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  • Penas de hasta 297 años de cárcel para 32 pandilleros de la MS por múltiples delitos de extorsión y agrupaciones ilícitas

    Penas de hasta 297 años de cárcel para 32 pandilleros de la MS por múltiples delitos de extorsión y agrupaciones ilícitas

    El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó con penas de hasta 297 años de cárcel a 32 pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS), por su participación en múltiples delitos de extorsión agravada, conspiración en el delito de homicidio y agrupaciones ilícitas.

    De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados son miembros de la clica Peatonales Locos Salvatruchos y tenían controlados los mercados del Centro Histórico de San Salvador y sus alrededores, para extorsionar y amenazar a comerciantes, empresarios y motoristas de rutas de buses que transitaban por el sector.

    «Se trata de una estructura de la MS que tenía su campo o control del centro de San Salvador, la calle Arce, la calle Rubén Darío y alrededores donde extorsionaban a las víctimas, negocios e inclusos empresas como Coca-cola y en ese devenir que se lograron identificar más delitos», explicó el fiscal del caso.

    La FGR destacó que las investigaciones presentadas en el juicio evidenciaron que los imputados, ahora condenados, planificaban homicidios con el fin de mantener el control total de la zona y amedrentar a las víctimas.

    Entre los procesados se identificó a Barney Concepción Villegas, quien recibió una pena de 297 años de cárcel por 13 casos de extorsión agravada, cuatro casos de proposición y conspiración en el delito de extorsión agravada, conspiración en el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.

    Saúl Antonio de León García fue condenado a 196 años de cárcel por cuatro casos de extorsión agravada, cuatro casos de conspiración en el delito de extorsión agravada, dos casos de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, y agrupaciones ilícitas y un caso de limitación ilegal a la libertad de circulación

    También, se sentenció a José Elenilson Méndez, quien recibió una condena de 77 años de cárcel por tres casos de extorsión agravada, un caso de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.

    Otra de las penas altas impuestas es de 44 años de cárcel para Bayron Alexander Cevallos Ávila, por dos casos de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, un caso de proposición y conspiración en el delito de extorsión agravada, un caso de limitación ilegal a la libertad de circulación y agrupaciones ilícitas.

    Según la representación fiscal, entre las personas condenadas se identificaron a menores de edad.

  • Tribunal amplía plazo de instrucción por seis meses más para veteranos del FMLN mientras Fiscalía apela y solicita dos años 

    Tribunal amplía plazo de instrucción por seis meses más para veteranos del FMLN mientras Fiscalía apela y solicita dos años 

    El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió, el pasado 3 de diciembre, ampliar por seis meses el plazo de instrucción en el proceso judicial contra 11 veteranos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y líderes de la Alianza El Salvador en Paz, acusados en 2024 de los delitos de actos de terrorismo y organizaciones terroristas.

    La ampliación otorgada tras ser solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) con el objetivo de extender el período de investigación en contra de los imputados y con ello la detención provisional; no obstante, el Ministerio Público Fiscal apeló la resolución del juzgador al otorgar sólo seis meses, ya que inicialmente pidieron una prórroga de hasta 24 meses, es decir, dos años.

    En el proceso se acusa al firmante de los Acuerdos de Paz, Atilio Montalvo, líder de la Alianza El Salvador en Paz, José Santos Melara, Wilfredo Parada, Eliseo Alvarado, Orlando Cartagena, Douglas Recinos, Pedro Alfonso Mira, José Ismael Santos y Roberto Antonio Esquivel. Además del comunicador social de Chalatenango, Luis Menjívar.

    Según explicó Guillermo García, abogado defensor de Santos Melara, al pedir más tiempo de investigación queda en evidencia que no cuentan con los elementos suficientes para demostrar la culpabilidad de las personas procesadas por supuestos actos terroristas.

