El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a Edgar Alexander López Molina, de 29 años, a 10 años de prisión tras encontrarlo culpable del delito de estafa agravada en perjuicio de dos personas, a quienes ofreció venderles la misma vivienda ubicada en la comunidad El Milagro, de la colonia Santa Marta Dos, en el barrio San Jacinto, distrito de San Salvador Centro.
De acuerdo con la resolución judicial, los hechos ocurrieron entre agosto de 2021 y diciembre de 2023. Durante ese período, el imputado utilizó la red social Facebook para promocionar el inmueble y captar posibles compradores, haciéndoles creer que estaba en condiciones de concretar la venta.
La investigación estableció que la primera víctima se interesó en la propiedad y sostuvo varias reuniones con López Molina, quien aseguró que tenía derechos sobre el inmueble porque realizaba trámites de aceptación de herencia. Posteriormente, ambas partes firmaron un contrato de promesa de venta.
Como parte del acuerdo, la víctima entregó $4,700 el 6 de septiembre de 2021 y, meses después, completó pagos por un total de $10,000. Además, invirtió otros $11,000 en mejoras a la vivienda con la expectativa de habitarla, lo que nunca ocurrió.
En diciembre de 2023, el condenado repitió el mismo esquema y vendió la propiedad a una segunda víctima por $4,000. Sin embargo, nunca otorgó las escrituras de compraventa a ninguna de las afectadas, ya que no logró demostrar que fuera el propietario legítimo ni que tuviera autorización legal para disponer del inmueble.
Según determinó el tribunal, la vivienda también tenía un gravamen hipotecario a favor de una entidad bancaria, condición que impedía su libre comercialización y reforzó los elementos de prueba presentados durante el proceso judicial.
Al finalizar la vista pública, los jueces establecieron que existía un concurso real de delitos e impusieron una pena de cinco años de prisión por cada una de las víctimas, para un total de 10 años de cárcel. Además, declararon la responsabilidad civil en abstracto, por lo que las personas afectadas deberán acudir a la jurisdicción civil para reclamar la indemnización correspondiente.
