El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, instó al presidente Nasry «Tito» Asfura a colocar como prioridad la situación de los migrantes hondureños en Estados Unidos, al advertir que las deportaciones contribuyen a incrementar la pobreza en el país centroamericano.
“Es muy importante que se tengan en cuenta los hondureños que viven allá (en EE.UU.) y esas deportaciones, ¿qué es lo que hacen? Simplemente más pobreza”, afirmó el cardenal este domingo, al hacer un llamado público al mandatario, tras su reciente encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Rodríguez recordó que cerca de 1.8 millones de hondureños residen en Estados Unidos, entre documentados e indocumentados, muchos de los cuales sostienen la economía nacional a través del envío de remesas. Por ello, pidió buscar soluciones concretas para este sector vulnerable.
Durante su visita en Miami, Asfura aseguró a periodistas que abordó con Trump temas relacionados con el Estatus de Protección Temporal (TPS), además de inversión y política arancelaria.
“Estuvimos hablando del TPS; ustedes saben que todavía está pendiente”, dijo el mandatario, quien tomó posesión el pasado 27 de enero.
Rodríguez también hizo un fuerte llamado a combatir la corrupción, a la que definió como un “mal endémico” que ha mantenido al país postrado durante décadas.
“La corrupción nos ha tenido postrados por años, no simplemente por un gobierno, dos o tres gobiernos, es un mal endémico que hay que tratar de echar fuera”, sostuvo.
El líder religioso señaló que, para atraer inversión extranjera, el gobierno debe garantizar un sistema judicial confiable y con aplicación efectiva de la ley. Además, recalcó que el cambio de país no puede lograrse en un período de cuatro años, sino con una visión a largo plazo.
Finalmente, Rodríguez exhortó a las nuevas autoridades a guiarse por los principios del Evangelio y los mandamientos: “no robar, no mentir y no matar”. A su juicio, estos valores siguen siendo fundamentales para transformar a Honduras con justicia y esperanza.
Unos 8,000 jóvenes salvadoreños sin estatus legal se graduarán este año de la escuela secundaria en Estados Unidos, reveló un estudio del centro de análisis Migration Policy Institute (MPI). La cifra representa el 9 % del total de estudiantes indocumentados que concluirán su educación media en ese país.
El informe advierte que estos jóvenes enfrentan obstáculos crecientes para continuar sus estudios o acceder al mercado laboral, en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración del presidente Donald Trump, quien volvió a la Casa Blanca en 2025.
El MPI estima que, cada año, cerca de 90,000 estudiantes indocumentados llegan al último grado de secundaria en EE.UU., de los cuales unos 75,000 logran graduarse.
México es el principal país de origen, seguido por Honduras, Guatemala, El Salvador y Venezuela.
“Estos estudiantes se ven afectados por la intensificación de los operativos migratorios y los retrocesos en políticas estatales que antes les permitían pagar matrícula local en universidades públicas”, señala el informe del MPI.
El informe también advierte que las condiciones para estos jóvenes han empeorado, ya que muchos estados han eliminado el acceso a beneficios como el pago de colegiaturas estatales o el acceso a programas como DACA. Además, la finalización de ciertos permisos temporales, como el TPS, agrava el panorama para los graduados, quienes carecen de autorización para trabajar formalmente.
El Migration Policy Institute concluye que, aunque estos estudiantes aún tienen derecho legal a recibir educación básica, el miedo a redadas migratorias y el fin de protecciones dentro de escuelas ha generado ausentismo y deterioro en su salud mental.
«Los 75,000 estudiantes indocumentados que se gradúan cada año enfrentan hoy más barreras que nunca para estudiar, trabajar y contribuir plenamente a la sociedad estadounidense», advierte el informe.
El presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, dijo este martes que solicitará a su homólogo estadounidense, Donald Trump, la eliminación de aranceles comerciales que afectan la competitividad del país, y resaltó la necesidad de preservar la relación con su principal socio estratégico.
