El Tribunal Constitucional (TC) de Perú ordenó este lunes dejar sin efecto la acusación fiscal contra Keiko Fujimori y su partido, Fuerza Popular, por presunta financiación ilícita de sus campañas de 2011 y 2016, al considerar que el proceso “carece de sustento jurídico”.
Con cinco votos a favor de siete magistrados, el TC declaró fundada la demanda presentada por la defensa de la líder opositora, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y ordenó el archivo definitivo del caso, conocido como el ‘caso cócteles’.
La abogada de Fujimori, Giulliana Loza, argumentó que antes de noviembre de 2016 no existía una interpretación jurídica que considerara delito de lavado de activos el financiamiento electoral privado. Además, denunció que el Ministerio Público incorporó nuevos elementos en 2018 sin respetar el derecho a la defensa de su clienta.
El fallo ordena al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional resolver “dentro del más breve término” la situación jurídica de Fujimori, teniendo en cuenta las consideraciones de la sentencia.
El TC enfatizó que “no se está declarando la inocencia o culpabilidad de la beneficiaria”, sino que se constata la “inviabilidad de una imputación carente de sustento jurídico”.
No obstante, la presidenta del TC, Luz Pacheco, emitió un voto disidente en el que calificó la demanda de “improcedente”, al sostener que no es función de un juez constitucional clasificar delitos o valorar la tipicidad penal de una conducta imputada.
El llamado ‘caso cócteles’ investigaba a Fujimori y a miembros de su partido por recibir presuntamente dinero de grandes empresas privadas, como Odebrecht, para sus campañas presidenciales. La Fiscalía sostenía que ese financiamiento formaba parte de una estructura de “organización criminal”, y había solicitado incluso la disolución de Fuerza Popular.
El pasado 2 de julio, el equipo fiscal del caso Lava Jato en Perú había ampliado la petición de pena a 35 años de prisión para Fujimori. Esta nueva acusación fue presentada tras la anulación del juicio oral que comenzó el 1 de julio de 2024, y que fue devuelto a etapa de acusación tras una resolución del mismo TC.