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  • Juez bloquea la decisión de Trump de poner fin al TPS para venezolanos y haitianos

    Juez bloquea la decisión de Trump de poner fin al TPS para venezolanos y haitianos

    Un juez federal bloqueó este viernes la orden del presidente de EE.UU., Donald Trump, de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) que ampara a más de un millón de inmigrantes procedentes de Venezuela y Haití.

    El juez Edward Chen del Tribunal de Distrito Norte de California falló a favor de los inmigrantes afectados por la terminación del amparo que protege de la deportación a unos 600,000 venezolanos y a unos 500,000 haitianos.

    El magistrado dictaminó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió su autoridad legal al terminar con el amparo y que su decisión era «arbitraria y caprichosa», según escribió en el fallo.

    La opinión de Chen de 69 páginas representa una victoria para la Alianza Nacional TPS y siete inmigrantes venezolanos afectados por la cancelación del amparo ordenada por Noem en febrero pasado.

    La querella legal busca proteger a dos grupos de venezolanos amparados por el TPS otorgado por el expresidente Joe Biden (2021-2025), los de 2021, unos 250,000, y los beneficiarios de la extensión de 2023, unos 350,000, y la extensión del amparo a medio millón de haitianos.

    Se espera que el Gobierno Trump apele la decisión final de Chen y que el caso llegue incluso al Tribunal Supremo.

    La Casa Blanca ya logró una victoria en la máxima corte en este caso cuando en mayo pasado le permitió terminar con el alivio a los venezolanos que se beneficiaron del TPS en 2023 hasta que Chen entregara la decisión final de este viernes.

    El gobierno ha argumentado que tiene el poder de poner fin al beneficio y que la decisión de Chen no debería tener un alcance nacional.

    Esta no es la primera vez que Trump se enfrasca en una pelea contra el TPS, en su primer mandato intentó terminar con la protección a inmigrantes de seis países, la mayoría centroamericanos, pero perdió la batalla en las cortes.

  • Unos 850 mil salvadoreños viven como migrantes irregulares en EE. UU.

    Unos 850 mil salvadoreños viven como migrantes irregulares en EE. UU.

    Unos 850 mil salvadoreños residen en Estados Unidos en condición de migrantes irregulares, según reveló un informe del Pew Research Center, un centro de estudios con sede en Washington, que analizó datos de 2023.

    En su estudio titulado “La población inmigrante no autorizada en EE. UU. alcanzó un récord de 14 millones en 2023”, la organización detalló que El Salvador y Guatemala ocupan el segundo lugar en la lista de países con más inmigrantes no autorizados en ese país, solo por detrás de México, que representa el 30 % del total. Los hondureños suman 775 mil y los ciudadanos de la India, 680 mil.

    “El número de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos alcanzó un máximo histórico de 14 millones en 2023, tras dos años consecutivos de crecimiento récord (…) el aumento de 3.5 millones en dos años es el mayor registrado”, detalla el informe, que señala también que los datos de 2023 son los más recientes disponibles para un análisis completo.

    El concepto de «inmigrantes no autorizados» incluye a quienes entraron ilegalmente, pero también a aquellos que lo hicieron legalmente y posteriormente perdieron su estatus, incluyendo beneficiarios del TPS (Estatus de Protección Temporal). En 2023, este grupo representaba el 27 % de todos los inmigrantes en Estados Unidos, frente al 22 % en 2021. Además, su proporción en la población total del país aumentó del 3.1 % al 4.1 %.

    El informe prevé que en 2025 la cifra de inmigrantes no autorizados haya comenzado a descender, como consecuencia del incremento en las deportaciones y del fin de ciertas protecciones migratorias bajo la administración del presidente Donald Trump.

    “El Salvador, India, China y Filipinas son los únicos países que no muestran cambios significativos en sus poblaciones de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos entre 2021 y 2023”, apunta el estudio.

    En contraste, el número de inmigrantes irregulares nacidos fuera de México creció de 6.4 millones en 2021 a 9.7 millones en 2023. Entre estos, Venezuela destacó con un salto de 195,000 en 2021 a 650,000 en 2023. Otras naciones con crecimientos notables son Cuba, Colombia, Nicaragua, Ecuador, Ucrania y Perú.

    A nivel regional, el mayor aumento de migración no autorizada se registró en Sudamérica (1.3 millones), seguido por Centroamérica (725,000) y el Caribe (575,000).