Asfura detalló que el eje central del encuentro con Trump, quien lo respaldó abiertamente durante la campaña, será la negociación de los gravámenes que amenazan la economía local, especialmente el arancel general del 10 % y el impuesto del 25 % aplicado a los arneses para la industria automotriz.
El mandatario hondureño, quien asumió el poder el pasado 27 de enero, tiene previsto reunirse con Trump el próximo fin de semana en la residencia del presidente estadounidense en Mar-a-Lago, en el estado de Florida, según informó la canciller de Honduras, Mireya Agüero.
“Eso es lo que tenemos que ir a hacer a Estados Unidos, a pedirle al presidente Trump que nos dé la oportunidad de que podamos ser competentes, igual que Guatemala y El Salvador”, explicó Asfura a la prensa tras asistir a la conmemoración del 279 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa, patrona de Honduras.
Asfura subrayó que Estados Unidos es el «socio comercial más grande» del país centroamericano y que, por tanto, es imperativo «cuidar» la relación bilateral. También, manifestó su inquietud por la situación de unos 55,000 hondureños acogidos al Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés).
Lamentó, además, que las decisiones políticas de administraciones anteriores hayan puesto «en riesgo» la estabilidad de estos ciudadanos, muchos de los cuales residen en EE.UU. desde hace décadas.
En ese sentido, calificó de «héroes» a los casi dos millones de hondureños que viven en EE.UU., entre residentes legales e indocumentados, y señaló que la relación con el país norteamericano es importante para sostener sectores estratégicos como la industria de maquila, que genera unos 200.000 empleos directos en Honduras.
Como parte de su estrategia para atraer capitales, el mandatario señaló la necesidad de brindar seguridad jurídica a los inversores y anunció el regreso de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) como mecanismo para ofrecer garantías.
“No hay manera de que el Gobierno nos dé trabajo a todos”, reconoció el gobernante, tras señalar que sin inversión privada, nacional y extranjera, será difícil generar empleo para cerca de 800.000 personas que actualmente requieren un puesto laboral.
El presidente hondureño destacó que su gestión también priorizará la ciberseguridad y la formación tecnológica de la juventud, y aseguró que su Gobierno trabajará para devolver “esperanza y oportunidades” a la población hondureña.
El primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump ha estado marcado por un endurecimiento sin precedentes de la política migratoria en Estados Unidos. Con más de 622,000 deportaciones, niveles récord de detenciones y una ofensiva legal contra los programas humanitarios, el Gobierno ha sido señalado por organismos internacionales por el deterioro de las condiciones humanitarias y el uso intensivo de la acción ejecutiva para imponer restricciones.
Si bien la cifra de deportaciones está por debajo de las 778,000 registradas en el último año fiscal completo del gobierno de Joe Biden, expertos advierten que las consecuencias humanas y legales de las nuevas políticas migratorias podrían sentirse durante años.
Para aumentar las cifras de repatriaciones, la Administración expulsó a cientos de migrantes a al menos 14 países distintos al de su origen, entre ellos Camerún, El Salvador, Polonia, Ruanda y Sudán del Sur, una estrategia que ha sido duramente cuestionada en tribunales.
Detenciones históricas y denuncias de abusos
Las detenciones alcanzaron un promedio de más de 73,000 personas bajo custodia, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2001. Según el American Immigration Council, “el Gobierno está encarcelando a cientos de miles de personas —la mayoría sin antecedentes penales— en un sistema de detención severo que hace casi imposible pelear sus casos o lograr la libertad”.
Organismos como Amnistía Internacional y la ACLU han denunciado condiciones inhumanas, hacinamiento y abusos físicos y psicológicos en los centros de detención. El año 2025 fue el más mortífero en al menos dos décadas, con más de 30 fallecidos bajo custodia del ICE.
Fotografía de archivo de agentes de inmigración en una redada. EFE
ICE duplicó su fuerza y cambió tácticas
El número de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aumentó de 10,000 a 22,000 efectivos, muchos desplegados en ciudades demócratas como Chicago y Mineápolis, donde han sido señalados por tácticas violentas y operativos sin identificación.
