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Etiqueta: tráfico de influencias

  • Rodríguez Zapatero y sus hijas, principales beneficiarios de red de corrupción, según la Policía española

    Rodríguez Zapatero y sus hijas, principales beneficiarios de red de corrupción, según la Policía española

    La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española concluyó en un nuevo informe que el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas figuran como los principales beneficiarios finales de fondos relacionados con el rescate estatal otorgado a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

    El informe forma parte de la investigación judicial que se desarrolla en la Audiencia Nacional de España, donde Zapatero deberá declarar el próximo 2 de junio en calidad de investigado por presunto tráfico de influencias y lavado de dinero.

    La investigación gira en torno al rescate de €53 millones ($57 millones) aprobado en 2021 por el Gobierno español para salvar financieramente a la aerolínea Plus Ultra mediante fondos públicos administrados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

    Según la UDEF, los supuestos beneficios económicos obtenidos por la red habrían sido canalizados hacia el expresidente y personas de su entorno mediante empresas instrumentales y contratos presuntamente utilizados para justificar movimientos financieros.

    El documento policial señala que “el principal beneficiario final de los fondos obtenidos por la red sería José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad WHATHEFAV, cuyas administradoras y socias son sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa”.

    Los investigadores sostienen que las transferencias de dinero fueron justificadas mediante contratos que podrían haber servido únicamente como soporte documental para ocultar el verdadero origen de los fondos.

    La trama intentó boicotear la investigación

    Otro informe de la UDEF recoge conversaciones entre accionistas de Plus Ultra y abogados vinculados al caso, donde presuntamente se discutía la posibilidad de obstaculizar la investigación judicial sobre el rescate y el pago de supuestas “mordidas”.

    Una de las conversaciones citadas ocurrió el 20 de mayo de 2021 entre Rodolfo Reyes, accionista de Plus Ultra, y el abogado Miguel Palomero, quien presuntamente manifestó interés en conocer detalles sobre la jueza encargada del caso.

    “La instrucción es muy importante”, habría dicho el abogado, según el informe policial, mientras también aseguraba que “la fiscal jefa es amiga”.

    En el mismo intercambio, Palomero habría insistido en que “Hay que cortar esto”, a lo que Reyes respondió “absolutamente”, sugiriendo además hablar “con Julio”, sin precisar si se refería al presidente de la aerolínea, Julio Martínez.

    La UDEF también incorporó mensajes entre directivos de Plus Ultra donde se hablaba de presionar a Zapatero para agilizar la aprobación del rescate estatal en plena pandemia.

    Según el informe, uno de los mensajes utilizaba la expresión “meterle chola al Zapa” para acelerar las gestiones relacionadas con la tramitación ante la SEPI.

    Además, el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, habría comentado a Rodolfo Reyes sobre una “conversación satisfactoria” con Manuel Fajardo, señalado como hombre de confianza de Zapatero en Venezuela.

    En otro mensaje incluido en el expediente judicial, Martínez Sola afirmó: “Que me llama Zapatero. He tenido que cambiar mi foto de perfil. Jajajaja. Los tirantes españoles Jajajaja”.

    Zapatero negó públicamente las acusaciones y sostiene que nunca realizó gestiones ilegales relacionadas con el rescate de la aerolínea.

     

     

  • Tribunal español bloquea cuentas de Rodríguez Zapatero en caso de corrupción

    Tribunal español bloquea cuentas de Rodríguez Zapatero en caso de corrupción

    El juez de la Audiencia Nacional de España, José Luis Calama, ordenó bloquear cuentas bancarias del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero hasta un límite de €490,780 (unos $534,950) en el marco de la investigación del denominado caso Plus Ultra.

    La medida forma parte de una causa que investiga una presunta trama de tráfico de influencias relacionada con la aerolínea Plus Ultra y otras sociedades señaladas por las autoridades judiciales españolas.

    De acuerdo con fuentes jurídicas citadas por medios españoles, el monto corresponde a fondos que Rodríguez Zapatero habría recibido de la empresa Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez Martínez, empresario cercano al exmandatario y también investigado en el proceso.

    El magistrado también ordenó el bloqueo de saldos de otras empresas involucradas en la investigación, mientras avanza el proceso judicial que analiza el supuesto uso de sociedades instrumentales y canales financieros opacos para gestionar fondos vinculados a la trama.