    «Al solicitar ampliación de plazo lo que demuestra son a simple vista que no tienen los elementos suficientes en este momento para demostrar la culpabilidad de las personas que están siendo procesadas, por lo menos en este caso de los veteranos de guerra y han venido solicitando ampliación cada seis meses, lastimosamente nos encontramos en una situación que afecta al derecho a la vida y la salud de la persona privada de libertad que son más complicadas».
    Guillermo García, abogado defensor de Santos Melara

    De igual forma, el defensor cuestionó que la representación fiscal pida una extensión de hasta dos años, ya que sostiene que el Tribunal no tendría que seguir ampliando el proceso «si realmente tienen  los elementos probatorios», y que en todo caso la Fiscalía debería solicitar un sobreseimiento, «ya sea definitivo o provisional, pero ya no tendría que pedir más ampliación del caso».

    «La aberración jurídica que pretende hacer la Fiscalía General de la República al solicitar no solo la ampliación del plazo por seis meses más, sino que lo que está pidiendo es que se homologue ese plazo con el resto de los casos que les están aplicando a las demás personas que han sido detenidas por el régimen de excepción, es decir una ampliación de 24 meses más en prisión, esa es la solicitud en sí de la Fiscalía», expresó García.

    Ante la resolución judicial de autorizar un plazo de extensión de seis meses, la FGR presentó un recurso de revocatoria con apelación subsidiaria, lo que implica que, de no modificarse la decisión del juez, el caso será elevado a una Cámara de lo Penal. La defensa confirmó que ya presentó la respuesta correspondiente al recurso interpuesto.

    Estado de salud

    De acuerdo con el Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador (Cofappes), esta sería la tercera vez que el Tribunal de Crimen Organizado concede otros seis meses más de investigación, por lo que los acusados cumplen un año y medio en detención provisional, desde que fueron enviados en junio de 2024, sin avances visibles en la investigación.

    El abogado de Melara señaló que su defendido es una persona de tercera edad que padece enfermedades crónicas, entre ellas diabetes, hipertensión crónica y ha sufrido principios de derrame cerebrovascular, motivo por lo que en septiembre pasado, se autorizó una evaluación médica a su favor, sin embargo, manifestó que a la fecha desconoce si Medicina Legal efectuó los respectivos chequeos médicos o hubo algún impedimento de Centros Penales.

    Hasta donde conoce el abogado García, Melara se encuentra recluido en el centro penal La Occidental, en Santa Ana.

    De los 11 acusados, solo Atilio Montalvo, se encuentra bajo medidas sustitutivas a la detención debido al estado crítico de salud, en julio de 2025.

    Según sus familiares, Montalvo padece de insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca, secuelas de derrame cerebral, así como problemas de memoria de corto plazo, pérdida de dentadura, cataratas en ambos ojos y dificultad de movilidad motriz.

    Los acusados fueron detenidos el 31 de mayo de 2024, por supuestos atentados que se desarrollarían durante la toma de posesión del presidente salvadoreño Nayib Bukele, el 1 de junio de ese año, para iniciar su segundo periodo presidencial.

  • Hombre es condenado a 14 años de cárcel por agresión sexual a menor en Chalatenango

    Hombre es condenado a 14 años de cárcel por agresión sexual a menor en Chalatenango

    El Tribunal de Sentencia de Chalatenango condenó a 14 años de cárcel a un hombre identificado como Salvador Vivas Maldonado, tras ser declarado culpable del delito de agresión sexual en contra de una niña de 10 años de edad, ocurrido en el año 2024.

    De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las investigaciones comprobaron que Maldonado agredió a la menor en el mes de diciembre de 2024, cuando estaba al cuidado de ella. El imputado había amenazado a la niña para que guardara silencio.

    «Cuando llegó su familiar a casa, observó a la menor asustada y al indagar, ella confesó lo que le había hecho el sujeto», indicó la FGR.

    Durante el juicio, la representación fiscal presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales que fueron clave para determinar la participación del imputado en los hechos de agresión sexual en menor e incapaz agravada.