Desde que Trump regresó al poder, ICE ha realizado al menos 30 redadas con uso de armas de fuego, según el portal especializado The Trace. Además, agentes comenzaron a ocultar su rostro con pasamontañas y utilizar vehículos sin distintivos.
Organizaciones civiles también alertan sobre el arresto de más de 170 ciudadanos estadounidenses detenidos por error en redadas migratorias. ICE ha extendido las detenciones a cortes de inmigración y oficinas del USCIS, afectando incluso a personas que acudían a trámites de naturalización o eran cónyuges de ciudadanos.
Fin de programas humanitarios y amenaza al TPS
El Gobierno lanzó una ofensiva para eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de 11 países, incluyendo Venezuela, Haití y Honduras, así como para anular el programa de ‘parole’ humanitario implementado por la administración Biden.
Como resultado, más de un millón de personas que ingresaron legalmente al país han quedado en riesgo de deportación.
“Inconscientemente están premiando al que fue ilegal y nunca intentó legalizar su estatus; esa gente tiene más beneficios que la persona que trató de hacerlo de la manera correcta”, lamentó el abogado de inmigración Juan Molina, con sede en Houston.
La frontera sur estadounidense reporta menos encuentros de migrantes este año. / archivo.
Frontera más cerrada y caída en los cruces
La eliminación del derecho a solicitar asilo —tanto en puertos como tras cruces irregulares— provocó un desplome en los cruces fronterizos, con un promedio de apenas 9,700 ingresos mensuales, la cifra más baja en cinco décadas.
Las restricciones también alcanzaron la migración legal: se suspendieron visados en 75 países, se paralizó el programa de refugiados y se eliminó la lotería de visas de diversidad y mecanismos de reunificación familiar.
Molina también criticó el lenguaje utilizado por las autoridades: “Cuando entras a la página de USCIS o sus redes sociales, hay un énfasis en ‘defender la nación’, en la idea de invasión y de una cultura homogénea, como si esa fuera la realidad del país”.
El Migration Policy Institute (MPI) registró 38 órdenes ejecutivas firmadas por Trump relacionadas con migración hasta el 7 de enero de este año, lo que representa el 17 % del total emitido en su primer año. En total, el Gobierno ha ejecutado más de 500 acciones migratorias, la mayoría sin pasar por el Congreso.
“El Gobierno impulsó cambios radicales en la política migratoria, sin precedentes por su amplitud y alcance, que han vuelto a EE.UU. más hostil no solo con los indocumentados, sino con migrantes de todos los estatus legales”, concluyó el MPI.
El Gobierno estadounidense incluyó a los cubanos y venezolanos en la lista de 19 nacionalidades de «países de preocupación» a los que someterá a una «revisión rigurosa» de sus tarjetas de residente, o ‘green cards’, confirmó este jueves a EFE el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Consultado por la nueva orden de revisar la residencia de «todos» los migrantes de naciones de «riesgo», tras el tiroteo contra la Guardia Nacional en Washington, el USCIS compartió en un correo electrónico el decreto que firmó el presidente Donald Trump en junio para prohibir o restringir los viajes desde 19 países.
Dicha orden ejecutiva prohíbe, por «seguridad nacional», el ingreso de ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, además de restringir los de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
Estos mismos 19 países son los que contempla ahora la nueva revisión que anunció este jueves el director del USCIS, Joseph B. Edlow, tras el ataque que dejó dos elementos heridos de la Guardia Nacional en Washington D.C., donde el presunto responsable fue un afgano de 29 años, Rahmanullah Lakanwal.
«Bajo la dirección del @POTUS (el presidente de Estados Unidos), he ordenado una revisión rigurosa, a gran escala, de cada tarjeta de residente de cada extranjero de cada país de preocupación», informó Edlow en X.
