El Parlamento de Honduras destituyó la noche del jueves a cuatro funcionarios electorales tras concluir un juicio político en su contra, aprobado previamente el 9 de abril por el pleno legislativo.
Entre los destituidos figura Marlon Ochoa, consejero propietario del Consejo Nacional Electoral (CNE); Mario Morazán, magistrado propietario y presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE); así como los suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez.
Los cuatro funcionarios están vinculados al opositor Partido Libertad y Refundación (Libre), liderado por el expresidente Manuel Zelaya, esposo de la exmandataria Xiomara Castro.
El proceso se desarrolló con la comparecencia de solo uno de los señalados, quien acudió primero ante una comisión especial y posteriormente al pleno legislativo para responder a los cuestionamientos de los diputados.
Las acusaciones incluyen supuestas actuaciones contrarias a la Constitución, además de negligencia, incapacidad e incompetencia en el desempeño de sus funciones durante los procesos electorales de 2025.
Según la denuncia presentada, los implicados habrían puesto en riesgo la institucionalidad democrática durante los comicios primarios del 9 de marzo y las elecciones generales del 30 de noviembre, en las que resultó electo Nasry “Tito” Asfura.
La destitución fue avalada con 88 votos de los 128 diputados, superando la mayoría calificada requerida de 86. Los 35 legisladores de Libre no participaron en la votación y expresaron su respaldo a Morazán.
El presidente del Parlamento, Tomás Zambrano, cerró la sesión tras más de nueve horas de debate y convocó a una nueva plenaria el próximo martes, en la que se prevé la elección de los sustitutos de los funcionarios destituidos.
El Parlamento de Honduras aprobó este viernes iniciar un juicio político contra cuatro funcionarios electorales señalados por supuestas irregularidades durante los procesos electorales de 2025.
La decisión se tomó en una sesión marcada por tensiones, con el rechazo de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), cuyos diputados manifestaron su oposición incluso con protestas dentro del hemiciclo.
Entre los funcionarios señalados figura Marlon Ochoa, consejero propietario del Consejo Nacional Electoral, junto al magistrado del Tribunal de Justicia Electoral Mario Morazán y los suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez.
Otra funcionaria, Karen Rodríguez, también señalada en el proceso, optó por renunciar a su cargo como magistrada suplente para evitar enfrentar el juicio político.
Los acusados enfrentan señalamientos por presuntas actuaciones contrarias a la Constitución, además de negligencia, incapacidad e incompetencia en el ejercicio de sus funciones durante las elecciones primarias de marzo y las generales de noviembre de 2025.
Marlon Ochoa rechazó los señalamientos y calificó el proceso como una “ofensa brutal contra la democracia hondureña”, además de anunciar que no comparecerá ante la eventual audiencia.
Pese a ello, el presidente del Parlamento, Tomás Zambrano, indicó que el funcionario será citado conforme al procedimiento establecido.
El Congreso también conformó una comisión especial con 91 de los 128 diputados, la cual estará encargada de convocar a los implicados y dar continuidad al proceso en los próximos días.
El Congreso Nacional de Honduras aprobó la suspensión del fiscal general, Johel Zelaya, lo que da paso a la apertura de un juicio político en su contra por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
La decisión contó con 93 votos a favor, con lo que se activa formalmente el proceso legislativo que busca determinar responsabilidades políticas del funcionario, en un contexto de creciente tensión dentro del Parlamento.
La medida surge tras denuncias de diputados que señalan actuaciones irregulares durante su gestión, especialmente en el marco del proceso electoral y en los días previos a las elecciones generales de 2025.
Según los señalamientos, la Fiscalía habría ejecutado acciones públicas, operativas y procesales dirigidas contra autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral.
«No tengo miedo. Tengo fe, tengo principios y tengo el compromiso de seguir adelante, con dignidad y lealtad al pueblo hondureño», aseveró el propio Zelaya en un mensaje difundido a través de redes sociales.