    La condena de cárcel fue impuesta en ausencia del imputado en cumplimiento a las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar y condenar a prófugos de la justicia.

    Por otra parte, el referido tribunal de sentencia condenó a 13 años de cárcel a Lennin Ernesto Menéndez Osorio por el delito de abuso sexual de una adolescente, en el departamento de Chalatenango, durante septiembre de 2023.

    Las investigaciones de la FGR detallaron que, Osorio contactó a la joven por medio de la red social Facebook y manipuló a la menor para verse, «luego la llevó a un motel del sector y utilizando la fuerza la violó».

    Las pruebas comprobaron la culpabilidad del imputado, por lo que fue condenado en ausencia por el delito de violación agravada.

    A estos, se sumó un hombre identificado como José Silvio Quijada Landaverde, quien fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Chalatenango a 14 años de prisión por abusar sexualmente de una mujer con discapacidad intelectual en Chalatenango.

    Según consta en las investigaciones, Landaverde abusó sexualmente de la mujer de 27 años y en el 2018 la embarazó. Los abusos se cometieron en el cantón San José El Carao, La Reina, jurisdicción del municipio de Chalatenango Centro.

    La fiscalía señaló que fue notificada de los abusos mediante aviso hospitalario y el imputado fue capturado durante el régimen de excepción.

    La condena fue impuesta tras valorar la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio por el delito de violación en menor o incapaz.

  • Pandilleros de la MS reciben penas de hasta 500 años por más de 20 casos de extorsión en San Miguel

    Pandilleros de la MS reciben penas de hasta 500 años por más de 20 casos de extorsión en San Miguel

    El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado, juez 2 de San Miguel, impuso penas de hasta 500 años de prisión a 28 pandilleros de la Mara Salvatrucha, declarados responsables de los delito extorsión agravada, por 27 casos, todos ocurridos en el departamento de San Miguel.

    La Fiscalía General de la República (FGR), señaló que entre los condenados se identificó a Douglas Mauricio Vásquez Martínez, alias «Snyper», con el rango ranflero de la clica Pinos Locos Salvatruchos, quien recibió la pena más alta de 500 años de prisión por cometer 24 casos de extorsión agravada. Vásquez Martínez fue declarado culpable en rebeldía.

    De igual forma, Roberto Carlos Coca Zelaya, alias «Espectro» , fue sentenciado a 160 años de cárcel por ocho casos de extorsiones agravadas. Mientras que al pandillero Cristian Josué Marenco, alias «El bandido», recibió una condena de 80 años de cárcel por cuatro casos de extorsión.

    En el caso de Brayan Antonio Alvarado Chávez, alias «El sospechoso» fue sentenciado a 60 años de cárcel por tres casos de extorsión agravada.

    Según expuso la FGR, los pandilleros forman parte de una estructura conformada por 28 criminales con rango de ranflero, chequeo, corredores, homeboys y paro, quienes fueron procesados por el Ministerio Público por cometer extorsiones agravadas entre los años de 2011 y 2016.

    Las investigaciones determinaron que los pandilleros exigían a sus víctimas distintas cantidad de dinero, semanal, quincenal o mensual, a cambio de dejarlos trabajar. Entre las víctimas figuraron taxistas de la colonia Las Mercedes, transportistas y comerciantes del centro de San Miguel.

    LA Fiscalía señaló que la estructura criminal tenía su base de operación en los cantones El Borbollón, San Antonio Silva, las colonias Nueva Belén, Las Mercedes, Milagro de la Paz, Los Ángeles, barrio San Nicolás, urbanización Los Pinos, barrio La Merced y el sector sur del Mercado San Miguel.

    En vista pública estuvieron presente vía remoto 18 pandilleros, mientras que 10 fueron condenados como reos ausentes.