La misma dependencia había anunciado la suspensión de las solicitudes de inmigración de afganos el miércoles, minutos después de un mensaje a la nación de Trump, quien culpó a las políticas migratorias de su predecesor, Joe Biden (2021-2025), por el ingreso de Lakanwal y el subsecuente ataque.
«La protección de este país y del pueblo estadounidense sigue siendo primordial y el pueblo estadounidense no cargará con el costo de las imprudentes políticas de reasentamiento de la anterior administración», concluyó Edlow.
Esta nueva orden representa restricciones migratorias adicionales para cubanos y venezolanos, comunidades en las que hubo apoyo a Trump en las elecciones de 2024.
El presidente ha pedido antes terminar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el programa de ‘parole humanitario’ para cubanos, venezolanos, haitianos y otras nacionalidades.
Después de la balacera del miércoles cerca de la Casa Blanca, que ha dejado a los dos agentes de la Guardia Nacional en estado crítico, Trump denunció «un acto de odio» y prometió endurecer las medidas migratorias.
El director del FBI, Kash Patel, confirmó la mañana de este jueves que Lakanwal trabajó para una unidad militar respaldada por la CIA en Afganistán y se trasladó a Estados Unidos en 2021 con el programa ‘Operation Allies Welcome’, que apoyó a ciudadanos afganos tras la retirada militar estadounidense del país.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció el miércoles el fin de la extensión automática de 540 días en los permisos de empleo para ciertas categorías de inmigrantes, medida que entrará en vigencia este 30 de octubre. Esta decisión revierte una política clave implementada por la administración de Joe Biden, la cual buscaba aliviar los retrasos en el procesamiento de solicitudes laborales.
Según el DHS, los extranjeros que soliciten la renovación de su permiso de empleo a partir de esa fecha “ya no recibirán una extensión automática”. El cambio se basa en una orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump y responde a la intención del Gobierno de reforzar los controles de seguridad y evitar fraudes migratorios.
El director del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), Joseph Edlow, justificó la decisión argumentando que “el enfoque ahora prioriza la seguridad de los estadounidenses por encima de la conveniencia de los extranjeros”. Según indicó, el nuevo protocolo permitirá una verificación más rigurosa de los antecedentes de quienes solicitan autorización para trabajar en EE.UU.
Sin embargo, la medida ha generado un fuerte rechazo por parte de organizaciones proinmigrantes y expertos legales.
Riesgo de despidos masivos
La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) advirtió que esta decisión causará despidos masivos, afectará a empleadores y perjudicará la estabilidad económica del país.
“Los empleadores no tendrán más opción que despedir a trabajadores en proceso de renovación”, afirmó Jeff Joseph, presidente de AILA.
La decisión también ha sido criticada por la ONG FWD.us, que calificó la medida como “simplemente injusta” y pidió modernizar los procesos en lugar de imponer más obstáculos. Aunque el DHS confirmó que habrá excepciones para casos previstos por ley, como el Estatus de Protección Temporal (TPS), organizaciones alertan que el USCIS carece de personal y recursos suficientes para procesar a tiempo las solicitudes acumuladas.
La población de migrantes indocumentados en Estados Unidos alcanzó los 13,7 millones a mediados de 2023, frente a los 10,7 millones registrados en 2019, según un informe publicado este martes por el Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés). Se trata del mayor incremento en más de veinte años.
El estudio atribuye este salto a una combinación de factores: la rápida recuperación económica de EE.UU. tras la pandemia, la violencia y la represión política en países como Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, y las crisis estructurales en Centroamérica. También señala que las políticas de «parole» humanitario y de asilo del gobierno de Joe Biden pudieron alentar nuevas llegadas.
La población mexicana sigue siendo la más numerosa dentro del grupo de indocumentados (5,5 millones), pero el aumento reciente ha sido impulsado por migrantes procedentes de Honduras, Guatemala, Venezuela, Colombia, Ecuador y Brasil. Para 2023, uno de cada cuatro migrantes en Estados Unidos estaba en situación irregular.
