La Fiscalía Departamental de Tarija, en el sur de Bolivia, presentó este martes una acusación formal contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) por el delito de trata agravada de personas, lo que marca un paso decisivo hacia el inicio de un juicio oral en su contra.
Sandra Gutiérrez, fiscal departamental de Tarija, explicó que se llegó a esta etapa tras realizar un “minucioso análisis” de los informes y pruebas recolectadas desde que se abrió la investigación penal a finales de septiembre del año pasado.
“Vamos a estar a la espera de lo que establece el procedimiento penal. Una vez que el juez analice todo esto, tendrá que pasarlo al tribunal correspondiente para que señale día y hora para que se lleve adelante el juicio oral”, declaró en conferencia de prensa.
La acusación está relacionada con una denuncia que involucra a Morales en una supuesta relación con una menor de edad con la que habría tenido un hijo en 2016, mientras ocupaba la presidencia del país. En octubre de 2024, la fiscal Gutiérrez emitió una orden de captura contra el exmandatario, la cual fue ratificada por un juzgado local.
El proceso judicial se intensificó este año cuando Morales fue declarado en rebeldía por un tribunal, luego de que no se presentara a dos audiencias alegando problemas de salud. La incomparecencia provocó que se activaran medidas judiciales para avanzar con el caso.
La situación ha generado fuertes tensiones políticas. Durante 2024, seguidores del exgobernante bloquearon carreteras para evitar su detención. Desde octubre del año pasado, Morales no ha salido del Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, donde permanece resguardado por cientos de militantes y dirigentes aliados.
Este proceso penal representa uno de los mayores desafíos legales que ha enfrentado el exmandatario desde su salida del poder, y podría tener implicaciones significativas para el futuro político del líder cocalero.
Estados Unidos reconoció esfuerzos significativos del gobierno salvadoreño en el último año en combatir en el tráfico de personas aunque advierte que el país aún no cumple con los estándares mínimos para eliminar este flagelo, según el informe difundido el lunes por el Departamento de Estado
«Estos esfuerzos incluyeron el enjuiciamiento de más sospechosos, la condena de más tratantes, la asistencia a más víctimas infantiles en el albergue especializado del gobierno y el aumento de la capacitación contra la trata para los funcionarios de justicia penal”, afirma el Informe sobre la trata de personas 2025, divulgado el lunes.
El Departamento de Estado de Estados Unidos mantuvo a El Salvador en el Nivel 2 del Informe sobre la trata de personas 2025.
El reporte destacó que el Gobierno aumentó las condenas a tratantes, brindó mayor asistencia a víctimas menores en albergues especializados e intensificó las capacitaciones en el sistema judicial. Además, las capturas masivas de presuntos pandilleros bajo el régimen de excepción desmantelaron redes criminales vinculadas a la explotación sexual y laboral.
Washington advirtió que las autoridades salvadoreñas aún presentan deficiencias graves. Entre ellas, la falta de procedimientos para identificar víctimas entre detenidos por vínculos con pandillas, la ausencia de hombres adultos y extranjeros en los registros oficiales, y una reducción de investigaciones y víctimas identificadas en comparación con 2023.
“El gobierno no cumplió con los estándares mínimos en varias áreas clave. Las autoridades no contaban con procedimientos para identificar a las víctimas de trata entre las personas que detuvieron por afiliación a pandillas. Las autoridades iniciaron menos investigaciones e identificaron a menos víctimas. El gobierno no identificó a ninguna víctima masculina adulta ni a ninguna víctima extranjera”, señala el reporte estadounidense.
El informe detalla que en 2024, las autoridades abrieron 18 nuevos casos de trata —13 de explotación sexual, 2 de trabajo forzado y 3 no especificados—, lo que representa una disminución frente a los 38 de 2023. Aun así, el número de procesados aumentó significativamente, con 504 sospechosos llevados a juicio, incluidos líderes de la MS-13 acusados de múltiples delitos, entre ellos trata de personas.
