Una de las investigaciones que la Fiscalía General de la República pretende realizar es indagar sobre los inversionistas que depositaban su dinero en la financiera Credicash, para determinar si éstos eran reales y si el dinero tenía una procedencia legal, así lo manifestó el fiscal general, Rodolfo Delgado, la noche del lunes en una segunda conferencia sobre el caso.
Delgado señaló que indagarán sobre los niveles de inversión que las personas hicieron en la financiera, para ver si no tienen relación con el crimen organizado.
«No vaya a tratarse de una persona que se dedique a oficios domésticos durante toda su vida, que no ha declarado impuestos nunca en su vida, que no ha sido empleada, que no ha tenido participación en alguna sociedad y de repente, por alguna de esas sorpresas de la vida le haya entregado medio millón de dólares a Gerson Orellana».
Rodolfo Delgado, fiscal general.
La semana pasada, la Fiscalía confirmó que abrió una investigación penal contra Gerson Adriel Orellana Ayala, propietario de la financiera Credicash por lavado de dinero y defraudación a la economía, y que él había sido detenido la semana anterior por ello.
Hasta este 23 de marzo, la Fiscalía actualizó datos del caso en donde especificó que las incautaciones de dinero en la financiera y bienes de Orellana Ayala ascendían a $38,574,722, de los cuales, $27,550,750 han sido encontrados en efectivo y $11,023,972 han sido inmovilizados en cuentas bancarias.
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La Fiscalía ha sostenido que el caso se trata de un fraude de esquema piramidal que promete grandes rendimientos, en este caso del 10 %, a cambio de entregar el dinero a través de mutuos (contratos). “Esto significa que, si una persona entregaba $1,000, esperaba recibir $100 cada mes durante un año. En ese período, la promesa equivalía a $1,200 en ganancias, además del capital que se había entregado en concepto de un aparente mutuo”, afirmó.
Delgado dijo la noche del lunes que también han decomisado 18,000 mutuos, 45 inmuebles y 175 vehículos.
La semana anterior, el fiscal había señalado que parte del dinero de la cooperativa había sido invertido en la compra de 231 vehículos, entre ellos, buses, motocicletas y una flota de camiones.
Otro caso de fraude ocurrido en El Salvador fue el acaecido en la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, de R.L. (COSAVI, de R.L.), que ahora es administrada por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), que está devolviendo por etapas el dinero a los socios que tengan hasta $80,000. La SSF asegura que los ahorros los está devolviendo «de los créditos colocados«.
Por el caso de COSAVI la Fiscalía procesaba por defraudación a la economía pública, lavado, casos especiales de lavado y agrupaciones ilícitas, a 32 personas, entre ellos 8 directivos, uno de los cuales falleció (Manuel Coto Barrientos) en una tragedia en la que altos jefes policiales también fallecieron al trasladar al imputado desde La Unión después de ser capturado por y en Honduras.
En un comunicado de prensa posterior, la FGR informó además que los directivos estaban capturados desde marzo y que los fondos habían sido extraídos a Estados Unidos y Alemania.
Algunos de estos directivos de COSAVI, según el funcionario, incrementaron sus patrimonios personales pero el fiscal informó que creen que lograrán establecer «el periodo de tiempo desde el cual» los directivos de COSAVI estaban realizando estas prácticas que también calificó de “antiéticas y corruptas”.
Otro de los casos procesados por la Fiscalía, pero menos mediático, ha sido el de Acomatic – Acotemic, donde nueve personas entre ellos fundadores, directivos y socios de las cooperativas, fueron detenidos en mayo de 2023 por los delitos de lavado de dinero y defraudación a la economía pública.
Los imputados son Flor de María Saravia, Héctor Manuel de Jesús Ayala, Pablo Alexander Jiménez, Pedro Antonio Bonilla, Alba Lilian Aquino, Hilda Lorena Martínez, Carlos Antonio Bonilla y Amanda Aracely Jiménez y una novena persona identificada como Ana Virginia Saravia es procesada bajo medidas alternas a la detención.
La acusación fiscal indicó que los imputados movieron más de $49 millones de los ahorrantes, valiéndose de sus cargos por medio de cuentas de ahorro, certificados de depósitos a plazo, ahorros navideños de forma ficticia para beneficio propio o de terceros.