  • Tribunal reprograma hasta noviembre entrega de sentencia escrita de caso Santa Marta

    Tribunal reprograma hasta noviembre entrega de sentencia escrita de caso Santa Marta

    El Tribunal de Sentencia de San Vicente reprogramó hasta el próximo mes de noviembre la entrega de la sentencia escrita, en la que ocho personas de la comunidad Santa Marta, en Victoria, departamento de Cabañas, procesadas por el asesinato de una mujer en agosto de 1989, fueran absueltos de las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

    La entrega de la sentencia escrita estaba prevista para el 8 de octubre de 2025, luego que el pasado 24 de septiembre se realizará la lectura del fallo, donde los procesados fueron exonerados del delito de asesinato y asociaciones ilícitas. Sin embargo, el referido tribunal cambió la fecha de entrega de la resolución para el próximo mes, debido a que aún se encuentran en proceso de redacción, confirmó el abogado de la defensa, Pedro Cruz a Diario El Mundo.

    En la lectura de la resolución, los jueces del tribunal ordenaron levantar las órdenes de captura, luego que durante el desarrollo del juicio la Fiscalía no pudo quebrar la hipótesis de acusación en contra de los procesados, debido a que no comprobó la vinculación de los acusados con los hechos señalados.

    Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda, Alejandro Laínez García, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez y Arturo Serrano Ascencio fueron acusados por el asesinato de una mujer identificada como María Inés Alvarenga asesinada el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran parte de una de la Resistencia Nacional, una las organizaciones que conformaba el FMLN.

    La Fiscalía sostenía que los acusados, exguerrilleros del FMLN, sacaron a la mujer de su casa y la llevaron al campamento para torturarla, posteriormente la asesinaron. El caso inició el 11 de enero de 2023, cuando los seis fueron detenidos en el cantón Santa Marta y Guacotecti, en Cabañas.

    Durante la etapa de vista pública, el Ministerio Público presentó la declaración de un testigo protegido de nombre clave «Soriano», quien habría señalado la participación de los procesados en el secuestro, tortura y asesinato de la mujer en un campamento guerrillero en la Hacienda Guayabal, en Santa Marta.

    Sin embargo, los jueces determinaron que las declaraciones del testigo clave «Soriano» no probaron que los acusados participaron en el delito de asesinato, debido a que se contradice con un documento de certificación de defunción emitida por el Juzgado de Familia de Sensuntepeque, que establecía que María Alvarenga murió el 22 de agosto de 1989, en el cantón Santa Marta, razón por la que dicho documento no concuerda lo expuesto por «Soriano», quien aseguró que la víctima fue sacada de su vivienda y 15 días después fue asesinada por un disparo.

    A raíz de estas contradicciones, el tribunal consideró que no se podía establecer la participación directa de los acusados en los hechos, por lo que decidió absolver a los procesados del caso.

    Los acusados del caso Santa Marta fueron absueltos por segunda vez, luego que la Cámara Penal de Cojutepeque ordenara repetir el juicio, donde en octubre de 2024, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque también los declarara libre de delitos por el mismo caso.

  • Aplazan juicio contra Ana Ligia de Saca hasta enero 2026 por trámites de procedimiento abreviado

    Aplazan juicio contra Ana Ligia de Saca hasta enero 2026 por trámites de procedimiento abreviado

    El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador reprogramó otra vez el juicio en contra de la exprimera dama de la República, Ana Ligia Mixco Sol de Saca, acusada del delito de lavado de dinero y activos por más de $17.6 millones.

    La vista pública estaba prevista dar inicio el lunes 29 de septiembre, sin embargo, fue pospuesta hasta enero de 2026, debido a la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).

    De acuerdo con el documento al cual Diario El Mundo tuvo acceso, la nueva suspensión se debe a que aún están pendientes trámites de un procedimiento abreviado “ligado al tema de la responsabilidad civil”, con respecto a los imputados Ana Ligia Mixco Sol de Saca, Óscar Edgardo Mixco Sol, Ricardo Ernesto Lemus Zelaya, Gerardo Antonio Funes Durán y Milton Romeo Avilés Cruz.

