El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) ha registrado al menos 6,889 denuncias por capturas arbitrarias durante el régimen de excepción, informó este sábado el rector de la UCA, Mario Cornejo.
El pronunciamiento se realizó en el marco del 36 aniversario de la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras en 1989, perpetrada por el Ejército salvadoreño durante la guerra civil.
“Aunque la mayoría percibe una mejora en la seguridad, también sabemos que numerosas personas están siendo detenidas sin debido proceso ni con posibilidad de defensa”, declaró Cornejo durante el acto conmemorativo.
Agregó que estas detenciones, amparadas en el régimen, “no están apegadas al respeto de la dignidad de toda persona humana y a un estado de derecho”.
Cornejo subrayó que muchas de las personas encarceladas o exiliadas por luchar por la justicia enfrentan procedimientos «aparentemente legales», pero que en realidad son injustos.
El rector reiteró que estas prácticas no pueden normalizarse ni justificarse, incluso bajo el argumento del combate a la criminalidad.
El régimen de excepción fue aprobado por el Congreso salvadoreño en marzo de 2022 tras una ola de homicidios que dejó más de 80 muertos en un fin de semana. Desde entonces, se han registrado más de 89,900 detenciones sin una sola condena hasta la fecha.
Pese a los cuestionamientos, el Gobierno ha mantenido su defensa del régimen como parte de su estrategia de seguridad.
El propio Ejecutivo ha admitido que al menos 8,000 personas inocentes fueron detenidas durante la aplicación del régimen. Aunque muchas ya han sido liberadas, continúan bajo proceso penal, sin una resolución definitiva.
La cifra refleja el alto margen de error en la ejecución de detenciones masivas bajo este esquema.
El pasado 30 de octubre, la Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó la 44ª prórroga del régimen. Según el decreto, aún persisten grupos terroristas cuya eliminación completa es necesaria para evitar un retroceso en los resultados obtenidos en seguridad.
Si bien las estadísticas oficiales reportan una disminución drástica de homicidios y extorsiones, organizaciones de derechos humanos denuncian violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales. Entre las denuncias destacan torturas, detenciones arbitrarias y más de 450 muertes bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.
Cornejo concluyó que el país no puede construir una paz auténtica sin justicia ni respeto a la dignidad humana. “Todas estas personas, incluyendo a quienes hoy están presas o exiliadas por luchar en favor de la justicia, cargan con el peso de procedimientos aparentemente legales”, sentenció.