El documento reconoció la condena de 11 tratantes, con penas que oscilaron entre 5 y 26 años de prisión, lo que marca un contraste con 2023, cuando no se dictó ninguna sentencia. Sin embargo, criticó la falta de un sistema de gestión de casos electrónicos y el escaso conocimiento de los jueces sobre la complejidad del delito.
El reporte documenta que en materia de protección, el Gobierno identificó 27 víctimas, todas salvadoreñas, frente a las 40 del año anterior. La mayoría fueron niñas y adolescentes explotadas sexualmente. No se reportaron víctimas extranjeras ni hombres adultos. El único albergue especializado atendió a ocho menores y dos de sus hijos, pero solo admitió a quienes participaron en procesos judiciales.
Un grupo de acusados por tráfico de personas en una audiencia en el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de Santa Ana.
Recomendaciones
El reporte instó a El Salvador a intensificar investigaciones y procesar casos de trata con condenas ejemplares, además pide ampliar los servicios especializados e informados en trauma para todas las víctimas.
Estados Unidos también llama a asegurar que la atención a víctimas se base en su interés superior, y no dependa de procesos judiciales y a actualizar las leyes y políticas para que la definición de trata sea coherente con estándares internacionales.
También pide prevenir la explotación en el sector turismo mediante sanciones a negocios que faciliten delitos de trata.
Nuevas dinámicas delictivas
El informe también alertó sobre nuevas dinámicas delictivas: el uso de redes sociales para captar víctimas, el aprovechamiento del turismo para explotación sexual y la vulnerabilidad de más de 140,000 niños cuyos padres han migrado o están detenidos bajo el régimen de excepción.
Washington destaca que los traficantes explotan a hombres, mujeres y niños salvadoreños para la trata sexual y el trabajo forzoso en Belice, Guatemala, México, Estados Unidos y posiblemente Europa.
“Explotan a algunos salvadoreños que emigran ilegalmente a Estados Unidos para realizar trabajos forzosos, actividades delictivas forzadas y trata sexual durante el viaje o al llegar. Explotan a algunas víctimas extranjeras de Asia, Sudamérica u otros países centroamericanos para la trata sexual y laboral en El Salvador. Las personas sin documentos de identificación personal son altamente vulnerables a la trata. Se observó corrupción y complicidad entre algunos funcionarios gubernamentales”, concluye el informe.
El Juzgado Primero de Paz de Sonsonate ordenó, en audiencia inicial, que dos personas presuntamente vinculados en una red de trata de personas en el departamento de Sonsonate permanezcan en detención provisional, mientras el caso avanza a fase de instrucción y continúen las investigaciones en contra de los acusados.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República, los imputados identificados como Carlos Norberto Méndez Ortega y Sandy Camila Méndez Rodríguez son procesados por los delitos de trata de personas agravada en modalidad de explotación sexual, violación y violación en menor incapaz.
Según las investigaciones, Méndez Ortega le pagaba a Sandy Méndez para que contactara a las víctimas y las llevara al lugar en donde él las explotaba sexualmente.
Méndez fue detenido en flagrancia el 22 de agosto de 2025, luego que la FGR informó que rescataron a cinco menores de edad y a una mujer, quienes eran obligados a consumir alcohol y drogas, según detalló la representación fiscal.
Mientras que Sandy Méndez fue capturada el 1 de septiembre, y presuntamente promovía sexualmente y cobraba dinero por cada adolescente que llevaba al lugar.
Los operativos de captura se ejecutaron Sonsonate y en La Libertad Costa. A Méndez Ortega le decomisaron un arma de fuego, municiones, dos vehículos, una moto acuática, así como $10,000 en efectivo, droga, celulares y diferentes tipos de documentos. Asimismo, se encontró maquillaje y pertenencias de mujeres.
#Detención | La @FGR_SV ha logrado que Carlos Norberto Méndez y Sandy Camila Méndez se mantengan en prisión provisional mientras continúan las investigaciones.