Además, 4 millones de indocumentados contaban con protecciones temporales como TPS, DACA, o permisos humanitarios, mientras que otros 4,2 millones estaban casados con ciudadanos estadounidenses o residentes legales, aunque enfrentaban trabas legales para regularizar su estatus debido a leyes migratorias restrictivas.
El informe también destaca el impacto sobre los 6,3 millones de niños que viven con al menos un padre indocumentado, de los cuales solo un millón posee la ciudadanía. Estos menores suelen enfrentar precariedad económica, acceso limitado a servicios públicos y el temor constante a la separación familiar.
En el ámbito laboral, el 22 % de los migrantes indocumentados trabaja en construcción, seguido del 10 % en servicios de alimentación. Los Ángeles, considerada ciudad santuario, es el principal destino de residencia, seguida por Houston. A nivel estatal, California (2,9 millones), Texas (1,96 millones) y Florida (1,22 millones) encabezan la lista de regiones con mayor población sin estatus legal.
A pesar de este aumento entre 2019 y 2023, el informe advierte que la cifra podría haber disminuido en 2025, debido al cambio de rumbo político tras el regreso de Donald Trump a la presidencia, acompañado por una intensificación en las redadas migratorias y un endurecimiento de las políticas de deportación.
La Corte Suprema de Estados Unidos avaló este viernes que la Administración del presidente Donald Trump revoque el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 300,000 migrantes venezolanos que residen en el país norteamericano.
Con seis votos a favor y tres en contra, el máximo tribunal respaldó al Departamento de Seguridad Nacional, en contra de un fallo previo de un tribunal federal en California que impedía suspender las protecciones para unos 600,000 inmigrantes, entre ellos venezolanos y haitianos.
La resolución podría derivar en la deportación de centenares de miles de venezolanos beneficiados con el programa, aunque se estima que por ahora no afectará a ciudadanos haitianos amparados bajo el mismo estatus.
“Aunque las posturas en el caso han cambiado, los argumentos legales de las partes y los daños relativos no lo han hecho. El mismo resultado que se acordó en mayo es el apropiado”, señala el fallo de la mayoría conservadora, que ya había resuelto en la misma dirección por la vía de emergencia.
Las magistradas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson votaron en contra. En su opinión disidente, Jackson advirtió: “No puedo estar de acuerdo con esta interferencia repetitiva, gratuita y dañina en los casos que siguen pendientes en tribunales inferiores mientras hay vidas en la balanza”.
El presidente Trump solicitó al Supremo, a finales de septiembre, el aval para retirar las protecciones contra la deportación que desde 2021 han impedido expulsar a cerca de 300,000 venezolanos, decisión que fue bloqueada por varios tribunales en instancias anteriores.
La decisión del Supremo representa el cierre temporal a un extenso proceso judicial que se ha prolongado por más de dos años, y que ahora le concede luz verde al gobierno para revocar el TPS a miles de migrantes, pese a los recursos que aún podrían ser interpuestos en instancias inferiores.
El juez Edward Chen del Tribunal de Distrito Norte de California falló a favor de los inmigrantes afectados por la terminación del amparo que protege de la deportación a unos 600,000 venezolanos y a unos 500,000 haitianos.
El magistrado dictaminó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió su autoridad legal al terminar con el amparo y que su decisión era «arbitraria y caprichosa», según escribió en el fallo.
La opinión de Chen de 69 páginas representa una victoria para la Alianza Nacional TPSy siete inmigrantes venezolanos afectados por la cancelación del amparo ordenada por Noem en febrero pasado.
La querella legal busca proteger a dos grupos de venezolanos amparados por el TPS otorgado por el expresidente Joe Biden (2021-2025), los de 2021, unos 250,000, y los beneficiarios de la extensión de 2023, unos 350,000, y la extensión del amparo a medio millón de haitianos.
Se espera que el Gobierno Trump apele la decisión final de Chen y que el caso llegue incluso al Tribunal Supremo.