En esa misma línea, el fiscal general aseguró que enfrenta el proceso “con serenidad y con la tranquilidad de haber actuado conforme a la ley”.
El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, confirmó la medida tras una sesión marcada por la polarización, destacando que es la primera vez en la historia del país que se admite un juicio político contra un alto funcionario con su respectiva suspensión.
Para llevar adelante el proceso, el Parlamento conformó una Comisión Especial integrada por nueve diputados, quienes serán los encargados de analizar el caso y emitir conclusiones.
Mientras avanza el procedimiento, el fiscal general adjunto, Marcio Cabañas, asumirá la titularidad de la Fiscalía de forma interina.
Además, el Congreso prevé analizar en los próximos días otras denuncias contra altos funcionarios, incluyendo al consejero del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa.
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) aseguró este martes en Tegucigalpa que en las elecciones generales de Honduras de 2025 no hubo “fraude” ni “golpe electoral”, aunque el proceso se desarrolló en un ambiente de alta polarización política y con disputas que afectaron a los organismos electorales.
«No ha habido fraude electoral. Nosotros presenciamos en nuestra posición que el presidente de la República es quien ganó las elecciones y eso es muy importante porque es la esencia de la vida democrática. No ha habido ningún golpe electoral”, afirmó el jefe de la misión, el eurodiputado Francisco Assis, al presentar el informe final sobre los comicios del 30 de noviembre de 2025.
Assis recordó que, pese a las dudas iniciales sobre un eventual “golpe constitucional” durante el proceso, esa amenaza no se concretó. En esas elecciones resultó electo como presidente Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, quien asumió el poder el pasado 27 de enero.
La candidatura de Asfura también estuvo marcada por el respaldo público del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tachó de comunista a la candidata oficialista.
La misión señaló que el recuento avanzó con lentitud y registró numerosas interrupciones, lo que retrasó por varias semanas la divulgación de los resultados finales.
“Nuestros observadores percibieron que ha habido algunos problemas, muchas dificultades, lo que pasó no se debe repetir (…), pero al final estamos en condiciones de decir que quien está gobernando es quien ganó las elecciones y quien está en la oposición es quien perdió”, subrayó Assis, quien agregó que la alternancia debe asumirse “sin dramatismos excesivos”.
“Los que ganan hoy pierden mañana, los que pierden hoy ganan mañana”, expresó al destacar la participación ciudadana.
El informe, recibido este martes por Asfura, advierte que el proceso ocurrió en un “clima de alta polarización y tensión política”, con “disputas constantes” que afectaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), y expusieron la “vulnerabilidad institucional ante la parálisis y posibles injerencias políticas”.
La MOE-UE expresó preocupación por la “instrumentalización política” de instituciones como la Fiscalía y por “la injerencia de la cúpula de las Fuerzas Armadas en la vida política del país”, aunque remarcó que la jornada transcurrió “de forma pacífica”. Entre sus recomendaciones, pidió al Parlamento impulsar antes de las elecciones de 2029 una reforma integral del marco legal electoral y reforzar la independencia y rendición de cuentas del CNE, “evitando injerencias partidarias y estableciendo salvaguardas que impidan su parálisis por motivos políticos”.
El excandidato presidencial del conservador Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla, reiteró este viernes su exigencia al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que se «cuenten los votos» pendientes y acusó a las consejeras Ana Paola Hall (presidenta) y Cossette López de obedecer a un «capo» para bloquear el proceso.
«Cuenten los votos Ana Paola Hall y Cossette López o, por lo menos, digan quién es el capo que les ordena no contarlos», subrayó Nasralla a través de la red social X, donde sostuvo que, de contabilizarse la totalidad de los sufragios, él resultaría ganador de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre por una diferencia de 300.000 votos.
