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  • Honduras recibe nueva petición de extradición de EEUU, la primera tras reactivarse tratado

    Honduras recibe nueva petición de extradición de EEUU, la primera tras reactivarse tratado

    El Gobierno de Estados Unidos solicitó al de Honduras la extradición de un nacional por dos delitos de narcotráfico, la primera petición tras la reactivación hace 19 días del tratado bilateral que el país centroamericano mantuvo suspendido desde agosto de 2024, informó este jueves una fuente judicial.

    La nueva solicitud ya fue recibida por la Corte Suprema de Justicia de Honduras, afirmó su portavoz, Melvin Duarte, a los periodistas, sin precisar la identidad del ciudadano reclamado.

    La acusación contra el hondureño la hizo la Corte de Estados Unidos para el Distrito Este del Estado de Texas, por conspiración para la fabricación y distribución de sustancias controladas en violación a las leyes de Estados Unidos, señaló.

    El pleno de magistrados fue convocado «de emergencia» por la presidenta del Supremo hondureño, Rebeca Ráquel Obando, para designar al juez que conocerá la petición de extradición.

    Esta solicitud se produce apenas 19 días después de que la expresidenta hondureña, Xiomara Castro (2022-2026), ordenara retirar la suspensión del Tratado de Extradición con Estados Unidos, que había ordenado el 28 de agosto de 2024, mostrando así el «compromiso» de su Gobierno en la lucha contra el narcotráfico.

    Al tiempo que hizo el anuncio, señaló la «grave contradicción» que suponía que Estados Unidos hubiera indultado «a quien fue condenado por tráfico de drogas», como ocurrió con el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), ya que «debilita y pone en riesgo los esfuerzos conjuntos para enfrentar este flagelo».

    El 28 de agosto de 2024, Castro ordenó la suspensión del acuerdo luego de que la entonces embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu, expresó la preocupación de su país por una reunión entre autoridades hondureñas de Defensa y el ministro venezolano Vladimir Padrino López, sancionado por Washington.

    El presidente del Parlamento hondureño, Tomas Zambrano, afirmó el pasado domingo que Honduras continuará con el tratado de extradición que mantiene con Estados Unidos.

    Tras instalar el día 25 el período legislativo 2026-2030, Zambrano señaló que desde el Parlamento buscarán «blindar el tratado de extradición para que en el futuro no venga otro gobierno y por otros intereses se quiera eliminar la extradición. Nos va a tocar a nosotros darle ese blindaje a la extradición para que no solo sea por cuatro (años), sino que dure los años que sean necesarios».

    Más de 60 hondureños acusados de traficar con drogas enfrentan juicio en Estados Unidos desde 2014, algunos solicitados en extradición y otros que se entregaron a las autoridades de ese país.

    Uno de los casos más sonados es el del expresidente Hernández, quien fue extraditado en abril de 2022 a EE.UU. y condenado en junio de 2024 a 45 años de cárcel por narcotráfico y armas, pero el pasado 1 de diciembre lo indultó el presidente estadounidense, Donald Trump.

    La extradición de hondureños a solicitud de otros países fue habilitada en 2012 mediante una reforma constitucional.

  • Honduras continuará con tratado de extradición con EE.UU., dice el titular del Parlamento

    Honduras continuará con tratado de extradición con EE.UU., dice el titular del Parlamento

    Honduras continuará con el tratado de extradición que mantiene con Estados Unidos, informó este domingo el nuevo presidente del Parlamento del país centroamericano, Tomás Zambrano, en la instalación del pleno de ese poder del Estado para el período 2026-2030, después de que el Gobierno saliente ordenara la suspensión del acuerdo en agosto de 2024, aunque este mes dio marcha atrás a la decisión.

    «El gobierno nuevo que va a entrar va a continuar con la extradición en el país y aquí lo decimos, desde este Congreso, ese convenio de extradición con nuestro principal aliado y hermano Estados Unidos», subrayó en su mensaje de instalación del nuevo período de sesiones del Parlamento hondureño Zambrano, del Partido Nacional, que contó con el apoyo público del presidente estadounidense, Donald Trump, en las pasadas elecciones.

    Agregó que desde el Parlamento «vamos a blindar el tratado de extradición para que en el futuro no venga otro gobierno y por otros intereses se quiera eliminar la extradición. Nos va a tocar a nosotros darle ese blindaje a la extradición para que no solo sea por cuatro, sino que dure los años que sean necesarios».

    El pasado día 10 la presidenta saliente de Honduras, Xiomara Castro, anunció que retiraba la suspensión del Tratado de Extradición con Estados Unidos, que había ordenado el 28 de agosto de 2024, mostrando así el «compromiso» de su Gobierno en la lucha contra el narcotráfico.

