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  • Abogado de la Unión Europea cuestiona límites de castigos deportivos impuestos en Italia por el caso Juventus

    Abogado de la Unión Europea cuestiona límites de castigos deportivos impuestos en Italia por el caso Juventus

    Un abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) advirtió este jueves que la normativa italiana que impide a los tribunales ordinarios anular sanciones deportivas ilegales contradice el Derecho comunitario, en un caso relacionado con la Juventus de Turín.

    El dictamen fue emitido por el jurista Dean Spielmann, en el marco de un proceso que involucra a dos exdirectivos del club italiano: el expresidente Andrea Agnelli y el exconsejero delegado Maurizio Arrivabene. Ambos fueron sancionados por la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) por su participación en un esquema de plusvalías ficticias entre 2018 y 2021, que alteró los balances financieros del club.

    El caso fue llevado ante el Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio, el cual elevó una cuestión prejudicial al TJUE al considerar que la legislación italiana le impide anular o suspender sanciones deportivas, incluso si estas fueran ilegales. El marco actual solo permite conceder indemnizaciones económicas, sin revocar los castigos impuestos.

    En su análisis, Spielmann sostuvo que las sanciones como la prohibición de ejercer cargos en el fútbol profesional durante dos años no vulneran por sí solas las reglas de libre circulación o competencia de la UE, siempre que sean proporcionales, objetivas y no discriminatorias. También descartó que estas medidas impliquen abuso de posición dominante.

    Sin embargo, alertó que el principio de autonomía del deporte no puede limitar el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido por la legislación europea. “Un sistema que impide anular sanciones deportivas ilegales o adoptar medidas cautelares no es compatible con el Derecho de la Unión”, señaló.

    Aunque las conclusiones del abogado general no son vinculantes, sí suelen influir en el fallo definitivo de la Corte. El dictamen también aclaró que corresponde a los tribunales italianos verificar si su control de legalidad es el único ejercicio jurisdiccional válido conforme a la normativa europea.