El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, descartó su asistencia este martes al Congreso, donde está previsto que los diputados realicen una sesión especial para votar una solicitud de desafuero en su contra presentada por el Tribunal Supremo de Elecciones por presunta intromisión en temas político-electorales.
«El Presidente, Rodrigo Chaves Robles, no comparecerá ante el Congreso este martes 16 de diciembre. El Presidente argumenta que al día de hoy la Asamblea Legislativa no ha comunicado a su despacho el protocolo para la comparecencia. No hay claridad sobre cuáles son las reglas y condiciones acordadas por los diputados», indicó la Casa Presidencial en un comunicado.
Según el documento oficial, Chaves, quien tiene derecho a exponer por 30 minutos, «quiere evitar enfrentarse a cambios de ultima hora», y además hizo alusión a la posibilidad de que el Congreso rompa el quorum «ante la probabilidad de que no tengan votos suficientes».
«El Presidente considera que la decisión más respetuosa con los dueños de la patria, el pueblo de Costa Rica, es no prestarse a intereses politiqueros por encima de la clara evidencia de que, en este caso, no hay ninguna transgresión a la ley ni a la Constitución», concluyó la Casa Presidencial, que calificó el proceso como «ruido innecesario en plena campaña política».
El Congreso de Costa Rica tiene previsto votar este martes si levanta el fuero al presidente Chaves para que afronte denuncias sobre presunta intromisión en política que están siendo tramitadas por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), lo que podría derivar en una suspensión a futuro para ejercer cargos públicos y hasta su destitución.
Se trata de un expediente con 15 denuncias de beligerancia política, que consiste en la intervención del mandatario en política o en la campaña electoral. Chaves ha calificado el proceso como un «circo» y una «ópera bufa».
En Costa Rica, donde no hay reelección consecutiva, diversos funcionarios, entre ellos el presidente y su gabinete, están imposibilitados de participar o ejercer influencia en las campañas electorales, así como de utilizar sus cargos para beneficiar o perjudicar a algún partido político, y participar en discusiones o actividades político-electorales.
A Chaves, quien terminará su mandato en mayo próximo, se le acusa de haber incurrido en beligerancia política durante actos oficiales en contra de partidos y líderes de oposición, y de influir en la campaña rumbo a las elecciones del 1 de febrero de 2026, como por ejemplo con pedidos para la elección de una mayoría de diputados «patriotas» dispuestos a reformar las instituciones del Estado.
Este es el segundo proceso de desafuero que se tramita en contra del mandatario. El primero, que no obtuvo los 38 votos necesarios (mayoría calificada), se realizó en septiembre pasado y se trataba de una denuncia de la Fiscalía por un aparente manejo irregular de fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El panorama para esta segunda votación es similar, ya que algunos diputados y bancadas han anunciado que votarán en contra del desafuero.