El CNE declaró el 24 de diciembre al candidato Nasry ‘Tito’ Asfura, del también conservador Partido Nacional, presidente electo de Honduras, tras obtener el 40,26 % de los votos en las elecciones, resultados que Nasralla no reconoce, asegurando que «no refleja la verdad» de la voluntad popular y que le hicieron «fraude» en los comicios.
Asfura, exalcalde de Tegucigalpa y quien recibió durante la campaña el respaldo público del presidente estadounidense, Donald Trump, consiguió 1.479.822 votos, seguido de Nasralla, quien obtuvo 1.452.796 sufragios, una ajustada diferencia de unos 27.000 votos, de acuerdo con la resolución del CNE.
La arremetida de Nasralla se produce dos días después de que la presidenta del CNE defendiera la integridad del proceso y negara que se haya cometido fraude durante los comicios.
«No le he hecho ningún fraude a SN (Salvador Nasralla) ni a nadie, tampoco se les ha robado nada», subrayó Hall, representante del Partido Liberal en el CNE.
Hall afirmó que, pese a tratarse del “proceso electoral más conflictivo de la historia reciente” del país, el CNE entregó “al pueblo la paz de una elección general impecable, calificada de ejemplar por observadores imparciales y por el mundo”.
También reconoció «un estrecho margen de diferencia a nivel presidencial» entre los primeros dos candidatos, pero aseguró que Nasralla «no ganó» las elecciones.
Además del nivel presidencial, Nasralla exigió el recuento “urgente” de 410 urnas en el municipio de Choloma, en el departamento norteño de Cortés, al sostener que su candidato a diputado, Óscar Muñoz, fue el más votado entre todas las fuerzas políticas.
«Con casi 220.000 votos, los narcos que manejan esta mafia desde los tres partidos lo están dejando afuera junto al abogado garífuna Norman Jiménez. No quieren gente honrada en el Congreso (Parlamento)», enfatizó.
Honduras oficializó los resultados en los niveles municipal y legislativo el pasado 30 de diciembre, al límite del plazo legal, cerrando un mes de incertidumbre marcado por las impugnaciones tanto de Nasralla como del gobernante del Partido Libertad y Refundación (Libre), cuya candidata, Rixi Moncada, quedó en tercer lugar.
Al menos una treintena de impugnaciones serán conocidas en las próximas horas por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
Los empresarios de Honduras pidieron este viernes a los poderes del Estado, la Fiscalía y actores políticos, respetar la «independencia» de los entes electorales, «absteniéndose de acciones o declaraciones que puedan interpretarse como injerencias en el ejercicio legítimo de la función jurisdiccional o electoral».
La petición del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) fue hecha en un comunicado a un mes de que se celebren las elecciones generales del 30 de noviembre, en momentos de marcadas diferencias y acusaciones entre los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y el Parlamento, que lleva más de dos meses sin celebrar sesiones.
Los empresarios expresaron su «profunda preocupación por la situación institucional que atraviesan algunas de las instituciones del sistema de justicia en materia electoral y los órganos electorales del país», que han perdido credibilidad entre los hondureños.
«La independencia y la autonomía de las instituciones encargadas de garantizar la legalidad y la transparencia electoral constituyen pilares esenciales para la estabilidad democrática, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana», señaló el Cohep.
Indicó además que «ninguna democracia puede sostenerse con funcionarios que tengan presiones políticas y que estén coaccionados continuamente, limitando de esta forma su capacidad de actuar con imparcialidad y profesionalismo dentro del marco de sus atribuciones».
Según la iniciativa privada, el deber del Estado hondureño es garantizar la independencia, estabilidad y autonomía de los órganos judiciales y electorales, conforme a los principios de separación de poderes y a los compromisos internacionales asumidos por Honduras en materia de derechos humanos y democracia.
«Advertimos que cualquier intento de influir, interferir o presionar en la administración de justicia o en las funciones de los órganos electorales pone en riesgo la institucionalidad democrática y el desarrollo del proceso electoral en curso», añade el comunicado.