    En el auto judicial que cita al expresidente español a declarar como investigado el próximo 2 de junio, el juez sostiene que el análisis financiero realizado detectó movimientos que apuntarían a que el expresidente y su entorno eran “los beneficiarios finales de la operativa”.

    Según el documento, la sociedad Análisis Relevante recibió más de €941,000 ($1 millón) provenientes de Plus Ultra, Sofgestor, Grupo Aldesa e Inteligencia Prospectiva. Posteriormente, parte de esos recursos habrían sido transferidos a cuentas de Zapatero y a la empresa What The Fav, vinculada a sus hijas.

    “La sociedad Análisis Relevante percibe fondos de Plus Ultra, Sofgestor, Grupo Aldesa e Inteligencia Prospectiva por más de 941 mil euros, remitiendo posteriormente cantidades significativas a Rodríguez Zapatero (490.780) y a la sociedad What The Fav (239.755)”, señala el auto judicial.

    El juez Calama considera que la investigación ha permitido detectar “una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias” presuntamente liderada por Rodríguez Zapatero, utilizando su capacidad de acceso a altos cargos de la administración pública para beneficiar a terceros interesados en obtener resoluciones favorables.

    La causa judicial investiga específicamente la aprobación y desembolso de ayudas públicas otorgadas a Plus Ultra a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas implementado en España.

     

  • El socialista Rodríguez Zapatero se convierte en el primer presidente del gobierno español imputado por corrupción

    El socialista Rodríguez Zapatero se convierte en el primer presidente del gobierno español imputado por corrupción

    El expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, se convirtió el martes en el primer exmandatario español imputado judicialmente, tras ser señalado en una investigación por presunto tráfico de influencias relacionado con el rescate financiero de la aerolínea Plus Ultra.

    La decisión fue emitida por el juez de la Audiencia Nacional española, José Luis Calama, quien sostiene en el auto judicial la posible existencia de una “trama organizada de ejercicio ilícito de influencias” supuestamente liderada por Rodríguez Zapatero para beneficiar a terceros, principalmente a la aerolínea.

    El caso investiga la aprobación de una ayuda pública de 53 millones de euros, equivalentes actualmente a aproximadamente $60.2 millones, destinada al rescate de Plus Ultra, operación en la que presuntamente se pagaron comisiones ilegales y se utilizaron fondos para actividades de lavado de dinero vinculadas a funcionarios venezolanos.

    Según el juez, Rodríguez Zapatero habría obtenido junto a su entorno beneficios cercanos a 1.9 millones de euros, equivalentes a unos $2.1 millones. La investigación señala transferencias económicas provenientes de distintas empresas y organizaciones relacionadas con actividades de consultoría y relaciones públicas.

    Entre las operaciones mencionadas, el magistrado sostiene que la empresa Análisis Relevante habría transferido 490,780 euros, unos $558,000, a Zapatero y otros 239,755 euros, aproximadamente $272,000, a Whathefav, empresa vinculada a sus hijas.

    Asimismo, el think tank Gate Center habría enviado 352,980 euros, equivalentes a cerca de $401,000, al expresidente y otros 171,727 euros, unos $195,000, a la misma compañía familiar.

    El juez también menciona pagos provenientes del grupo Thinking Heads, que supuestamente transfirió 681,318 euros, unos $774,000, a Zapatero y 12,297 euros, alrededor de $14,000, a Whathefav.

    La Audiencia Nacional investiga además posibles delitos de organización criminal, falsedad documental y blanqueo de capitales, especialmente por la presunta utilización de sociedades instrumentales en territorios de baja transparencia fiscal.

    Tras conocerse la imputación, Zapatero aseguró que “jamás” realizó gestiones ante ninguna administración pública para favorecer el rescate de Plus Ultra y defendió la legalidad de todas sus actividades públicas y privadas.

    «Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad», afirmó el exmandatario en un video enviado a medios españoles luego de ser citado a declarar el próximo 2 de junio.

    El actual presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, respaldó públicamente a Zapatero y pidió defender el “buen nombre” del exlíder socialista. Mientras tanto, el opositor Partido Popular calificó el caso de “extrema gravedad” y exigió explicaciones urgentes del Ejecutivo.

     

  • Juez procesará a esposa del presidente del gobierno español por corrupción y tráfico de influencias

    Juez procesará a esposa del presidente del gobierno español por corrupción y tráfico de influencias

    El juez que investiga el caso contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, decidió procesarla por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.