Las autoridades detuvieron este lunes a Sandy Camila Méndez Rodríguez por los delitos de trata de personas agravada en modalidad de explotación sexual, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
La mujer fue detenida por orden de la Fiscalía y, según las investigaciones, Méndez Rodríguez era la encargada de ubicar y contactar a las víctimas.
Luego de ubicarlas, las llevaba a un hostal conocido como La Montaña, en el cantón Salinas de Ayacachapa, Sonsonate, municipio de Sonsonate Centro.
La FGR indicó que en este lugar la mujer promovía a las víctimas sexualmente y cobraba dinero.
Según las autoridades, se trataba de menores de edad que eran explotadas sexualmente por Méndez Rodríguez.
Relacionado con este caso, el dueño de La Montaña fue previamente detenido el 23 de agosto de 2025.
Posibles condenas
El Código Penal plantea en su artículo 367 literal B, que la trata de personas se refiere a aquellas personas u organizaciones nacionales o internacionales que por obtener un beneficio económico reclute, transporte, traslade, acoja o recepte personas para diferentes actividades, incluida la explotación sexual y prácticas de esclavitud.
Por este delito la pena que puede ser dictada podrá variar de cuatro a ocho años de prisión.
Sin embargo, la ley incluye en el apartado de “agravante” del delito de trata de personas cuando la víctiam fuese menor de 18 años o incapaz.
En estos últimos casos la sanción será de la pena máxima correspondiente aumentada hasta una tercera parte del máximo, así como inhabilitación de su profesión durante el tiempo de duración de la condena.
#Captura I Sandy Camila Méndez Rodríguez fue detenida por orden de la @FGR_SV, vinculada a una red de trata de personas en modalidad de explotación sexual.
Méndez Rodríguez era la encargada de ubicar y contactar a las víctimas, luego las llevaba a un hostal conocido como La… pic.twitter.com/AjA17olILX
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 1, 2025
El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidosaprobó este miércoles una citación formal al Departamento de Justicia (DOJ) para que entregue todos los archivos relacionados con el caso del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, fallecido en 2019 mientras enfrentaba cargos por operar una red de pedofilia.
La decisión fue respaldada con ocho votos a favor y dos en contra en el Subcomité Federal de Aplicación de la Ley, con tres legisladores republicanos sumándose a los demócratas. El objetivo es presionar al Departamento de Justicia para divulgar documentos clave sobre la trama de tráfico de menores vinculada al millonario.
Como parte del proceso, el Comité también citó a declarar a Ghislaine Maxwell, expareja de Epstein y actualmente condenada a 20 años de prisión por tráfico de menores. Maxwell deberá comparecer el próximo 11 de agosto desde la Institución Correccional Federal de Tallahassee, en un testimonio que el Departamento de Justicia facilitará, según confirmó el Comité a NBC News.
En una carta dirigida a Maxwell, el presidente del Comité, James Comer, justificó su citación indicando que el Congreso tiene la responsabilidad de supervisar el manejo de los casos de trata de personas por parte del gobierno federal y evaluar posibles fallos en la investigación y procesamiento de Epstein y su red.
“Es imperativo que el Congreso supervise cómo se aplican las leyes contra la trata de personas y se gestionan investigaciones de delitos sexuales de alto perfil”, enfatizó Comer en el documento oficial.
Evaluarán reformas a acuerdos de no enjuiciamiento
El Comité también busca evaluar reformas legislativas que fortalezcan la respuesta federal frente a la trata de personas y revisen el uso de acuerdos de no enjuiciamiento y pactos de culpabilidad en casos de delitos sexuales. Como parte de ello, también se solicitará el testimonio de la viuda de Epstein, con el fin de conocer más detalles sobre el alcance de la red criminal que operaba el multimillonario.
La citación al Departamento de Justicia “se emitirá en el futuro cercano”, y representa un nuevo intento del Congreso por arrojar luz sobre uno de los escándalos de abuso sexual y trata más graves en la historia reciente de Estados Unidos.