Los empresarios también instaron a que todo procedimiento, investigación o actuación relacionada con magistrados o autoridades electorales se realice con estricto apego al debido proceso, a la legalidad y a los estándares internacionales en materia de justicia y derechos humanos, sin interferir en la transparencia de las elecciones del 30 de noviembre, y abogaron porque los comicios sean transparentes y participativos.
«La democracia se fortalece cuando las instituciones actúan con independencia, responsabilidad y respeto a la ley», expresó el Cohep.
Cinco partidos participarán en las elecciones para escoger un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Centroamericano.
De los diez millones de habitantes que tiene Honduras, más de seis millones podrán ejercer el sufragio.
Las elecciones generales en Honduras, previstas para el 30 de noviembre, se desarrollan en un ambiente marcado por la incertidumbre y los enfrentamientos entre los principales órganos electorales. Las disputas entre miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) han retrasado el cronograma de actividades e incluso impedido la impresión de papeletas en dos de los 18 departamentos del país.
El CNE arrastra una crisis desde las elecciones primarias celebradas el 9 de marzo, previas a los comicios generales que definirán la elección de un presidente, tres vicepresidentes, 298 alcaldes municipales, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 al Parlamento Centroamericano.
Las Fuerzas Armadas, encargadas de custodiar y transportar el material electoral, también han quedado en entredicho tras los errores logísticos ocurridos en los comicios de marzo, lo que ha generado mayor desconfianza entre la población.
Analistas y observadores, tanto nacionales como internacionales, advierten que el problema de fondo radica en que los organismos electorales están compuestos por representantes de partidos políticos que anteponen sus intereses partidarios al funcionamiento institucional.
El CNE está integrado por Ana Paola Hall, del Partido Liberal; Cossette López, del Partido Nacional, y Marlon Ochoa, del Partido Libertad y Refundación (Libre), cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la actual presidenta Xiomara Castro.
La candidata presidencial del oficialista partido Libre, Rixi Moncada.
Acusaciones cruzadas y lenguaje hostil
Los conflictos más fuertes dentro del CNE se han dado entre representantes del Partido Nacional y Libre. El jueves, López denunció que Ochoa ocultó un equipo biométrico ingresado irregularmente al Consejo.
“Queremos elecciones, pero con transparencia, no con equipos escondidos, ni bajo llave de un solo partido”, le reclamó López.
Ochoa, por su parte, acusó a López de intentar “boicotear el proceso electoral” y anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía, una institución que también ha perdido credibilidad en el país. “Fanfarrón” y “sonrisa cínica” fueron algunos de los calificativos que López dirigió a su colega.
El costo de todo el proceso electoral supera los $152 millones, incluyendo las elecciones primarias de marzo. Sin embargo, los principales candidatos tampoco han dado el ejemplo de civilidad esperado en un proceso democrático.
El jueves, un militante del Partido Liberal quemó una bandera del partido Libre frente a su sede en Tegucigalpa, en presencia del candidato presidencial Salvador Nasralla, quien fue captado sonriendo durante la acción. Aunque más tarde se disculpó en redes sociales diciendo que “no me percaté completamente de la escena por no estar al frente”, las imágenes lo mostraban a escasos metros del acto.
La candidata de Libre, Rixi Moncada, respondió acusando a Nasralla de “representar a las mafias” en el país. En un incidente anterior, activistas de Libre desfilaron con un ataúd con un pollo de plástico encima, en alusión a Roberto “Pollo” Contreras, alcalde de San Pedro Sula, quien también apareció recientemente con dos ataúdes, simbolizando la “muerte política” de sus rivales Moncada y Nasry Asfura, del Partido Nacional.
En medio de la violencia social, criminal y política que enfrenta Honduras, los ciudadanos son testigos de una creciente hostilidad entre los líderes de los partidos que aspiran al poder.