    “Los hechos, objeto del juicio, son complejísimos, tomando en cuenta los elevados montos de dinero que refiere la parte fiscal en su acusación tanto respecto al delito base como los relativo al supuesto lavado de dinero que es el delito acusado, que lo relativo al resarcimiento civil, como la disponibilidad de bienes tienen sus complicaciones, resulta comprensible que hasta este momento no se hayan concluido, por lo que es razonable acceder a lo solicitado y programar el juicio”.
    Tribunal Sexto de Sentencia.

    La vista pública estaba agendada primeramente para el 11 de agosto de 2025 y posteriormente se notificó el cambio para el día 18 del mismo mes. Sin embargo, dicha fecha se modificó nuevamente y se pospuso para el 29 de septiembre y ahora, el tribunal resolvió que el caso se conozca hasta el próximo año.

    En ese sentido, la nueva fecha para que se desarrolle el juicio quedó del 12 al 16 de enero de 2026, según lo estipula el tribunal en la resolución escrita.

    A los dos imputados de apellido Mixco Sol junto a Lemus Zelaya y Funes Durán se les imputa el delito de lavado de dinero y activos en perjuicio del orden socioeconómico, y en el caso de Avilés Cruz se le atribuye el delito de casos especiales del delito de encubrimiento en perjuicio de la administración de justicia.

    Al proceso también se suma los imputados José Antonio Lemus Zelaya y José Antonio Lemus Zaldívar, a quienes también se les atribuye el delito de lavado de dinero y activos en perjuicio del orden socioeconómico.

    La Fiscalía acusó a Ana Ligia de Saca de haber utilizado $17 millones de Casa Presidencial para pago de beneficios directos y hasta sus tarjetas de crédito, durante la gestión del expresidente Antonio Saca.

    Por este caso, Mixco Sol de Saca fue condenada a 10 años de cárcel en junio de 2021, en un fallo dado por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador. Sin embargo, la sentencia fue anulada en octubre del año 2022 por la Cámara Primera de lo Penal y ordenó repetir el juicio.

    En octubre de 2023, la defensa de la exprimera dama solicitó un procedimiento abreviado, donde la exprimera dama aceptaría los cargos imputados a cambio de una reducción de pena, sin embargo, no se llegó a un acuerdo.

  • Reprograman fallo del juicio contra exalcalde Muyshondt por caso de negociaciones con pandillas

    Reprograman fallo del juicio contra exalcalde Muyshondt por caso de negociaciones con pandillas

    El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador reprogramó para el próximo 30 de septiembre a las 11:00 de la mañana, la lectura del fallo del juicio en contra del exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, y cuatro personas más acusadas de negociar votos electorales de los comicios de 2014 y 2015, a cambio de beneficios para las pandillas.

    La lectura del fallo estaba prevista para este viernes 19 de septiembre, sin embargo, la diligencia fue suspendida debido a la agenda saturada del referido Tribunal que conoce el caso, confirmó uno de los abogados de la defensa a Diario El Mundo.

    El exalcalde Muyshondt es acusado junto al exministro de Justicia y Seguridad Benito Lara, el exministro de Gobernación Arístides Valencia, así como al periodista Paolo Lüers y Wilson Alvarado de negociar votos electorales de los comicios de 2014 y 2015, a cambio de beneficios para las pandillas. Por estos presuntos hechos se le atribuyen los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

    Las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) señalan que los imputados pertenecían a los partidos políticos del FMLN y Arena, cuando presuntamente sostuvieron al menos 17 reuniones con líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y del Barrio 18, para las elecciones presidenciales y de alcaldes en 2014 y 2015.

    En dichas reuniones se habría acordado, según la Fiscalía, que los pandilleros y sus familiares votaran a su favor y así asegurar su victoria en los comicios. Además de coaccionar a la población de diferentes comunidades para votar por un partido definido.

