Solo el 10 % de los casos que inició el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) concluyeron en sanciones por haber cometido infracciones a la Ley de Ética Gubernamental (LEG) durante 2025, detalla un informe compartido vía acceso a la información pública a Diario El Mundo.
El informe señala que, de 206 casos que fueron iniciados desde el 1 de enero hasta el 25 noviembre de 2025, solo se impusieron 21 sanciones a 18 empleados públicos por haber cometido al menos seis faltas. Solo uno de los sancionados fue investigado a partir de denuncia y el resto luego de avisos.
A partir de las 21 sanciones impuestas, el Tribunal impuso $18,133.13 en multas que deben pagar los empleados públicos encontrados culpables de incumplir la Ley de Ética. De ese monto, los sanciones solo han cancelado $6,017.50, es decir, se mantiene pendiente el pago de $12,115.63.
La sanción más elevada fue de $3,650, impuesta solo una vez. La multa más impuesta fue de $365, a ocho empleados.
También fueron impuestas multas de $1,460 a dos empleados; otra de $1,368.75 a otros dos empleados, otra de $1,095 a uno; $730 a cuatro empleados; $501.88 y $273.75, impuestas una vez cada una.
El TEG indicó en el informe que, de los 206 casos iniciados, al menos 85 fueron notificados por avisos, 65 por denuncias y 56 fueron investigaciones de oficio.
La mayoría de sancionados de alcaldías
Los reportes del Tribunal de Ética señalan que del total de sancionados la mayoría trabajan en alcaldías siendo nueve. El resto de sancionados proviene de la Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y de la Corte de Cuentas de la República (CCR).
Además, entre los sancionados, hay trabajadores del Ministerio de la Defensa Nacional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Fiscalía General de la República (FGR).
Entre las faltas cometidas por los empleados públicos, se encuentran: no haber utilizado los bienes, fondos, recursos públicos o servicios contratados únicamente para los fines institucionales para los que debían ser destinados y que no se excusaron de participar en asuntos en que familiares o socios estuvieran involucrados y que conllevarán un conflicto de interés.
Asimismo, algunos percibieron más de una remuneración con fondos del presupuesto del Estado, se desempeñaron en más de dos cargos públicos, realizaron actividades privadas durante su jornada de trabajo y ascendieron en sus instituciones a familiares o socios.
En total, la entidad investigó a 253 empleados públicos de los que sancionó a solo 18. De igual forma, la mayoría fueron investigados a partir de avisos, denuncias y por último por oficio de la institución.