    En cuanto a la distribución geográfica, los seis estados con más inmigrantes no autorizados son California (2.3 millones), Texas (2.1 millones), Florida (1.6 millones), Nueva York (825,000), Nueva Jersey (600,000) e Illinois (550,000).

    La investigación del Pew Research Center también destaca que, en 2023, al menos 7.5 millones de hogares en Estados Unidos incluían a un inmigrante no autorizado. Esto representa el 5.6 % de los 133 millones de hogares a nivel nacional. En total, 26 millones de personas, entre ellas 14 millones de migrantes irregulares, vivían en estos hogares, el 88 % de los cuales tenía a un inmigrante no autorizado como jefe de familia o cónyuge.

    Casi el 70 % de estos hogares son de estatus migratorio mixto, es decir, compuestos por inmigrantes irregulares y ciudadanos nacidos en EE. UU. o migrantes legales. La mayoría de los estadounidenses en estos hogares son hijos de padres migrantes no autorizados.

    En el ámbito económico, los inmigrantes no autorizados tienen presencia en todos los sectores. Las industrias con más trabajadores indocumentados en 2023 fueron: construcción (15 %), agricultura (14 %), hostelería y ocio (8 %), otros servicios (7 %) y servicios profesionales/empresariales (7 %).

    Entre las ocupaciones con mayor proporción de migrantes no autorizados se encuentran: agricultura (24 %), construcción (19 %) y servicios (9 %). Aunque en ninguna ocupación superan a la mayoría, en varias especialidades dentro de la construcción su presencia oscila entre el 25 % y 40 %, según el reporte.

  • El Gobierno de Trump advierte que el TPS no es un asilo “de facto”, tras revés judicial

    El Gobierno de Trump advierte que el TPS no es un asilo “de facto”, tras revés judicial

    El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, criticó este viernes el fallo de una jueza federal que restableció el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras, Nepal y Nicaragua, al subrayar que el beneficio migratorio no fue concebido como un sistema de asilo “de facto”.

    Una jueza federal extendió este jueves el amparo que debía finalizar el 5 de agosto para unos 7,000 inmigrantes de Nepal, mientras que el 8 de septiembre terminaría el beneficio para vivir y trabajar en EE.UU. en el caso de alrededor de 51,000 hondureños y casi 3,000 nicaragüenses.

    Los inmigrantes amparados por el TPS habían demandado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alegando que puso final al amparo, que los protege de la deportación, debido a “animosidad racial”

    En ese sentido, la subsecretaria del DHS Tricia McLaughlin dijo en un comunicado que la cancelación del amparo responde a un mandato para “restaurar la integridad” del sistema migratorio y regresar la meta original del TPS.

    “El TPS nunca se concibió como un sistema de asilo de facto; sin embargo, así es como lo han utilizado las administraciones anteriores durante décadas”, subrayó la funcionaria.

    McLaughlin también cargó contra la jueza Trina Thompson, que ordenó la extensión del TPS de los tres países, al decir que el fallo es “otro ejemplo” de cómo jueces incitan al racismo para desviar la atención de los hechos.

    Agregó que el DHS apelará la decisión y llevará la batalla legal a instancias superiores.

    La Administración Trump ha cancelado el TPS a unos 160,000 ucranianos, 350,000 venezolanos y al menos medio millón de haitianos, entre otros migrantes.

  • Solo 4,468 salvadoreños con TPS aprobado de más de 117,600 solicitudes hasta marzo según USCIS

    Solo 4,468 salvadoreños con TPS aprobado de más de 117,600 solicitudes hasta marzo según USCIS

    Un total de 4,468 solicitudes de salvadoreños para mantener su Estatus de Protección Temporal (TPS) habían sido aceptadas desde octubre de 2024 hasta marzo de 2025, según la Oficina de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés).

    El reporte estadístico de la USCIS indica que aprobaron 3,753 solicitudes de TPS a salvadoreños durante el primer trimestre del año fiscal estadounidense y 715 en el segundo trimestre del mismo, totalizando 4,468.

    La USCIS aún no informa cuántas solicitudes de TPS interpuestas por salvadoreños aprobó durante el trimestre de abril a junio de 2025.

    Hasta marzo, tenía pendientes 117,693 solicitudes de salvadoreños y registró 1,123 denegadas durante el semestre analizado.

    El reporte incluye un total de 808,124 solicitudes de TPS pendientes de migrantes de diferentes nacionalidades que han llenado el formulario I-821 de solicitud de TPS que incluye 17 países de los cuales aún se mantienen Venezuela, Haití, Honduras y Nicaragua para los cuales la administración Trump ha cancelado el programa.