    De acuerdo con la representación fiscal, las negociaciones se realizaron cuando Norman Quijano y Salvador Sánchez Cerén eran candidatos a la presidencia de la República.

    Durante la fase del juicio, Muyshondt admitió haber sostenido reuniones con miembros de estructuras criminales en nombre del partido Arena, pero rechazó haber concretado algún pacto o entrega de dinero a favor de los grupos delincuenciales. Según argumentó, el objetivo de las reuniones era para facilitar que la población salvadoreña fuera a votar en las elecciones presidenciales de 2014 y legislativas y municipales en 2015 sin ser acosados por las pandillas.

    De igual forma, el Ministerio Público alegó sobre la presunta participación de los acusados en dichas reuniones con estructuras criminales, y solicitó ante el Tribunal Primero de Sentencia una pena entre 18 y 24 años de cárcel para todos los acusados.

    Específicamente, para el exdil Muyshondt la Fiscalía pidió una condena de 24 años, 12 por el delito de agrupaciones con pandillas y 12 por fraude procesal. Misma pena se solicitó para el periodista Paolo Lüers y para Wilson Alvarado por los mismos delitos. Mientras que para el exministro de Seguridad Benito Lara y el exministro de Gobernación Aristides Valencia, la Fiscalía pidió 18 años de prisión, 10 por fraude procesal y 8 por agrupaciones ilícitas, por cada uno.

    El exministro Lara se encuentra en detención provisional en las bartolinas del Centro Judicial Isidro Menéndez, luego que fuera revocada las medidas sustitutivas a su favor.

  • Condenan a 15 años de cárcel a tres pandilleros por extorsionar a comerciante en Cuscatancingo

    Condenan a 15 años de cárcel a tres pandilleros por extorsionar a comerciante en Cuscatancingo

    El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años y un mes de cárcel a tres pandilleros que extorsionaron a un comerciante en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro.

    La Fiscalía General de la República (FGR) dijo que William Vladimir Castro Colocho, Dennis Arely Huezo Colocho y Glenda Maricel Ayala Martínez son miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) y fueron condenados por el delito de extorsión agravada.

    El Tribunal también resolvió que cada procesado pague $600 a la víctima en concepto de responsabilidad civil.

    Centros Judiciales El Salvador informó en sus redes sociales que el caso procedió luego de que se presentara una denuncia el 16 de noviembre de 2023, ante la División Antiextorsiones de la Policía Nacional Civil (PNC).

     

    Los hechos

    La FGR dijo que la extorsión se cometió a inicios de abril de 2022, cuando los pandilleros llegaron al establecimiento donde se encontraban varios comerciantes y advirtieron que todo el que tuviera negocios en la zona controlada por la MS-13 deberían pagar renta.

    Castro Colocho fue el encargado de lanzar la advertencia y exigir directamente $50 cada 15 días a la víctima.

    Centros Judiciales indicó que la recolección del dinero fue gestionado por las tres personas.

    Las investigaciones revelaron que Huezo le exigió a la víctima entregar $2,000 para el 16 de noviembre de 2023, en “apoyo” a pandilleros detenidos.

    “La víctima manifestó que no había logrado reunir la suma solicitada y pidió más tiempo; sin embargo, al día siguiente la víctima supo que los imputados habían sido capturados por el delito de agrupaciones ilícitas”, indicó Centros Judiciales.

    La PNC confirmó la captura de Castro Colocho, alias callejero, en julio de 2022, cuando se aseguró que sería procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.

    En su publicación, la Policía dijo que el hombre tenía un récord delictivo que daba de 2007, por agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos, conducción peligrosa, resistencia y receptación, así como amenazas y homicidios.

    Por este caso fue condenada Glenda Maricel Ayala Martínez. /FGR
    La Fiscalía dijo que Dennis Arely Huezo Colocho es miembro de la MS-13. /FGR