La Casa Blanca ya logró una victoria en la máxima corte en este caso cuando en mayo pasado le permitió terminar con el alivio a los venezolanos que se beneficiaron del TPS en 2023 hasta que Chen entregara la decisión final de este viernes.
El gobierno ha argumentado que tiene el poder de poner fin al beneficio y que la decisión de Chen no debería tener un alcance nacional.
Esta no es la primera vez que Trump se enfrasca en una pelea contra el TPS, en su primer mandato intentó terminar con la protección a inmigrantes de seis países, la mayoría centroamericanos, pero perdió la batalla en las cortes.
Unos 850 mil salvadoreños residen en Estados Unidos en condición de migrantes irregulares, según reveló un informe del Pew Research Center, un centro de estudios con sede en Washington, que analizó datos de 2023.
“El número de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos alcanzó un máximo histórico de 14 millones en 2023, tras dos años consecutivos de crecimiento récord (…) el aumento de 3.5 millones en dos años es el mayor registrado”, detalla el informe, que señala también que los datos de 2023 son los más recientes disponibles para un análisis completo.
El concepto de «inmigrantes no autorizados» incluye a quienes entraron ilegalmente, pero también a aquellos que lo hicieron legalmente y posteriormente perdieron su estatus, incluyendo beneficiarios del TPS (Estatus de Protección Temporal). En 2023, este grupo representaba el 27 % de todos los inmigrantes en Estados Unidos, frente al 22 % en 2021. Además, su proporción en la población total del país aumentó del 3.1 % al 4.1 %.
El informe prevé que en 2025 la cifra de inmigrantes no autorizados haya comenzado a descender, como consecuencia del incremento en las deportaciones y del fin de ciertas protecciones migratorias bajo la administración del presidente Donald Trump.
“El Salvador, India, China y Filipinas son los únicos países que no muestran cambios significativos en sus poblaciones de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos entre 2021 y 2023”, apunta el estudio.
En contraste, el número de inmigrantes irregulares nacidos fuera de México creció de 6.4 millones en 2021 a 9.7 millones en 2023. Entre estos, Venezuela destacó con un salto de 195,000 en 2021 a 650,000 en 2023. Otras naciones con crecimientos notables son Cuba, Colombia, Nicaragua, Ecuador, Ucrania y Perú.
A nivel regional, el mayor aumento de migración no autorizada se registró en Sudamérica (1.3 millones), seguido por Centroamérica (725,000) y el Caribe (575,000).
En cuanto a la distribución geográfica, los seis estados con más inmigrantes no autorizados son California (2.3 millones), Texas (2.1 millones), Florida (1.6 millones), Nueva York (825,000), Nueva Jersey (600,000) e Illinois (550,000).
La investigación del Pew Research Center también destaca que, en 2023, al menos 7.5 millones de hogares en Estados Unidos incluían a un inmigrante no autorizado. Esto representa el 5.6 % de los 133 millones de hogares a nivel nacional. En total, 26 millones de personas, entre ellas 14 millones de migrantes irregulares, vivían en estos hogares, el 88 % de los cuales tenía a un inmigrante no autorizado como jefe de familia o cónyuge.
Casi el 70 % de estos hogares son de estatus migratorio mixto, es decir, compuestos por inmigrantes irregulares y ciudadanos nacidos en EE. UU. o migrantes legales. La mayoría de los estadounidenses en estos hogares son hijos de padres migrantes no autorizados.
En el ámbito económico, los inmigrantes no autorizados tienen presencia en todos los sectores. Las industrias con más trabajadores indocumentados en 2023 fueron: construcción (15 %), agricultura (14 %), hostelería y ocio (8 %), otros servicios (7 %) y servicios profesionales/empresariales (7 %).
Entre las ocupaciones con mayor proporción de migrantes no autorizados se encuentran: agricultura (24 %), construcción (19 %) y servicios (9 %). Aunque en ninguna ocupación superan a la mayoría, en varias especialidades dentro de la construcción su presencia oscila entre el 25 % y 40 %, según el reporte.