    Según el auto judicial, se concedió un plazo de cinco días a las partes involucradas para que soliciten la apertura de juicio oral o presenten sus conclusiones provisionales, mientras se descarta ampliar la fase de instrucción.

    La resolución llega después de que el pasado 1 de abril el magistrado informara a las partes sobre su intención de que el caso pueda ser juzgado por un jurado popular si avanza a juicio.

    El juez también archivó el presunto delito de intrusismo profesional al considerar que no existen indicios sólidos. Argumentó que no era obligatorio contar con un título específico para la firma de documentos técnicos vinculados al caso.

    En cuanto al delito de tráfico de influencias, el magistrado sostiene que Gómez habría aprovechado su relación personal con el presidente para influir en autoridades y funcionarios, “facilitándose así el acceder, gracias a esa posición, a interlocuciones institucionalmente excepcionales y a que la sola condición de ‘esposa de’ sirviera para influir”, señala el auto.

    Asimismo, apunta que decisiones públicas habrían favorecido a la cátedra universitaria que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid, presuntamente por su posición cercana al poder.

    Sobre la acusación de corrupción en los negocios, el juez indica que Gómez impulsó la captación de fondos privados que, según los indicios, no habrían sido destinados exclusivamente a la universidad, sino que pudieron integrarse en su patrimonio personal.

    En relación con la malversación, el magistrado considera que Gómez habría utilizado recursos públicos, incluyendo el trabajo de una asesora de la Presidencia, para actividades vinculadas a proyectos privados.

    Finalmente, respecto a la apropiación indebida, el juez sostiene que la investigada habría incorporado a su control un software desarrollado en el marco universitario, sin devolverlo a la institución, desviándolo de su finalidad académica.

     

  • Fiscalía guatemalteca investiga red de corrupción en casos judiciales de procesos en Guatemala y El Salvador por lavado de dinero

    Fiscalía guatemalteca investiga red de corrupción en casos judiciales de procesos en Guatemala y El Salvador por lavado de dinero

    La Fiscalía General de Guatemala abrió una investigación por presuntos actos de corrupción interna relacionados con la filtración de información y la manipulación de procesos judiciales en un caso de lavado de dinero con conexiones internacionales.

    El caso está vinculado a una disputa empresarial entre la firma guatemalteca Terra Towers y la estadounidense TPG Peppertree por el control de Continental Towers, una compañía de telecomunicaciones con operaciones en varios países de América Latina, incluyendo El Salvador.

    La investigación se originó tras una denuncia presentada por fiscales guatemaltecos, quienes aportaron pruebas como videos, mensajes y registros de comunicaciones que apuntan a irregularidades dentro del sistema judicial.

    Según el documento, se habrían manipulado procesos penales en Guatemala contra Jorge Alberto Castro Gaitán, Jorge Gaitán Castro, María Isabel Umaña, Carol Echeverría y José Ignacio Berger. Además, se señala que un fiscal habría “vendido” información confidencial a representantes de la defensa. Los primeros dos señalados son parte de un proceso judicial en El Salvador donde hay también varios estadounidenses procesados.

    El caso también encendió alertas en El Salvador, donde las autoridades procesan a los mismos implicados junto a tres ciudadanos estadounidenses. Según medios guatemaltecos, en El Salvador, se identificó a un abogado que habría intentado influir en el proceso mediante ofrecimientos de dinero, fabricación de pruebas y contratación de testigos.

    Entre las evidencias en Guatemala figura un video grabado dentro de la Fiscalía Número Cuatro, en el que, según la denuncia, un agente fiscal revela debilidades del caso a abogados particulares, lo que podría constituir una “colusión” para favorecer a la defensa.

    Asimismo, se incorporaron registros de comunicaciones que evidenciarían el uso de códigos como “la compra del vehículo” para coordinar supuestos pagos ilícitos a cambio de acceso a información reservada del expediente.

    El Ministerio Público también investiga si estas acciones forman parte de una estrategia ligada a un arbitraje internacional en Nueva York, donde se disputa el control de Continental Towers. Según la denuncia, se habrían intentado influir en los procesos judiciales para beneficiar posiciones en ese litigio.

