para la libertad de expresión.

    El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, afirmó que el Gobierno del presidente Donald Trump comparte “la preocupación” expresada por la OEA y “sigue de cerca la situación”.

    Washington pidió a todos los funcionarios —incluidas autoridades electorales y militares— “respetar escrupulosamente las leyes y la Constitución”, y advirtió que responderán “con rapidez y firmeza” ante cualquier intento de alterar la integridad del proceso.

    Mientras tanto, la presidenta Xiomara Castro aseguró en Brasil que los comicios serán libres y transparentes, aunque observadores internacionales señalan un ambiente tenso, marcado por discursos de odio entre oficialismo y oposición y un deterioro notable de la independencia electoral.

    Los analistas sostienen que esta crisis forma parte de un ciclo prolongado de inestabilidad. Honduras, uno de los países más pobres de Latinoamérica, arrastra conflictos sin resolver desde su retorno al orden constitucional hace 45 años. Entre 2009 y 2017 vivió el golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya y la polémica reelección de Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos en 2022 y condenado a 45 años por narcotráfico.

    El defensor de derechos humanos Joaquín Mejía explicó a EFE que el país acumula crisis “porque ninguna se resuelve”, y advirtió que la élite política —de todos los partidos— utiliza estos conflictos para profundizar la desconfianza en las instituciones, lo que calificó como “grave y peligroso para la democracia”.