    De enero a marzo, la USCIS recibió 116,233 solicitudes de salvadoreños, una cifra superada solo por los formularios presentados por ucranianos y venezolanos.

    Alianza Las Américas señaló “retrasos críticos en renovaciones de TPS” y divulgó este miércoles una guía popular para “empoderar” a los salvadoreños beneficiarios del TPS.

    El TPS para El Salvador fue extendido por 18 meses más el 10 de enero de 2025 durante la gestión de Biden, decisión que no ha sido modificada por la administración de Trump, quien aseveró que darían “un vistazo” al beneficio para los salvadoreños.

    El periodo de reinscripción para enviar los formularios I-821 de renovación del TPS y el I-765 de solicitud de nueva autorización de empleo con fecha de expiración 9 de septiembre de 2026, inició e l17 de enero de 2025 y finalizó el 18 de marzo de 2025.

  • Migración se declara incompetente de informar sobre ciudadanos estadounidenses enviados a El Salvador junto a sus padres deportados

    Migración se declara incompetente de informar sobre ciudadanos estadounidenses enviados a El Salvador junto a sus padres deportados

    La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) se declaró incompetente sobre las cifras de personas deportadas a El Salvador y el estatus que estos poseen, entre ellos los menores con nacionalidad estadounidense que han sido enviados a El Salvador junto a sus padres salvadoreños.

    Diario El Mundo solicitó a través de la Unidad de Acceso a la Información de Migración: la cantidad de menores nacidos en Estados Unidos que han sido deportados a El Salvador; la cantidad de adultos deportados junto a sus hijos de nacionalidad estadounidense; la cantidad de salvadoreños solicitantes de asilo deportados; la cantidad de salvadoreños con ciudadanía americana que han sido deportados y la cantidad de salvadoreños deportados desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2025.

    El viernes 25 de julio, la institución notificó que la solicitud no había sido admitida por haber determinado que la información solicitada «no se encuentra dentro de la competencia funcional de la Dirección General de Migración y Extranjería«.

    La resolución de inadmisión de la solicitud, donde se declara la incompetencia de la entidad la firmó la oficial de información interina ad honorem, Yesenia Verónica Domínguez Montes.

    «Resuelvo inadmitir la solicitud de información presentada por la solicitante, determinándose que lo solicitado no se encuentra dentro de la competencia funcional de la Dirección General de Migración y Extranjería». Yesenia Verónica Domínguez, oficial de información interina ad honorem.

    Domínguez Montes argumentó en la resolución que las competencias de Migración y Extranjería son: control migratorio, emisión de pasaportes, recepción y atención inmediata de personas salvadoreñas retornadas, autorizar o inadmitir el ingreso, tránsito, permanencia y salida de personas extranjeras; autorizar, denegar, cancelar o suspender el ingreso o permanencia de extranjeros; calidades migratorias otorgadas a extranjeros; registrar las entradas y salidas de las personas nacionales o impedir su salida.

    Sin embargo, consta en un reporte de avance del Plan Anual Operativo de la DGME que solo en marzo recibieron  764 retornados vía aérea y terrestre. La institución no ha publicado los reportes de los otros meses. Según los datos de la organización Witness at the Border, desde enero hasta junio de 2025 El Salvador ha recibido 85 vuelos con deportados.

    Le puede interesar: Salvadoreños con protección, menores nacidos en Estados Unidos y residentes entre grupos propensos a deportaciones

    A inicios de julio, Diario El Mundo documentó cómo un joven salvadoreño de 24 años fue deportado a El Salvador tras haber vivido 15 años en Estados Unidos, tener tres hijos nacidos en el país norteamericano y haber solicitado asilo político.

    Expertos migratorios han explicado a El Mundo que, entre los grupos propensos a deportaciones en Estados Unidos, están:

    • Los que se encuentran en condición migratorio irregular.
    • Solicitantes de asilo.
    • Protegidos temporalmente en programas como el TPS y el DACA.
    • Menores nacidos en Estados Unidos que son deportados con sus padres.
    • Quienes tienen carné de residencia.
    • Ciudadanizados.
    • Quienes tienen antecedentes criminales.
    • Los que asisten a la Corte sabiendo que tienen orden de deportación.
    • Quienes no obedecieron la salida voluntaria.
  • Un migrante venezolano presenta un querella civil en EEUU por haberlo enviado al CECOT

    Un migrante venezolano presenta un querella civil en EEUU por haberlo enviado al CECOT

    Uno de los más de 250 migrantes venezolanos enviados por Estados Unidos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador presentó este jueves una demanda civil contra el Gobierno, alegando que fue detenido y expulsado sin el debido proceso legal.