    La denuncia solicita indagar delitos como cohecho activo, tráfico de influencias, obstrucción de justicia, violación de reserva, asociación ilícita y encubrimiento, entre otros. Además, advierte sobre una posible estructura criminal orientada a manipular procesos mediante fraude, ocultamiento de pruebas y uso de testigos falsos.

    Las autoridades confirmaron que la investigación se encuentra en fase inicial y bajo reserva, mientras verifican la autenticidad y el alcance de las pruebas presentadas en este caso con ramificaciones regionales.

  • La Fiscalía de Perú investiga al presidente Jerí por vínculos con empresario chino

    La Fiscalía de Perú investiga al presidente Jerí por vínculos con empresario chino

    El presidente de Perú, José Jerí, enfrenta una investigación preliminar de la Fiscalía General por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses, luego de revelarse una serie de reuniones no oficiales con Zhihua Yang, un empresario chino que mantiene contratos vigentes con el Estado peruano.

    Jerí, quien asumió la presidencia hace apenas tres meses, fue captado por la prensa local ingresando de manera discreta, con capucha y gafas de sol, a un local clausurado propiedad de Yang en Lima. El encuentro, que no formaba parte de su agenda oficial, se realizó en un vehículo del Estado y ocurrió a finales de diciembre.

    En un primer momento, el mandatario intentó justificar la visita asegurando que había acudido a comprar “caramelos chinos”, pero posteriormente reconoció que fue un “error”, que atribuyó a su estilo de hacer política “en las calles”. Sin embargo, los registros oficiales indican que Yang visitó el Palacio de Gobierno al menos en tres ocasiones entre diciembre y enero, lo que ha incrementado las sospechas sobre una posible relación privilegiada.

    La polémica se intensificó cuando diversos medios sacaron a la luz la constante presencia de Jerí en actividades organizadas por grupos empresariales chinos durante su etapa como congresista, incluyendo cenas, foros y actos públicos.

    Ante la presión mediática y política, el presidente declaró que está dispuesto a colaborar con la Fiscalía y el Congreso para esclarecer los hechos.

    “Me pongo a disposición para responder ante todas las instancias”, expresó en un mensaje oficial. No obstante, la oposición ya prepara una moción de censura por “incapacidad moral”, mecanismo legal con el que se ha destituido a varios mandatarios peruanos en los últimos años.

    Las críticas también han surgido dentro de su propio partido. El diputado Héctor Valer, de Somos Perú —colectivo político conservador del que Jerí es vicepresidente—, lo acusó de formar parte “de un engranaje de corrupción”, marcando un fuerte distanciamiento interno en el oficialismo.

    El caso pone en jaque la estabilidad política del país andino, que en los últimos años ha atravesado una fuerte crisis institucional marcada por la sucesiva salida de presidentes envueltos en escándalos similares.

     

  • Juez imputa a esposa del presidente español por malversación y la cita a declarar en septiembre

    Juez imputa a esposa del presidente español por malversación y la cita a declarar en septiembre

    La esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, fue imputada este lunes por un presunto delito de malversación relacionado con la contratación de su asesora, Cristina Álvarez, quien también ha sido llamada a declarar en septiembre.

    El magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan Carlos Peinado, ya investigaba a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo, en su labor como codirectora de dos másteres y una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

    La investigación deberá determinar si Álvarez, contratada en 2018, excedió sus funciones públicas para favorecer los intereses privados de Gómez. Según el auto judicial, se busca esclarecer si existió desviación de medios públicos en beneficio de actividades personales y empresariales vinculadas a la esposa del presidente español.

    Cristina Álvarez ya había comparecido en diciembre pasado como testigo, tras publicaciones que señalaban que dedicaba parte de su tiempo a apoyar a Gómez en sus funciones en la UCM y en actividades con empresas colaboradoras.

    Contexto político y judicial

    Álvarez fue contratada cuando Félix Bolaños, actual ministro de Justicia, se desempeñaba como secretario general de Presidencia, organismo responsable de su nombramiento. En junio, el juez Peinado solicitó la imputación de Bolaños por malversación y falso testimonio, tras su declaración en abril, pero el Tribunal Supremo desestimó abrir una investigación contra el ministro.

    El caso suma un nuevo capítulo en las investigaciones que rodean a Begoña Gómez, cuya situación judicial genera fuerte atención mediática y presión política sobre el Gobierno de Pedro Sánchez.