    Al tiempo que hizo el anuncio, señaló la «grave contradicción» que suponía que Estados Unidos hubiera indultado «a quien fue condenado por tráfico de drogas», como ocurrió con el expresidente Juan Orlando Hernández, ya que «ello debilita y pone en riesgo los esfuerzos conjuntos para enfrentar este flagelo».

    Hernández, extraditado en abril de 2022 a EE.UU., fue condenado en junio de 2024 a 45 años de cárcel por narcotráfico y armas, pero el pasado 1 de diciembre fue indultado por Trump.

    El 28 de agosto de 2024 Castro denunció el tratado de extradición con Estados Unidos, que data de 1912.

    Entonces, la mandataria, que concluirá su mandato el próximo martes, señaló que «la injerencia y el intervencionismo de los Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su Embajada y otros representantes, es intolerable».

    Castro realizó la declaración unilateral para retirarse del Tratado de Extradición después de que la entonces embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, Laura Dogu, expresó la preocupación de su país por la reunión de autoridades de Defensa de Honduras con el sancionado ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.

    El 18 de febrero de 2025, después de muchas críticas que recibió por haber suspendido el Tratado de Extradición con Washington, la mandataria informó que había «llegado a un acuerdo con la nueva administración de los Estados Unidos para que el Tratado de Extradición -que expiraría el 28 de febrero de ese año- continúe con las salvaguardas necesarias para el Estado de Honduras, garantizando su aplicación objetiva».

    Se esperaba que el tema del Tratado de Extradición fuera retomado a partir de esa fecha, si las elecciones generales del pasado 30 de noviembre las hubiera ganado la candidata presidencial del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, quien quedó relegada en el tercer lugar en los comicios, según los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE).

    Las elecciones las ganó el candidato presidencial del conservador Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, apoyado públicamente por Trump.

  • Candidatos en Honduras se comprometen a impulsar reformas contra la corrupción y reactivar extradición con EEUU

    Candidatos en Honduras se comprometen a impulsar reformas contra la corrupción y reactivar extradición con EEUU

    En un paso clave hacia las elecciones generales de noviembre de 2025, cuatro candidatos presidenciales de Honduras firmaron este martes un compromiso para impulsar una agenda nacional anticorrupción, que incluye la creación de una comisión internacional, el restablecimiento del tratado de extradición con Estados Unidos, y la implementación de un sistema integral de prevención de la corrupción.

    La única candidata que no suscribió la declaración fue Rixi Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre). En contraste, firmaron el pacto Nasry Asfura (Partido Nacional), Salvador Nasralla (Partido Liberal), Mario Rivera (Democracia Cristiana) y Nelson Ávila (PINU-SD). La iniciativa fue promovida por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) bajo el lema “Honduras primero: una promesa que se exige, un deber que se cumple”.

    Durante el acto, el liberal Salvador Nasralla prometió establecer en su primer año de gobierno la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), dotada de autonomía e independencia. “Honduras pierde 100,000 millones de lempiras —$3,813.6 millones— anuales por robo. Un gobierno se roba hasta $15,254 millones. Eso lo voy a detener”, aseguró Nasralla.

    Mario Rivera, de Democracia Cristiana, calificó la declaración como un “pacto moral” y una “declaratoria de guerra contra los corruptos y sinvergüenzas que han saqueado el país”. Por su parte, Nelson Ávila, del PINU-SD, instó a construir un gobierno de integración nacional y advirtió contra el riesgo de imponer “actitudes dictatoriales o excluyentes”.

    El acuerdo también plantea reactivar el tratado de extradición con EE.UU., suspendido temporalmente, como una herramienta clave contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Asimismo, propone implementar una estrategia nacional anticorrupción, desde la raíz del diseño estatal, con acciones concretas orientadas a reforzar la transparencia y la rendición de cuentas.

    La directora del CNA, Gabriela Castellanos, calificó este compromiso como un “punto de inflexión” y advirtió que el próximo gobierno “no tendrá margen para el error ni la indiferencia”. Castellanos afirmó que liderar Honduras requerirá “valentía moral para desmantelar redes de poder que perpetúan el saqueo y la impunidad”, más allá de la capacidad técnica.

    “El discurso anticorrupción no puede ser una excusa para justificar la ineficiencia en gobernar”, subrayó, y aseguró que el CNA continuará señalando y fiscalizando con nombre, rostro y cifras “el saqueo de los recursos públicos”.

    En las elecciones generales de noviembre, los hondureños elegirán a un presidente, tres vicepresidentes, 128 diputados, veinte representantes al Parlamento Centroamericano y 298 alcaldes municipales.