    Neyiyerver Adrián León Rengel, quien fue liberado la semana pasada y llevado de vuelta a Venezuela tras pasar más de 4 meses detenido en el CECOT, denuncia haber sufrido abuso «físico, verbal y psicológico» y pide $1.3 millones en retribución por daños.

    La demanda, interpuesta con el respaldo de la organización Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), es la primera que presenta uno de los venezolanos que fueron expulsados a El Salvador.

    «Los funcionarios federales le mintieron a Rengel, diciéndole que sería enviado a su país de origen, Venezuela. Sin embargo, pasó más de cuatro meses en El Salvador –un país que no es su lugar de origen ni donde tiene vínculos personales–, donde sufrió abusos», lee el documento.

    El venezolano, de 27 años, trabaja como barbero en Irving, a las afueras de Dallas (Texas) y fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el parqueadero de su apartamento.

    Entró en EE.UU. a través de la aplicación CBP One, un programa impulsado por el Gobierno de Joe Biden (2017-2021) para que los migrantes pudieran presentarse en la frontera sur y había solicitado también un Estatus de Protección Temporal (TPS).

    Las autoridades, detalla el documento, lo identificaron «erróneamente» como miembro de la pandilla venezolana Tren de Aragua y lo enviaron a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, invocada por Trump para expulsar a los venezolanos acusados de formar parte de este grupo criminal.

    En el CECOT, Rengel soportó condiciones «inhumanas y deplorables», de acuerdo con la denuncia: «fue recluido junto a 18 o 19 detenidos venezolanos más en una celda de apenas tres por tres metros. La mayoría de los días permanecían allí las 24 horas, con pocas o ninguna oportunidad de salir».

    Los guardias de seguridad de la prisión le golpearon «en su pecho y su estómago» con puños y bastones y, en una ocasión, lo llevaron a una zona de prisión sin cámaras donde fue «brutalmente agredido», continúa la denuncia.

    Desde LULAC, el director ejecutivo Juan Proaño, asegura que la historia de Rengel es un «llamado de atención para todos los estadounidenses que creen en la promesa de la Constitución y el estado de derecho.

    «El caso del señor Rengel es una parodia de la justicia que merece la atención nacional”, indicó Proaño en un comunicado.

    Washington y Caracas anunciaron el viernes pasado un acuerdo para enviar a los más de 250 venezolanos de vuelta a su país, a cambio de la excarcelación de diez ciudadanos y residentes permanentes estadounidenses detenidos en Venezuela.

    Los migrantes, quienes en su mayoría no contaban con antecedentes penales, pasaron meses incomunicados, en lo que organizaciones defensoras de los derechos humanos calificaron como «desapariciones forzadas».

    El Gobierno de Donald Trump los acusó de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua y llegó a un acuerdo con El Salvador para pagar alrededor de seis millones de dólares al año por su detención.

  • Salvadoreños con protección, menores nacidos en Estados Unidos y residentes entre grupos propensos a deportaciones

    Salvadoreños con protección, menores nacidos en Estados Unidos y residentes entre grupos propensos a deportaciones

    Los salvadoreños con estatus de migración irregular son los principales posibles deportados desde Estados Unidos, con la ola de retornos masivos que ha impulsado el gobierno de Donald Trump, aunque, también se han deportado connacionales con protección temporal, con residencia e incluso menores nacidos en el país norteamericano.

    La experta en migración Celia Medrano explicó a Diario El Mundo que son alrededor de 800,000 los salvadoreños «en condición irregular» en Estados Unidos y ellos constituyen el grupo «en mayor condición de riesgo» ante las masivas deportaciones aunque no son los únicos por estar estar más expuestos.

    «Hemos sido testigos de muchos casos, incluyendo los ocurridos en contra de personas inmigrantes de origen salvadoreño en Estados Unidos,  la aplicación de las actuales políticas antimigratorias estadounidenses no distinguen si las personas detenidas cuentan con algún estatus de protección temporal». Celia Medrano, experta migratoria.

