Las recientes redadas migratorias ejecutadas por agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en el sur de Arizona han provocado el cierre indefinido de varios restaurantes hispanos, entre ellos Taco Giro, una cadena emblemática de comida mexicana que operaba con diez sucursales y que ahora solo mantiene tres abiertas.
El operativo más reciente ocurrió el pasado 5 de diciembre, cuando ICE irrumpió en varios locales de Taco Giro fuertemente armados y arrestó a 46 trabajadores, además de incautar documentación vinculada a la contratación de empleados. César Rodríguez, director de operaciones de la cadena, aseguró que la empresa perdió de forma inmediata al 10 % de su plantilla laboral.
“El proceso de contratar y capacitar personal nuevo es lento, sobre todo cuando hay temor entre los propios ciudadanos por sus familiares indocumentados”, explicó Rodríguez, quien también denunció la visita de agentes a los domicilios de varios empleados, lo que elevó la cifra de detenciones.
ICE justificó el operativo alegando una investigación en curso relacionada con contratación irregular, pagos en efectivo y presuntos vínculos con delitos fiscales y tráfico de drogas. Rodríguez calificó estas acusaciones como “ridículas” y advirtió que la clientela ha dejado de acudir por temor a nuevos operativos.
La situación se repite en otros negocios latinos. Marco Antonio López, dueño del mercado Beef Master Meat Market, también en Tucson, relató que tras una redada de ICE en marzo pasado, sus empleados no volvieron al trabajo al día siguiente, aunque no hubo arrestos.
“Fue muy duro. Mi esposa y mis hijos tuvieron que ayudar para mantener el negocio funcionando”, contó.
Nueve meses después, López sigue enfrentando procesos legales y podría recibir una multa millonaria. Además de los gastos en abogados, tuvo que capacitar a un empleado para cumplir con el sistema federal E-Verify, lo que supuso más inversiones en medio de la crisis.
Un informe reciente del Los Angeles Economic Equity Accelerator and Fellowship (LEAAF) reveló que el 43 % de los empresarios hispanos en zonas afectadas por redadas reportaron pérdidas de ingresos superiores al 50 %, cifra que sube al 68 % entre quienes no dominan el inglés.
La alcaldesa de Tucson, Regina Romero, criticó con firmeza los operativos.
“Estas redadas federales intencionadas, disruptivas y violentas no hacen a nuestra comunidad más segura”, expresó.
Romero añadió que estas acciones afectan a trabajadores de toda la vida y golpean una economía local ya debilitada por el alza en los precios de alimentos y rentas.
