El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) determinó que Rusia violó el derecho a la vida, la libertad, la seguridad y la protección contra tratos inhumanos del opositor Alexéi Navalni, quien falleció en una prisión del Ártico en circunstancias aún no esclarecidas, dos años después de haber sido encarcelado.
La Corte con sede en Estrasburgo resolvió de forma unánime que la detención de Navalni, tras su regreso a Rusia en enero de 2021, fue ilegal y ordenó al Estado ruso pagar una compensación de 26,000 euros (equivalentes a aproximadamente $28,000) en concepto de daños morales al demandante.
El fallo responde a una demanda interpuesta por el propio Navalni antes de morir, en la que impugnaba su arresto por una condena previa de 2014. En ese caso, el TEDH ya había emitido una sentencia en 2017 condenando a Rusia por irregularidades procesales. Pese a ese pronunciamiento, Navalni fue encarcelado nuevamente al regresar a su país tras haber sido presuntamente envenenado en el extranjero en agosto de 2020.
El tribunal estableció que Rusia violó el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (derecho a la vida), el artículo 5.1 (derecho a la libertad y seguridad) y el artículo 3 (prohibición de tratos inhumanos o degradantes), al ignorar completamente los riesgos para su vida y salud, así como las advertencias de organismos internacionales que pedían su liberación.
Además, los jueces europeos concluyeron que la condena impuesta en 2014 se basó en una aplicación “imprevisible” del derecho penal ruso y en procedimientos que representaron una “flagrante denegación de justicia”, por lo que su reclusión a partir de febrero de 2021 fue ilegal. Los tribunales rusos, según la sentencia, tampoco evaluaron el peligro que representaba su reingreso en prisión tras haber sobrevivido a un envenenamiento, ni consideraron medidas alternativas a la detención.
Durante su estancia en prisión, Navalni fue víctima de múltiples formas simultáneas de maltrato que evidenciaron un patrón sistemático de indiferencia por su salud y dignidad, lo que el Tribunal calificó como trato inhumano y degradante.