    Medrano explicó que en las deportaciones se han identificados personas solicitantes de asilo, otros que gozan de alguna protección temporal y otros. Medrano define algunos grupos vulnerables:

    • Con protección temporal como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el programa Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
    • Menores nacidos en Estados deportados con sus padres.
    • Solicitantes de asilo.
    • Con carné de residencia.
    • Ciudadanizados.

    Particularmente, Medrano considera que las deportaciones de menores estadounidenses retornados con sus padres son «acciones condenables». Además, considera que en realidad «no hay indicios» de una cercanía entre ambos gobiernos «que se traduzca en un trato preferencial para los salvadoreños».

    Tomando en cuenta la eliminación del TPS para Haití, Nicaragua, Venezuela y Honduras, Medrano considera que «no sería una sorpresa que se anunciara la cancelación del TPS para salvadoreños», el cual, fue prorrogado por Joe Biden hasta septiembre de 2026.

    Por otro lado, Reynaldo Alvergue, experto de SOS Inmigración Internacional hay tres grupos vulnerables a deportaciones: los que tienen antecedentes criminales, los que asisten a la corte sabiendo que tienen orden de deportación y quienes no obedecieron la salida voluntaria.

    La organización Agenda Migrante aseguró hace unas semanas que ve «potencialmente seguro que se suspenda» el TPS para los salvadoreños porque considera que el gobierno estadounidense busca liberarse de los permisos de trabajo.

    De enero a junio se han recibido 85 vuelos con salvadoreños deportados desde norteamericana según un informe de la organización Witness at the Border que recopila datos del Sistema de Inmigración y Aduanas (ICE).

    La Dirección de Migración y Extranjería (DGME) reporta de enero a marzo unos 2,797 salvadoreños deportados vía área, lo que representa una disminución del 26 % respecto a las cifras de 2024.

  • EE.UU. extiende el TPS otorgado a Haití hasta febrero de 2026 tras decisión de un juez

    EE.UU. extiende el TPS otorgado a Haití hasta febrero de 2026 tras decisión de un juez

    El Gobierno de EE.UU. extendió hasta febrero de 2026 las protecciones estipuladas bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para alrededor de medio millón de inmigrantes originarios de Haití, después de que un juez bloqueara la decisión del Ejecutivo del presidente Donald Trump de poner fin al programa.

    «La designación de TPS para Haití y los beneficios relacionados estaban programados para expirar el 2 de septiembre de 2025», indica una alerta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que agrega que después de la decisión de un juzgado federal del Distrito Este de Nueva York, «la fecha efectiva de cualquier terminación no será anterior al 3 de febrero de 2026».

    El DHS anunció en junio su intención de terminar las protecciones de deportación y los permisos de trabajo para cerca de 521.000 haitianos que estaban protegidos por este amparo, después de que el Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025) ampliara el beneficio hasta 2026.

    En la comunicación publicada el viernes en su sitio web, el DHS insistió en su desacuerdo con la orden del juez y señaló que en mayo pasado la Corte Suprema sentó un precedente a su favor cuando le dio vía libre a la Administración Trump para revocar el TPS que protege a más de 300,000 venezolanos.

    El DHS advirtió que «discrepa rotundamente con esta decisión» de la corte federal en Nueva York sobre la suerte de los inmigrantes haitianos e informó que «está trabajando para determinar los próximos pasos» en este caso.

    El TPS es un amparo que se otorga a los ciudadanos de un determinado país que migran a Estados Unidos por un desastre natural o un conflicto armado, y les permite vivir y trabajar en el país hasta la fecha que el Gobierno estadounidense considere que pueden regresar de manera segura.

    La secretaria del DHS, Kristi Noem, había ordenado en febrero pasado modificar el periodo de extensión otorgado por Biden y estableció el 3 de agosto como fecha para la finalización, aunque dio como plazo a los beneficiados hasta el 2 de septiembre y los alentó a autodeportarse.

    Haití ha sido designado para el TPS varias veces debido a diversas crisis, incluido el devastador terremoto de 2010 y la severa inestabilidad en el país, sometido a la violencia de las pandillas.

    El Ejecutivo estadounidense dijo que tomó la decisión de finalizar el programa después de determinar que la situación ambiental en Haití “ha mejorado lo suficiente” para que sus ciudadanos regresen a casa con seguridad.

    Los inmigrantes haitianos ya habían sufrido un duro golpe después de que el Tribunal Supremo permitiera al Gobierno Trump poner fin a la protección temporal, conocida como ‘parole humanitario’, que daba un estatus legal a más de medio millón de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.